Comprometidos en contruir y fortalecer la gobernanza ambiental y promover el ejercicio de los derechos humanos en la Amazonía.
El Bahuaja Sonene, el Manu y el Megantoni forman parte de la reserva de riqueza natural del Perú que cuenta con los niveles más altos de protección hasta el momento. Esta protección podría reducirse alarmantemente de avanzar una propuesta de proyecto de ley enviada esta semana por el Ministerio de Energía y Minas.
El Decreto Legislativo normaliza el quiebre por tramos de un estudio de impacto ambiental, y el uso de información básica sobre la ingeniería del proyecto para estudios ambientales. La norma no ha pasado por consulta previa a los pueblos indígenas.
Entre los cambios propuestos por el Ejecutivo, se observan los formulados en el artículo 10 de la propuesta, como eliminar el pago de tasas administrativas y reemplazar la obligatoriedad de contar con una certificación ambiental del proyecto y/o programa aprobada, por contar solo con un instrumento de gestión ambiental evaluado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) durante el periodo de elaboración del expediente técnico o documento similar. Con ello se debilitaría la institucionalidad ambiental, promoviendo la ejecución del proyecto pese a que aún no sea aprobado por la entidad competente.
El martes 28 de febrero se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 31696 que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado por 90 días calendario, medida que abriría la puerta para la flexibilización de estándares socioambientales.
El Ministerio de Energía y Minas ha anunciado la suscripción de un nuevo contrato para reactivar el Lote 192 (ex Lote 1AB), lote controversial por los impactos ocasionados en territorios indígenas y ecosistemas frágiles por la contaminación registrada por más de 40 años.
Oil spills, water contamination and socio-environmental conflicts related to extractive activities are situations that affect thousands of residents; Regarding the latter, the Ombudsman of Peru has reported that «socio-environmental cases continue to be the ones with the highest number (64.4%).
La Hidrovía Amazónica (US$ 97 millones), la primera asociación público-privada (APP) del Perú que pasó por un proceso de consulta previa y que iba a ser desarrollada por el consorcio Cohidro, en el que participa el contratista de ingeniería más grande del mundo(1), no va más.
More than 100 organizations from Latin America and the Caribbean requested through formal communication to the EITI Board (Initiative for the Transparency of Extractive Industries) to incorporate commitments for the release of information related to the energy transition and on environmental impacts linked to extractive industries as a mandatory part of the EITI Standard.
Más de 100 organizaciones de América Latina y el Caribe solicitaron mediante comunicación formal al Consejo del EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas) que incorpore compromisos para la liberación de información relacionada a la transición energética y sobre impactos ambientales vinculados a las industrias extractivas de manera obligatoria como parte del Estándar EITI.
El Congreso de la República ha previsto en la agenda del Pleno para el día de hoy evaluar dictámenes de proyectos de ley que tienen como objetivo declarar de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos viales; algunos de ellos superpuestos o colindantes con zonas vinculadas a la minería ilegal y la actividad cocalera.