Jueves 9 de junio de 2022.- Este lunes 6 de junio, recordando los 13 años del Baguazo, líderes campesinos, amazónicos, representantes del Estado y sociedad civil se dieron cita para dialogar sobre el derecho a la consulta previa, y promover la implementación de los 14 estándares internacionales de la consulta previa, consagrados por la sentencia de la acción popular N° 29126-2018 Lima de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, en actividades de proyectos de infraestructura y servicios públicos.
Dicha Sentencia corrige el reglamento de la Ley de Consulta Previa, eliminando la excepción de realizar la consulta previa en servicios públicos, como líneas de transmisión o carreteras, que en él figuraba.
Ello se dio en el marco de un webinar organizado por la Confederación Nacional Agraria (CNA), conjuntamente con la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS). En él participaron representantes de instituciones del Estado encargadas de garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, tales como el Ministerio de Cultura, Defensoría del Pueblo y Congreso de la República, quienes expusieron acerca del rol que vienen desempeñando para garantizar el cumplimiento del derecho a la consulta previa.
Entre ellos, Catherine Barrera, especialista legal de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Cultura, hizo un recuento del proceso de vigencia del Convenio 169 de la OIT y las normas internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas e informó que vienen implementando acciones de capacitación dirigidas a los pueblos indígenas y funcionarios del Estado para que conozcan e implementen el derecho a la consulta y que solo algunos sectores vienen cumpliendo.
Por su parte, Nelly Aedo, representante de la Defensoría del Pueblo, refirió que dicha institución tiene un rol activo en la implementación del derecho a la consulta previa, en el cual deben participar las organizaciones indígenas, exigiendo una adecuada implementación de la sentencia N° 29126-2018 Lima, con los sectores del Estado. Puntualizó que se encuentra pendiente implementar la consulta sobre medidas legislativas en el Congreso.
Asimismo, la Congresista Margot Palacios, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, señaló que el marco normativo del Perú es precario para la consulta previa, y que la Comisión viene impulsando cambios normativos y proyectos de ley a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, instó al Poder Ejecutivo y Legislativo a tomar en cuenta los pedidos de las comunidades y pueblos indígenas.
A su turno, Diego Saavedra, especialista de DAR, dio a conocer la experiencia de formulación de protocolos de consulta previa impulsados desde pueblos indígenas, donde proponen cómo ser consultados. En ese sentido, resaltó que necesitamos fortalecer las actuales etapas de la consulta previa, ya que es necesario tener un momento previo donde se capacite a los pueblos indígenas sobre este derecho y temas marco vinculados a la medida a consultar; y un momento posterior a la firma de las actas de acuerdos de la consulta, donde se implementen mecanismos para monitorear su cumplimiento, en diálogo con los pueblos indígenas.
Henry Carhuatocto, presidente de IDLADS, resaltó la importancia de la participación de los pueblos indígenas desde sus propias perspectivas y propuestas, y señaló la necesidad de adecuar los proyectos de infraestructura que omitieron la consulta previa, como las carreteras que atraviesan territorios indígenas, así como la necesidad de consultar los estudios de impacto ambiental y las leyes que afectan a poblaciones originarias.
Por su parte, los representantes de las organizaciones de pueblos indígenas recordaron el aniversario del Baguazo y reiteraron que para avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales de la consulta previa se necesita generar condiciones para la participación con equidad de los pueblos indígenas, situación aún lejana.
Al respecto, Rosalía Clemente, presidenta de la CNA, señaló: “necesitamos participar en condiciones de equidad, lo cual aún estamos lejos de alcanzar, ha pasado un año más de aquel lamentablemente momento donde nuestros hermanos de la Amazonía se levantaron a defender sus derechos, no esperemos que pase otro Baguazo para cumplir con los derechos de los pueblos indígenas”.
Asimismo, Arthur Cruz, líder indígena de la comunidad nativa Centro Arenal, perteneciente a la organización ORPIO, denunció los atropellos que vienen sufriendo por el proyecto de construcción de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho, el cual viene avanzando sin consulta previa.
Además, Rocío Trujillo, asesora legal de AIDESEP, se refirió a la sentencia N° 29126-2018 Lima como uno de los recientes avances en el fortalecimiento de los derechos indígenas, siendo resultado del apoyo y la solidaridad de las organizaciones regionales indígenas y de la Defensoría del Pueblo.
El evento logró un amplio abordaje y debate sobre la implementación de los 14 estándares internacionales de la consulta previa entre los representantes del Estado y de los pueblos indígenas. Es evidente que hay grandes brechas y arduo trabajo por realizar, especialmente desde las organizaciones de pueblos indígenas, para exigir y luchar por el cumplimiento de sus derechos.