La asociación civil peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) ha enviado una comunicación formal a la presidenta Dina Boluarte pidiendo que observe el texto sustitutorio del Proyecto de Ley N° 04218/2022-CR, que declara de necesidad pública la construcción y el mejoramiento de diversas vías de comunicación en el país, con la finalidad de que sea promulgada por el Ejecutivo. Este proyecto fue aprobado en primera votación y exonerado de segunda votación el 19 de octubre del presente año por el Pleno del Congreso de la República.
Actualmente, la autógrafa se encuentra en el despacho presidencial, quien debe revisar y decidir si la promulga u observa. Esta autógrafa es producto de la acumulación de una serie de proyectos de ley impulsados por diferentes bancadas congresales que consideran estarían promoviendo el mejoramiento y/o construcción de 12 vías ubicadas en la zona andina y amazónica de nuestro país. Sin embargo, los pueblos indígenas andinos y amazónicos no han participado de este proceso y mucho menos se ha respetado su derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado; y afectaría sus territorios y derecho a la salud, al medio ambiente sano y equilibrado, entre otros.
Las 5 vías que afectarían la Amazonía y pueblos indígenas
Dentro de las vías priorizadas, es de especial preocupación cinco vías que afectarían la Amazonía:
Cuadro. Las 5 vías que afectarían la Amazonía y pueblos indígenas
| Vía | Detalle | Implicancia |
| Vía Amazónica para unir los departamentos de Junín con Cusco | Ruta nacional:
Rutas departamentales:
También contempla rutas vecinales. |
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| Teniente César López Rojas – Yurimaguas – Santa Cruz – Lagunas en la provincia de Alto Amazonas del departamento de Loreto |
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| Balsapuerto – Moyobamba |
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| Yurimaguas – Balsapuerto – Moyobamba |
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| Contamana-Pucallpa |
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Elaboración propia a partir de información del MINAM .
Viabilidad sin sustento técnico ambiental
Lo alarmante del proyecto de ley es que sustenta la viabilidad de la iniciativa legislativa porque “existe fundamento constitucional y legal” para la emisión de normas declarativas de necesidad pública del sector transportes en general, sin realizar un análisis previo y a profundidad que identifique mínimamente las zonas de intervención y advierta los potenciales impactos y riesgos ambientales y sociales que podrían generarse con la emisión de esta norma, como el incentivo de la deforestación por la ocupación desordenada del territorio, el potenciamiento de economías ilícitas, la afectación a la biodiversidad de diversas áreas naturales protegidas y a los derechos poblaciones asentadas en el territorio, como la consulta previa.
La aprobación del texto sustitutorio de la Comisión de Transportes y Comunicaciones por el Pleno del Congreso ha pasado por alto la opinión del Ministerio del Ambiente, que recomienda la no viabilidad de algunas carreteras por superponerse con áreas naturales protegidas, reservas indígenas y zonas con alta presencia de biodiversidad, como consecuencia degradaría los ecosistemas, contraviniendo con ello nuestros compromisos climáticos en el marco de convenios internacionales como el Acuerdo de París y el Convenio de Diversidad Biológica, al que estamos adscritos. Incluso, el Ministerio de Economía y Finanzas se ha pronunciado en contra de una de las vías, pues esta ley no cuenta con un Análisis Costo – Beneficio pertinente, ni con data suficiente para evaluar los costos ambientales.
Sin consulta previa
Asimismo, pese a tener intervención e impacto al atravesar territorios de pueblos indígenas, la ley no fue derivada por la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos para una opinión al respecto, y en su contenido no ha considerado garantizar los derechos a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado, acorde a lo establecido por nuestra legislación nacional e internacional, tales como la Sentencia A.P. 29126-2018 que establece la obligatoriedad de la consulta previa en servicios públicos como la construcción de carreteras, líneas de transmisión y otros tipos de infraestructura, lo contenido en la Ley N° 29785 que regula el derecho a la consulta previa, que señala en su artículo N° 2 que estos deben ser consultados tanto sobre medidas administrativas como legislativas y el Convenio 169 de la OIT.
Este proyecto de ley ha generado preocupación en las principales organizaciones indígenas de Loreto, Ucayali y Cusco, como la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL), Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), quienes vienen expresando su malestar a través de comunicaciones formales a diversas autoridades nacionales y regionales ante el desconocimiento y atropello a sus derechos colectivos, como el derecho al territorio y a la consulta previa.
En ese sentido, desde DAR solicitamos al Poder Ejecutivo que observe este Proyecto de Ley, con la finalidad de que retorne a comisiones y pase por un análisis técnico oportuno, transparente y abierto que recoja las opiniones de las entidades involucradas y competentes; de las comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y ecología, así como la de Cambio Climático; y de los actores sociales en el territorio potencialmente afectados por esta iniciativa legislativa, en especial, los pueblos indígenas u originarios.
*Foto: presidencia Perú