Por César Gamboa Balbín
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Es claro que después de la pandemia, el Perú ha intentado reactivar su economía a toda costa, pero de manera infructuosa. Lo peor es que después del Covid-19, los efectos climáticos del ciclón Yacu empeoraron aún más la situación económica de muchos peruanos. De hecho, el alza en el costo de vida y el crecimiento de la pobreza en el Perú después de años de bonanza económica, justificarían los necesarios cambios legales, institucionales y técnicos para atraer más inversiones y crecer mucho más rápido, sin embargo, solo se ha pensado en cambiar la regulación ambiental, aumentando el riesgo de posibles impactos negativos del ser humano en la naturaleza.
Desde el inicio del año, este nuevo Gobierno presentó una propuesta de delegación de facultades que incluía la idea de ejecutar las inversiones mediante fast track con relación a la certificación ambiental (Exposición de Motivos, PL Nº 3941/2022-PE). Este proyecto de ley se materializó en el Decreto Legislativo N° 1553 (10/05/2023), que señala el fraccionamiento de los proyectos para su evaluación ambiental y, por ende, de los estudios de impacto ambiental; lo que podría tener como efecto el dejar de evaluar impactos integrales de toda una obra a ser realizada (art. 4). Esto se hizo con la carretera Interoceánica Sur años atrás en el Gobierno de Toledo, que se dividió por tramos, y por tanto se evaluó ambientalmente cada uno por separado, sin entender los impactos totales que podría causar, y menos aún los acumulativos o sinérgicos. Años después, esta carretera ha permitido la penetración de la minería ilegal en la Amazonía de Madre de Dios, Cusco y Puno, con la degradación de sus bosques y cuerpos de aguas, alrededor de cien mil hectáreas deforestadas, y la pérdida del Estado de Derecho Ambiental en parte de nuestra Amazonía.
Posteriormente, el Poder Ejecutivo presentó una propuesta para recomponer la autoridad nacional de infraestructura, ampliando sus competencias para promover todas las inversiones del sector, reduciendo el plazo de evaluación ambiental, es más, poniendo en duda la obligatoriedad de la certificación ambiental e introduciendo el silencio administrativo positivo para autorizaciones de desboque y licencia para el uso del agua (art. 10, PL Nº 4642/2022-PE).
La Defensoría del Pueblo ha señalado la necesidad de invertir en infraestructura para la recuperación económica del país y brindar servicios básicos como los de salud -ahora que el dengue azota a todo el Perú-, pero también ha señalado la importancia de tener una evaluación de impacto ambiental previa a la operación, como contar con la capacidad técnica pero también el tiempo suficiente para evaluar ambientalmente los proyectos, y finalmente la necesidad de contar con autorizaciones expresas de la autoridad forestal e hídrica para el desboque u obtener licencias de agua. Es más, agrega que esta propuesta legal resalta por la ausencia de fortalecer el monitoreo de los proyectos de inversión, así como incorporar criterios de gestión de riesgos de desastres, como de impacto climático.
Los impactos de las inversiones con bajos estándares, como la contaminación petrolera en la Amazonía loretana, en el litoral peruano; o muchos otros “accidentes”, como ha ocurrido recientemente en la construcción del Megapuerto de Chancay y el hundimiento del suelo en una zona con población, nos deben enseñar a corregir las cosas para evitar mayores impactos.
Podemos cambiar las reglas y facilitar la inversión, pero no bajar los estándares, es decir, las obligaciones ambientales para dichas inversiones. Si queremos ayudar al Perú a seguir creciendo, debemos invertir más en el monitoreo ambiental; en supervisar, corregir y premiar donde las cosas se hacen bien. Cambiando reglas aisladamente no se solucionan las cosas, solo se empeoran.