Las organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas, nos pronunciamos frente a la serie de propuestas del Ejecutivo, del Congreso y de otros actores del sector privado, que bajo el discurso de promover las inversiones y acabar con la “tramitología ambiental” buscan desmantelar los derechos de los pueblos indígenas, su territorio, afectando su vida e integridad; así como la institucionalidad ambiental y desproteger nuestro patrimonio natural, la vida y salud de las personas y nuestro derecho constitucional a un ambiente sano y adecuado.
Queremos expresar nuestra preocupación por la aprobación de la norma de creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN, Ley N° 31841, y su posterior propuesta de reglamento, la cual debe publicarse en estos días. Nuestra principal preocupación sobre esta norma recae en la reducción del plazo de 120 a 90 días para el proceso de evaluación ambiental de los proyectos de inversión, lo que implica crear un procedimiento de certificación ambiental excepcional sin que se conozcan los detalles de sus fases y plazos. Este cambio no tiene sustento técnico sino solo tendría la necesidad de agilizar la certificación ambiental, sin considerar la necesidad urgente de mejorar la calidad de los estudios de impacto ambiental y la sostenibilidad social y ambiental de las inversiones. Asimismo, esto podría afectar los procesos de participación ciudadana, dado que, al recortar los plazos se impacta en estos procesos y violaría el derecho a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, reconocido en los instrumentos y estándares internacionales de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano, lo que podría traer consigo responsabilidad internacional y conflictos sociales, entre otras vulneraciones.
Cabe señalar, que este no es un proceso aislado, sino que se suma al Decreto Legislativo N° 1553 que permite elaborar estudios de impacto ambiental con ingeniería básica, así como la promoción de fracciones de la certificación ambiental. Resaltamos además que se debe mantener el silencio administrativo negativo (dar por desaprobada las pretensiones ante la falta de pronunciamiento de la autoridad administrativa, en el plazo establecido para ello) en los procedimientos de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental, acorde a lo establecido en el artículo 38° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que establece el silencio negativo para los procedimientos que pueden afectar significativamente el interés público, para materias como la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, entre otras.
Adicionalmente, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía proponía una iniciativa para fusionar al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) con las autoridades opinantes del sector ambiental como Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Nacional Forestal y de fauna Silvestre (SERFOR), que fue rotundamente rechazada por la sociedad civil. En esta misma línea, también, podemos contar la iniciativa de Perupetro de abrir las Áreas Naturales Protegidas de uso indirecto para explorar y explotar hidrocarburos, propuesta que también fue rechazada por el sector ambiental. Sin embargo, seguiría siendo promovida por congresistas, que vienen generando espacios de debate a fin de pretender debilitar el marco legal actual, la regresividad de los derechos y el mandato Constitucional de proteger las Áreas Naturales Protegidas.
En ese mismo sentido, no sorprende que el pasado 27 de septiembre se pre-publicará, mediante la Resolución Ministerial Nº 297-2023-MINAM, el proyecto ‘’Decreto Supremo que Establece disposiciones para optimizar el proceso de evaluación de impacto ambiental’’, propuesta que conformaría un equipo técnico integrado por las diversas autoridades opinantes que estarán a cargo del SENACE, incluso en sus propias instalaciones para evaluar el estudio ambiental y elaborar un informe que integraría las diversas opiniones. Esto sería perjudicial en la práctica, pues las autoridades opinantes podrían perder independencia y autonomía, lo que generaría estudios ambientales de menor calidad, que no protejan adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la salud, al ambiente, entre otros derechos, de los graves impactos negativos generados por imposición de las actividades extractivas y de infraestructura.
También expresamos nuestra preocupación por la pre-publicación de otro Decreto Supremo que establece la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, mediante la Resolución Ministerial N° 295-2023. Esta podría ser una excelente noticia; sin embargo, se ve opacada al observar que en su exposición de motivos se permitiría la pesca industrial en el sector del Banco de Máncora. Las consecuencias podrían ser nefastas para la biodiversidad del ecosistema marino, la pesca artesanal y para toda la población, en especial para quienes viven en áreas aledañas. Y van nuevamente en contra del mandato constitucional de proteger las ANP y más aún son discordantes con las categorías de ANP existentes en nuestro país.
Por último, genera mucha preocupación el reciente intento desde el Congreso de la República de aperturar nuevamente, por quinta vez, el Registro Integral de Formalización Minera – REINFO, mediante los Proyectos de Ley N° 2172, 2519, 3621 y 5171, que propone establecer nuevas condiciones para el acceso al REINFO y un nuevo plazo de inscripción, lo cual facilitaría la minería ilegal. Ello agravaría por ejemplo, los impactos sociales, espirituales, culturales y ambientales con la consecuente destrucción de los territorios de los pueblos indígenas, así como la afectación a la vida, integridad, salud de estos.
Como queda en evidencia, actualmente, estamos en un contexto donde se promueven nuevas inversiones a través del ANIN, se promocionan 31 áreas de hidrocarburos a nivel nacional y se busca acelerar procesos sin importar la calidad de la evaluación de impacto ambiental ni la consulta y consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas. Por ello, es necesario contar con normas e instrumentos técnicos que aseguren que se respeten los derechos a la salud, ambiente saludable y vida de todos y todas, así como los derechos a la participación ciudadana y la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.
Ante ello exhortamos a las autoridades a comprometerse a:
- Respetar los derechos de los pueblos indígenas con participación, consulta y consentimiento de los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas.
- Fortalecer la institucionalidad ambiental y prescindir de aprobar este tipo de instrumentos normativos que vulneran derechos y debilitan la capacidad de gestión y toma de decisión en los procedimientos administrativos en materia ambiental.
- Respetar y fortalecer la autonomía e independencia de las entidades del sector ambiental.
- Tomar posición en contra de la reducción de los plazos de los procesos de evaluación de impacto ambiental, hecho que dificulta optimizarlos y mejorar su calidad, así como respetar y promover en ellos, la participación ciudadana y la consulta y consentimiento previo, libre e informado.
- Adoptar las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE para continuar el proceso de fortalecimiento e implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles para una gestión ambiental eficiente e independiente.
- Garantizar la democracia del Estado de Derecho, efectivizando los derechos y mecanismos de participación ciudadana, y consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas; que permitan respetar los derechos de los pueblos indígenas así como fortalecer las instituciones ambientales.
Desde la sociedad civil, hacemos un llamado de atención al Estado peruano y al sector privado respetar nuestro marco normativo e institucional, y cumplir los compromisos internacionales de derechos humanos, de protección de los pueblos indígenas y medio ambiente para así fortalecer en el Perú, la gobernanza ambiental y de los pueblos indígenas sobre su territorio.
Suscriben
Asociación Interétnica para el desarrollo de la Selva Peruana -AIDESEP
Asociación Nacional de Centros – ANC
Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica – ACCA
Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza – APECO
Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales – CIMA
Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA
Centro Bartolomé de las Casas – CBC
CooperAcción
Confederación Nacional Agraria – CNA
Consejo Machiguenga del Río Urubamba – COMARU
Conservación Amazónica – ACCA
Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo – CORPI SL
Cuencas – Red de Asuntos Amazónicos
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible – FCDS
Fondo Socioambiental del Perú
Grupo de Trabajo sobre Impactos de los Hidrocarburos de la CNDDHH
Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales – IRI Perú
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible -IDLADS
Instituto Natura
Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
Natural Resource Governance Institute – NRGI
Océana
Oxfam
Pachamama Alliance Perú
PUDÚ
RedGE – Red por una Globalización con Equidad
Sociedad Zoológica de Frankfurt – SZF
Viernes por el Futuro Perú
Yunkawasi
César Felipe Ascorra Guanira, DNI 07283894
César A. Ipenza, DNI 40287902
Silvia Roslaba Sánchez Huamán, DNI 08762291