Comprometidos en contruir y fortalecer la gobernanza ambiental y promover el ejercicio de los derechos humanos en la Amazonía.
Por César Gamboa Balbín Derecho, Ambiente y Recursos Naturales Es innegable que el conflicto social producido en el Perú en los últimos meses ha traído consecuencias en los ámbitos económico, político y social. De hecho, el Gobierno de Dina Boluarte se presenta como...
Por César Gamboa Balbín Derecho, Ambiente y Recursos Naturales Es claro que después de la pandemia, el Perú ha intentado reactivar su economía a toda costa, pero de manera infructuosa. Lo peor es que después del Covid-19, los efectos climáticos del ciclón Yacu...
Por Iris Olivera Derecho, Ambiente y Recursos Naturales En el subsuelo de áreas naturales de alta protección, como el parque nacional Manu y el Bahuaja Sonene y su corazón, el Candamo, se encuentran depósitos de hidrocarburos que periódicamente vuelven a la mira del...
Durante la presentación del proyecto “Reforzando la transparencia y las buenas prácticas en el sector extractivo y la iniciativa EITI”, implementado por CEDEPAS Norte, Grupo Propuesta Ciudadana y DAR, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); el Gobernador Regional expresó las prioridades de la región sobre transparencia, fortaleciendo la integridad y lucha contra la corrupción.
El Acuerdo de Escazú que promueve el acceso a la información, participación y justicia ambiental en América Latina y el Caribe -único para la protección de las y los defensores ambientales-, ha empezado a implementarse en algunos de los 15 países que lo han ratificado con el apoyo de la CEPAL. Perú no es parte de este proceso.
Por Hernando Fabrizzio Hidalgo Tapiero-Cohen Programa Derechos Derecho, Ambiente y Recursos Naturales Ha pasado más de una década desde la promulgación de la Ley N° 29785 en 2011, Ley de Consulta Previa, emitida como resultado del conflicto social conocido como el...
El Ministerio de Energía y Minas ha anunciado la suscripción de un nuevo contrato para reactivar el Lote 192 (ex Lote 1AB), lote controversial por los impactos ocasionados en territorios indígenas y ecosistemas frágiles por la contaminación registrada por más de 40 años.
La Hidrovía Amazónica (US$ 97 millones), la primera asociación público-privada (APP) del Perú que pasó por un proceso de consulta previa y que iba a ser desarrollada por el consorcio Cohidro, en el que participa el contratista de ingeniería más grande del mundo(1), no va más.
En las últimas cinco décadas, la ampliación de la conectividad vial en el Perú, particularmente en su región amazónica, ha contribuido al crecimiento de economías ilícitas. Esta relación, sin embargo, ha sido poco estudiada y por consiguiente no ha sido incorporada en el marco de políticas públicas con el
objetivo de evitar o reducir su ocurrencia. La presente investigación busca exponer qué condiciones han hecho posible esta relación en la Amazonía peruana y cuáles son los riesgos actuales que afronta esta región, tomando en cuenta que, de ejecutarse las iniciativas viales actualmente proyectadas en esta región, su stock de carreteras se quintuplicaría en la presente década. Se plantean un conjunto de criterios con el objetivo de evitar iniciativas que pueden considerarse de alto riesgo, así como acciones para mitigar el crecimiento de economías ilícitas en las zonas de influencia de nuevos proyectos viales.
La infraestructura de transporte como elemento fundamental para el desarrollo de cualquier país favorece cambios trascendentales en los estándares de vida de la población al facilitar su acceso a la asistencia sanitaria, educación, otros servicios sociales y a mercados de trabajo; no obstante, también genera impactos socioambientales derivados de su misma naturaleza. Tal es la atención a dichos impactos que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (Objetivo N° 9) se refiere precisamente al desarrollo de una infraestructura de calidad, fiable, sostenible y resiliente, que incorpore desde etapas tempranas de los proyectos, criterios sociales, territoriales y de sostenibilidad, con el objetivo de atenuarlos.