Lima, 29 de octubre de 2022.– A más de 9 meses de los derrames ocurridos en el mar peruano ocasionados por Refinería La Pampilla S.A.A.-bajo la administración del Grupo Repsol del Perú S.A.C- el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sancionó en primera instancia administrativa a esta empresa con una multa de 3000 UIT (S/13,800,000.00), de acuerdo a la Resolución Directoral Nº 1741-2022-OEFA/DFAI, emitida este jueves.
Según refiere esta Resolución, la sanción se origina en que Repsol incluyó información falsa en su Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales en la Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA – PLUSD. Dicha información se refería al cálculo de volumen de petróleo crudo derramado como consecuencia de dicho evento; al área impactada como consecuencia de dicho evento; y al periodo reportado de la emergencia ambiental ocurrida el 15 de enero de 2022 en el Terminal Multiboyas Nº 2.
Sobre la sanción dada, Vanessa Cueto, vicepresidenta de DAR sostiene: “Cómo se puede resolver adecuadamente una emergencia ambiental sin contar con datos reales sobre lo ocurrido. La transparencia en la información, especialmente en hechos tan delicados como un derrame de petróleo cuyo impacto se extiende en el tiempo para el ecosistema y la población local, es el primer pilar que permite la toma de acción rápida y adecuada a las características de la emergencia”.
Para evitar una mayor gravedad de impactos basada en la transparencia de información veraz y oportuna en un sector tan delicado como el extractivo, es necesario que se presenten informes públicos sobre la calidad de los recursos hídricos, flora, fauna, calidad del agua, recursos hidrobiológicos y salud humana tras el derrame en La Pampilla. Al respecto, ya se había alertado previamente sobre las deficiencias en materia de transparencia y acceso a la información socioambiental respecto a este derrame.
Y a nivel general, se debe continuar el impulso y el cumplimiento del estándar de iniciativas claves que amplíen la transparencia de información ambiental vinculada a esté sector, como realiza la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), por ende las empresas que participan en está iniciativa deberían cumplir con los más altos estándares ambientales y sociales, así como demostrar su compromiso real con la transparencia en el sector extractivo, lo que no se está cumpliendo la empresa Repsol.
Al respecto, cabe señalar que en los meses de marzo y junio, la sociedad civil envió cartas dirigidas a la alta directiva del EITI expresando su preocupación ante la conducta poco transparente de Repsol en relación a esté derrame. En ese marco, en la última comunicación formal de junio, se pidió que se sancione a Repsol, así como que se reevalúe su participación y retiro de dicha iniciativa, dado que habría violado los Principios y el Código de Ética de EITI, y, por tanto, las “Expectativas de las empresas que apoyan el EITI”.
Continúan las sanciones
OEFA ha sancionado también esta semana una sanción a Repsol por más de 29 millones de Soles (6340.082 UIT, equivalentes a S/29,164,377.2) como se establece en la RD Nº 1740-2022-OEFA/DFAI, debido al incumplimiento de realizar las acciones de limpieza del área de suelo afectada por el derrame de petróleo crudo en la zona de playa Cavero y zonas rocosas, producto de las operaciones de descarga en el Terminal Multiboyas Nº 2 de la Refinería La Pampilla; y asegurar el área, realizar la contención y recuperación del hidrocarburo sobrenadante en las playas Salitral, La Puntilla y Club Naval, producto del derrame de petróleo crudo de las operaciones de descarga en el Terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería La Pampilla.
Asegurar la culminación de las acciones de remediación debe ser una prioridad, al margen de las medidas legales y procedimientos administrativos que se vienen realizando para investigar las responsabilidades legales de la empresa.
Cabe señalar que las mencionadas Resoluciones se dan como resultado de procedimientos administrativos sancionadores que acompañan los pescadores afectados y diversas organizaciones de sociedad civil, entre ellas el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (IDLADS) bajo el rol de “terceros interesados”, con el apoyo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.