Actualmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se encuentra inmerso en una serie de procesos de cambio de relevancia a nivel institucional. Por un lado, recientemente se eligió al brasileño Ilan Goldjan como nuevo presidente de la institución, continuando con el consenso entre los Estados que conforman el BID previo a la anterior administración estadounidense, según el cual la presidencia la ocuparía un representante de un país latinoamericano.
Por otro lado, el Banco se encuentra impulsando cambios a nivel institucional en cuanto a sus políticas, tal como es el caso del actual proceso de consulta pública con participación de la sociedad civil, con el objetivo de actualizar su Política de Acceso a la Información (PAI) vigente, la cual data del año 2010. El BID busca incorporar nuevos estándares de transparencia, mejorar la gobernanza en sus préstamos y la rendición de cuentas, de manera que la ciudadanía conozca la naturaleza de los préstamos del BID de manera oportuna.
Entre las modificaciones principales de la nueva política con respecto a la vigente se encuentra la adopción del principio de divulgación proactiva, el recorte de la lista de excepciones de información reservada de 10 tipos a 6 tipos y la acotación de su alcance, la revisión del proceso correspondiente al acceso a información confidencial previa evaluación del banco, la incorporación de procesos de valoración de daño para determinar qué información se protegería o resguardaría, la inclusión de una estructura de gobernanza interna de la PAI [1] y la presentación de la administración a la Dirección Ejecutiva de una revisión de la política cada 4 años, entre otros puntos.
Este proceso de actualización nace de una revisión que hace el BID a su política de Acceso a la Información en el año 2019 como resultado de ello ha realizado una propuesta de política al Directorio Ejecutivo en el año 2022, dando paso al presente proceso de consulta pública. Este proceso consta de 3 fases desarrolladas a través de la Plataforma de Consultas de BID en su página web, en las que se articulan reuniones virtuales con representantes de la sociedad civil y público en general, reuniones presenciales para recibir comentarios y la recepción de documentación con propuestas para la PAI.
Cabe mencionar que, previamente al proceso de consulta DAR y otras organizaciones de sociedad civil de la región organizadas mediante el IDB-WG [2] presentaron sus observaciones al proceso de consulta, solicitando plazos adecuados para la revisión y envío de comentarios, espacios presenciales, los cuales hasta el momento no incluyen a países de Sudamérica, siendo sumamente necesario dada la cantidad de préstamos que tiene en este lado de la región. Estas y otras recomendaciones de importancia fueron expuestas ante el BID para que la consulta sea legítima y efectiva. En ese sentido, la vigilancia para el desarrollo de una nueva PAI se despliega tanto en el contenido del documento como en el mismo proceso, de manera que este se extienda para toda la sociedad civil de la región.
En ese contexto, DAR viene participando activamente en dicho proceso buscando que el BID incorpore los más altos estándares de transparencia como por ejemplos los recogidos en el Acuerdo de Escazú y otras políticas de acceso a la información de la banca multilateral de desarrollo. Como organización hemos remitido un documento con recomendaciones para la PAI a través del portal de consultas públicas y, de igual manera, expusimos nuestros comentarios en la consulta pública virtual desarrollada el jueves 6 de octubre y en la reciente consulta presencial desarrollada en la ciudad de Bogotá, Colombia, el día 9 de noviembre. Consulta que reunió participantes de la sociedad civil de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.
Esta última forma parte de un ciclo de cinco consultas presenciales que el BID está llevando a cabo con distintos grupos de países del continente como parte de la Fase 2 del proyecto como consecuencia de la constante exigencia de mayores espacios de participación por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
De igual modo, como DAR se entregó un documento con recomendaciones sobre diversos puntos de la PAI. Entre las principales recomendaciones que se brindaron se encuentran:
- La adopción de un enfoque intercultural a partir del cual se pueda recepcionar y brindar información en los idiomas en que se solicitan, no limitándose únicamente a los 4 idiomas oficiales del BID o a proyectos cuya clasificación de impacto sea de categorías A o B, si no a la mayor cantidad de información posible.
- La mención expresa de que se capacitaría constantemente al personal del BID para la aplicación de la política.
- El establecimiento de un registro de acceso público de solicitudes e información que sea de libre acceso en medios virtuales y físicos. De esta manera poder realizar seguimiento en una plataforma sobre las respuestas a cuestiones específicas y también generar mayor accesibilidad al proceso.
- Que se permitan solicitudes de acceso a la información anónimas y se salvaguarde la identidad de las partes en razón de que en ciertos contextos bregar por la transparencia y los derechos humanos suele suponer un riesgo para la vida e integridad de las personas.
- La reducción de los plazos de respuesta establecidos en la PAI al considerarlos excesivos y la especificación del lapso de tiempo extra que el BID utilizaría en caso de necesitar un plazo adicional para responder las consultas, entre otras recomendaciones.
- La incorporación de los estándares de acceso a la información del Acuerdo de Escazú ya que la información oportuna es clave para mejores procesos de participación y de justicia.
El proceso de consultas estará abierto aproximadamente hasta inicios del mes de diciembre en su modalidad virtual, con una opción para el envío de documentos con recomendaciones y propuestas sobre la PAI.
Como DAR, continuaremos participando activamente del proceso, generando análisis como los realizados en publicaciones relativas a los préstamos del BID y sus proyectos para la Amazonía, aprovechando cualquier oportunidad para contribuir a la garantía de los derechos de acceso a la información y participación pública, las inversiones sostenibles y transparentes en la región, la salvaguarda de los derechos humanos y la biodiversidad de la Amazonía.
[1] Esta estructura interna está integrada por: la Oficina de Acceso a la Información, el Comité de Acceso a la Información y el Panel Externo de Revisión.
[2] Actualmente participan en el IDB-WG organizaciones como: BIC, CRS, Coalition for Human Rights in Development, CSIS, FARN, FEU-US, Wetlands International, International Rivers, Protection International, SOSDIS Perú, Sustentarse, Fundeps, AAS, CIEL, AIDA, Conectas, International Accountability Project, FOE, Rios Vivos, entre otras.
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