Lima, jueves 5 de enero de 2023.- El Congreso de la República ha previsto en la agenda del Pleno para el día de hoy evaluar dictámenes de proyectos de ley que tienen como objetivo declarar de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos viales; algunos de ellos superpuestos o colindantes con zonas vinculadas a la minería ilegal y la actividad cocalera.
La aprobación de estos proyectos sin considerar medidas de mitigación y salvaguardas socioambientales y una adecuada gestión del territorio podrían tener un evento adverso a la buena gobernanza y el crecimiento económico ya que en lugar de alentar el desarrollo y la conectividad potenciarían actividades ilícitas y la criminalidad local, causando el debilitamiento de la gobernabilidad territorial.
Las propuestas legislativas a discutir y que DAR considera que incluyen altos riesgos socioambientales, económicos y a la gobernanza territorial son los siguientes:
Tabla n.°1
Elaboración propia
A fines del año 2022, DAR remitió a diversas instituciones del Estado (incluidos los sectores Transporte, Ambiente, Economía, Justicia y Devida) una investigación que alertaba sobre diversos proyectos de construcción y mejoramiento vial en Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco y Puno, que pueden fortalecer una tendencia ya vista en años pasados, por la cual diversos proyectos viales han contribuido a las cadenas logísticas y ampliación del narcotráfico, minería ilegal y otras actividades ilícitas.
Los tres proyectos identificados en la tabla 1 están incluidos en dicha investigación, que alerta sobre las ventajas logísticas que estos otorgarían a las zonas cocaleras de La Convención-Lares, Inambari-Tambopata y el VRAEM; de las cuales, las dos últimas vienen experimentando un crecimiento sostenido desde el 2017, según Devida. No obstante, es necesario incorporar la evaluación de criterios de riesgo en fases tempranas del ciclo de proyectos, para diseñar medidas que permitan evitar el aprovechamiento de infraestructuras públicas por actores ilegales que degradan el ambiente, incrementan la criminalidad, trata de personas y amenazan la vida de poblaciones indígenas.
Los proyectos de ley han sido aprobados por la Comisión de Transportes; sin embargo, no han tomado en cuenta esta problemática debido a que no existen criterios en el sistema de inversión pública o algún mecanismo multisectorial que permitan evaluar el riesgo de potenciar actividades ilícitas en las fases tempranas del ciclo de proyectos viales.
Desde DAR, exhortamos al Pleno del Congreso a no aprobar estos proyectos de ley si no vienen acompañados de mecanismos tempranos de mitigación de impactos ambientales y sociales y su correspondiente financiamiento, ya que con las condiciones en que se vienen promoviendo -si bien pueden contribuir a cerrar brechas de conectividad-, esto por sí solo no garantiza la rentabilidad social de los proyectos; por el contrario, pueden incrementarse brechas ambientales, sociales y de seguridad, asociadas al crecimiento del narcotráfico y minería ilegal, lo que requiere establecer medidas específicas para evitar dichos riesgos.
Aprendamos del caso de la carretera Interoceánica Sur, cuya construcción no trajo consigo el ansiado desarrollo e intercambio comercial, sino más bien que favoreció el crecimiento de la minería ilegal, con el abaratamiento de los costos de combustibles y el transporte de maquinarias.