- Esta semana se conjugan dos hechos de importancia en relación al último derrame en las costas peruanas: la visita al Perú del Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de Naciones Unidas y la publicación del informe de la Misión de Expertos de Naciones Unidas sobre el último derrame, donde se plantean recomendaciones para la mejora de información, participación y transparencia frente a dicho suceso.
- DAR ha planteado propuestas ante la falta de transparencia en relación al derrame ante instancias de acción internacional, como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).
Miércoles 23 de febrero de 2022.- Esta semana, el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, Marcos Orellana, se encuentra en visita oficial al Perú, sumando a su agenda de temas a tratar el último derrame en las costas peruanas.
Al respecto, Vanessa Cueto, vicepresidenta de DAR, hace un llamado al representante de Naciones Unidas (NN.UU): “Exhortamos al Relator para que emita una comunicación al Estado peruano exigiendo una remediación transparente y precisando recomendaciones de mejoras institucionales en el sector extractivo y ambiental peruano a partir de los aprendizajes del derrame, teniendo como base lo planteado en el informe de la Misión de Expertos de NN.UU. sobre el derrame”.
Ello, ya que la visita del Relator coincide con la reciente difusión del informe de dicha Misión de Expertos. En él se menciona que “desde la perspectiva humanitaria y socioeconómica, la respuesta (al derrame) ha sido esporádica y poco organizada”(1). Ello, ya que la población no ha recibido una información oportuna y precisa, y no se ha considerado mecanismos de comunicación unificados ni de participación. Sobre este punto ya había alertado DAR en un reciente artículo. El informe también subraya que no se han realizado evaluaciones de daños ni análisis de necesidades a la población afectada.
Asimismo, la Misión de Expertos identificó 24 recomendaciones, entre las que destacan la implementación de un Sistema de Comando de Incidentes, que sea intersectorial y conjunto entre entre el Estado y la empresa; de un Padrón de la población afectada, a cargo de INDECI y EDAN; de un análisis de necesidades post desastre, a cargo de PCM, INDECI y ONU; de un Plan de monitoreo ambiental; y de un Plan de trabajo y comunicación con las comunidades afectadas, a cargo del Estado y la empresa.
Alerta internacional
La alerta sobre la falta de transparencia vinculada al derrame ya se ha dado ante otras instancias de corte internacional, como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). Ello, ya que DAR expuso su preocupación y propuestas frente al Board Internacional de dicha iniciativa, en la que participa tanto el Perú como la empresa REPSOL. En su intervención, César Gamboa, director ejecutivo de DAR, señaló que el derrame de doce mil barriles de petróleo en el Mar Peruano debido a la falta de cuidado de Repsol, ha sido agravada con su falta de transparencia y evasión de su responsabilidad por el daño ambiental causado. Repsol ocultó información diciendo que primero eran unos cuantos galones, segundo que lo tenían controlado y finalmente su sistema de mitigación no ha funcionado. Los impactos son de decenas de especies de flora y fauna afectadas pero también económicos, mil familias no tienen donde trabajar por ser pescadores artesanales, afectando el turismo. Señaló que REPSOL debe transparentar los gastos y acciones para la indemnización y apoyo a la población local, como los gremios de pescadores, asociaciones de gastronomía y servicios turísticos, en el marco de las obligaciones legales que tiene la empresa para reparar los daños causados.
Finalmente, Gamboa resaltó que es importante para el EITI, así como para los países, seguir promoviendo la transparencia ambiental para que el Gobierno y las empresas asuman mayores compromisos de inversión en la reducción de impactos ambientales y sociales.
Los antecedentes
Recordemos que el último derrame de petróleo del 15 de enero dejó en claro un ciclo repetitivo de falta de transparencia por parte de REPSOL: (i) sobre la gravedad del vertimiento: de declararse 7 galones o 0.16 barriles vertidos (France24), a casi 12 mil barriles (El Comercio); (ii) sobre el origen del derrame: de declarar que fue ocasionado por un oleaje anómalo por la erupción del volcán Tonga, a indicarse que la tubería submarina que forma parte del sistema del terminal (PLEM por sus siglas en inglés) se habría roto y que no solo sufrió de una fisura o corrosión en las tuberías submarinas (ello, vinculado a la falta de mantenimiento por parte de la empresa) (Ojo Público); (iii) sobre su plan de acción de primera respuesta: no transparentó el lugar de disposición, ni el manejo que se le daría a los residuos (Andina); y (iv) sobre las compensaciones: Repsol dice haber firmado acuerdos de “colaboración” con asociaciones de pescadores que benefician a más de 3350 personas (Repsol), pero no ha transparentado el contenido de dichos acuerdos.
Además, la empresa, mediante sus acciones, agravó la contaminación por el derrame, por su falta de respuesta inmediata adecuada: puso a 15 trabajadores a limpiar el petróleo con escobas y recogedores, cuando el vertido llegaba a más de 100 kms. de costa (Gestión, Público). Asimismo no se tiene la información sobre por qué la empresa no reaccionó diligentemente ante las alertas emitidas por el capitán del buque Mare Doricum, ni en general qué hizo inmediatamente para detener la fuga del petróleo (La República).
Esta falta de transparencia ya está siendo reconocida en los procesos abiertos, por ejemplo, la orden de impedimento de salida del país de cuatro ejecutivos de Repsol decretada por un Juzgado de Ventanilla a fines de enero consideró como agravante el falseado de información por parte de la empresa (Salud con Lupa).
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Nota
(1) Ver p. 22 del Reporte de la Misión elaborado por la Unidad Conjunta de Emergencias Ambientales (JEU por sus siglas en inglés).