Por Ciro Salazar Valdivia
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
En las últimas décadas hemos presenciado una agresiva promoción por parte de organismos multilaterales y Estados de diversos proyectos de inversión en los sectores extractivo y energético, así como de acuerdos de comercio y Asociaciones Público Privadas (APP) en infraestructura como motores de desarrollo. Estas herramientas proponen un mayor involucramiento del sector privado y mecanismos de mercado de la mano con marcos regulatorios nacionales ágiles y estables.
Pero la evidencia nos dice que estas iniciativas han generado altos costos sociales y ambientales que podrían incluso anular los beneficios macroeconómicos observados. Por ejemplo, en el 2009 un reporte elaborado por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio reconocía que el impulso al comercio internacional y en particular los acuerdos de comercio, podían contribuir a incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Asimismo, a inicios del 2017 una masiva movilización ciudadana en Inglaterra exigía al gobierno incrementar el presupuesto de su Servicio Nacional de Salud -un referente mundial por décadas- que afronta actualmente una severa crisis presupuestaria por el mayor énfasis que ha puesto este país en las APP para la provisión de salud pública.
En cuanto a los proyectos extractivos, el Fondo Soberano de Noruega -el mayor fondo público de inversiones del mundo- viene incluyendo importantes empresas mineras y petroleras en la lista de empresas en las que ha decidido no invertir por los graves impactos ambientales y en derechos humanos, producto de sus operaciones.
Uno de los mecanismos más influyentes a la fecha, diseñado para garantizar que los proyectos de inversión y las APP generen beneficios concretos para las poblaciones, es el Sistema País de Salvaguardas Socioambientales del Banco Mundial. Implementado por el Banco desde el 2005, establece un conjunto de estándares mínimos en cuanto a principios, objetivos y mecanismos de cumplimiento en aspectos relacionados a las evaluaciones de impacto y riesgo ambiental, aspectos laborales, en salud, entre otros, que los países deben cumplir para ser sujetos de préstamos del Banco.
A inicios del 2015, cuando Jim Yong Kim, presidente del Banco, reconoció su “profunda preocupación” ante la evidencia encontrada por reportes internos respecto de una gran cantidad de personas desplazadas de sus territorios sin consentimiento como consecuencia de proyectos financiados por esta institución (el número sobrepasa los 3 millones según un investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), el Banco se encontraba en un extensivo proceso de consulta pública para reformular las salvaguardas de su Sistema País ante las crecientes críticas de organizaciones de la sociedad civil, académicos, etc.
En agosto de 2016 y según el Banco, luego tomar en consideración las numerosas recomendaciones recabadas, hizo público su nuevo Marco Ambiental y Social, con los nuevos estándares que lo guiarán en sus decisiones de financiamiento de proyectos. No obstante, el sistema de salvaguardas del Banco adolece de tres debilidades estructurales que la nueva versión no soluciona: a) Da un mayor énfasis al rol de los sistemas regulatorios nacionales, b) las decisiones de préstamos van en contra de las propias políticas del Banco y c) el Banco carece de un sistema efectivo de monitoreo del cumplimiento de las salvaguardas.
Sobre el primer punto, si bien este era un objetivo establecido desde el 2005, llama la atención su consolidación en vista que el Banco identificó en un informe del 2011 que recogía las lecciones aprendidas de estas experiencias, que sus propios funcionarios así como los de sectores públicos de los países, estaban interesados en una mayor flexibilidad regulatoria como marco para la toma de decisiones en vista que las salvaguardas les ponían una valla más alta sin que esto esté correlacionado con un beneficio económico plausible.
El Perú es un ejemplo ilustrativo de la inconveniencia de depender de las regulaciones nacionales. En su Systematic Country Diagnostic – Perú (2017), elaborado por el propio Banco, se da cuenta de cómo el marco regulatorio ambiental peruano carece de “apropiados estándares ambientales”; de un “monitoreo ambiental amplio y sistemático”; o de “suficientes canales para la participación pública, incluida la provisión de información y espacios para el monitoreo por parte de la sociedad civil”, entre otras debilidades.
Respecto de la violación de sus propias políticas en el otorgamiento de créditos, un reciente ejemplo es el caso de Filipinas, donde el Banco ha participado del financiamiento para la construcción de plantas energéticas a base de carbón en este país, lo cual va en contra de sus objetivos de transitar a un mundo con menos emisiones de GEI. Finalmente, Jim Yong Kim también reconoció que el Banco “no puso en práctica sólidos sistemas de monitoreo para asegurar que nuestras políticas sean implementadas”, una crítica que la sociedad civil de varios países venía haciendo por años.
Ante esto, si bien el nuevo Marco Ambiental y Social del Banco presenta mejoras como la necesidad de estimar de forma separada en las evaluaciones ambientales, los impactos en poblaciones vulnerables (incluido por razones de edad, orientación sexual, etc.) o la mención expresa por primera vez de poblaciones en aislamiento voluntario, entre otras; es difícil identificar acciones concretas propuestas por el Banco y los gobiernos nacionales para mejorar la implementación de sus propias políticas y marcos regulatorios. Aquí el rol de la sociedad civil es crucial.
Como lo demuestra el debilitamiento del sistema público de salud de Inglaterra, incluso una institucionalidad más consolidada y moderna es insuficiente para garantizar el respeto de derechos humamos en la realización de proyectos de inversión o reformas de mercado; es imprescindible la participación activa y a todo nivel de la sociedad civil para compensar las debilidades institucionales.
Mientras no veamos reformas concretas en este sentido, es difícil augurar que el nuevo Marco País contribuirá por sí mismo a la mejora en la implementación de estándares socioambientales reconocidos internacionalmente.
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