Hablar de la institucionalidad ambiental y, por ende, del derecho a un ambiente sano, siempre ha sido un tema relegado para nuestras autoridades. Por ello, ha sido una lucha de pocos impulsar y hacer respetar los estándares ambientales en el marco del desarrollo de proyectos extractivos y de infraestructura. Sobre todo en la última década, en que la idea impuesta por el sector privado y actores políticos ha sido que lo socioambiental -que llamaron “tramitología”- no deja avanzar las inversiones, por lo que debe flexibilizarse.
Derrame de ausencias. Del desastre ambiental al desastre institucional
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