Por Verónica Portugal
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
En julio del año pasado se presentó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), con 52 proyectos priorizados a nivel nacional, de los cuales se tiene como meta al 2021 contar con el 69% en fase de ejecución. Asimismo, en una reciente publicación del BID (2020), se propone para el Perú una lista de proyectos denominados transformacionales en virtud de su impacto potencial en la economía, como la punta de lanza para cerrar las brechas existentes. Se avanza en el terreno económico y en la priorización de proyectos, pero ¿qué alternativas existen para incorporar aspectos ambientales en ese camino?
Existen herramientas que aportan valor ambiental y de sostenibilidad de manera estratégica a los procesos de toma de decisión del Estado, tales como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que integra aspectos ambientales y sociales en el diseño de planes, políticas y programas con el objetivo de asegurar la sostenibilidad en la gestión ambiental. También permite identificar los impactos combinados que un conjunto de proyectos puede generar en un mismo territorio.
Además, el desarrollo de una EAE podría abordar deficiencias estructurales tales como la desarticulación entre los sectores, entre gobierno nacional y gobiernos regionales al priorizar y planificar proyectos. Esto, ya que la elaboración de una EAE implica identificar similitudes o superposición de funciones entre actores, así como analizar los puntos en común o conflictos de prioridades políticas.
En el caso del PNIC, es importante recordar que no pasó por un proceso de evaluación ambiental estratégica; careciendo por ello de criterios de sostenibilidad ambiental y social en la priorización de proyectos; y de una visión territorial.
En el caso del sector Transportes, existen diversos proyectos que se están promoviendo para un mismo territorio sin una visión integral. En el caso de la Amazonía, por ejemplo, se tiene en paralelo el proyecto Hidrovía Amazónica, la carretera Yurimaguas-Santa Cruz-Lagunas y la carretera Iquitos-Saramiriza. Los efectos combinados de estos proyectos podrían derivar en aumento de deforestación, afectar ecosistemas y potenciar la especulación de tierras o actividades ilegales como la tala y la minería ilegal.
Estos tres proyectos abarcan en alguna medida el mismo territorio y no han sido planteados de forma complementaria, por lo que no se estaría contemplando sus impactos acumulativos y sinérgicos. Desde el lado económico, también se tendría que considerar si la necesidad de realizar los tres proyectos a la par se encuentra sustentada.
En el caso del proyecto Hidrovía Amazónica, este se impulsó sin tener un Plan Nacional de Desarrollo Hidroviario actualizado, aprobado y público. Si este hubiese considerado variables como conectividad de ecosistemas, identidad cultural, recursos hídricos, entre otros, en su diseño, tal vez se hubiesen planteado alternativas más viables para la mejora del transporte.
Aunque la EAE tiene un enfoque preventivo, aún se podría aplicar a las actualizaciones del PNIC, de los planes viales nacionales y departamentales o al Plan Nacional Hidroviario, contribuyendo así a que las estrategias de reactivación económica sean más sostenibles y beneficien a todos los ciudadanos.