Lima 15 de julio de 2021.- El presidente Sagasti, a nombre del Poder Ejecutivo, observó el Proyecto Ley Nº 6916/2020-CR, que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la Carretera Interoceánica Vial Centro, a partir de las vías nacionales y departamentales existentes, y que plantea la pavimentación de 102 km del tramo que va desde Bolognesi (capital del distrito de Tahuanía) hasta – Breu (capital del distrito de Yurúa), en la región Ucayali, cerca del límite con Brasil, que actualmente se encuentra en condición de trocha carrozable.
El mencionado Proyecto de Ley (PL) trae preocupación por los riesgos de potenciamiento de la deforestación, narcotráfico y otras economías ilícitas; el incremento de la incidencia de enfermedades infecciosas, así como la afectación de la zona de amortiguamiento de la reserva comunal El Sira y de derechos indígenas.
La decisión del Ejecutivo sobre el PL, dada mediante Oficio Nº 430 -2021 -PR del 12 de julio último, expone que la declaratoria de necesidad pública e interés nacional es considerada inconsistente con el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, en el cual cada sector o nivel de gobierno, plantea y prioriza sus iniciativas de inversión pública en función a criterios establecidos y en el marco de la planificación estratégica nacional, regional y local.
Asimismo, el Ejecutivo indica que “la construcción de carreteras transfronterizas en territorio amazónico no constituye la mejor forma de incrementar el comercio bilateral y la integración con Brasil, sino que más bien podría acarrear consecuencias no deseadas como el aumento de la deforestación y de las actividades ilícitas en el área de influencia de las nuevas vías terrestres como ha sido el caso de la Carretera Interoceánica Sur Perú-Brasil”, tal como vienen alertando la organización indígena ORAU y Derecho, Ambiente y Recursos naturales, entre diversas instituciones.
Perjudicaría ecosistemas
El Ejecutivo anotó que el proyecto no considera las características de los ecosistemas presentes en la zona y de las comunidades indígenas que podrían verse afectadas. Ante ello, el Ejecutivo señala que no se consideró que en el tramo vial Bolognesi – Breu, los ecosistemas poseen una muy baja intervención humana, y que ante una intervención (tal como la construcción de una vía) se generaría un avance significativo de pérdida de bosque, alteración de ecosistemas y balance ecológico.
Al respecto, según estimaciones realizadas por DAR, esta problemática ya se viene dando en la zona, ya que desde el 2017 se ha deforestado 3 701.98 has de bosque en gran parte del tramo Bolognesi-Breu, que estarían siendo destinadas a actividades agrícolas.
El Ejecutivo advierte que la ejecución de cualquier proyecto que involucre impactos de este tipo requiere contar con una evaluación de impacto ambiental, así como con procesos de participación y consulta previa a los pueblos indígenas del lugar, de corresponder, para determinar su viabilidad ambiental y social, en virtud a lo establecido en la normatividad vigente. Ello se alinea con lo expresado por la organización indígena ORAU.
Asimismo, el Ejecutivo resalta que la evaluación del trazo del proyecto evidencia su superposición con la zona de amortiguamiento de la reserva comunal El Sira, por lo que el Dictamen debe contar con la opinión técnica de compatibilidad del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).
Sin análisis de estructura de costos y APP vigentes
El Ejecutivo afirma que el PL carece de una evaluación integral de la viabilidad económica y financiera, pues en la aprobación del dictamen del Proyecto de Ley no se ha analizado contratos vigentes de APP que coincidan con las Rutas que se propone articular, lo que acarrearía posibles contingencias fiscales e impacto negativo en la seguridad jurídica en la inversión privada.
Observación era requerida
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) venía alertando sobre el proyecto de carretera que impulsa la normativa, por lo que envió comunicación formal a la Presidencia del Consejo de Ministros (así como a MINCU; MINAM; Comisión de Pueblos, y de Transportes y Comunicaciones del Congreso; y Defensoría del Pueblo), pidiendo la observación del PL 6916/2020-CR por carecer de sustento económico-comercial, no evaluar los graves riesgos a pueblos indígenas y al medio ambiente, y generar un alto riesgo de potenciar economías ilícitas.
Más argumentos
A los argumentos brindados por el Ejecutivo, se suman otros identificados desde DAR, tales como que el PL no es considerado de “importancia estratégica” en el Plan Vial Departamental Participativo de la Región Ucayali 2017-2026, donde tampoco califica como de “importancia media” (p. 140).
Además, de acuerdo a lo reportado por prensa ucayalina(p. 9), se identificaron al menos 12 ha de cultivos de coca cerca a Nueva Italia, localidad ubicada al norte de Bolognesi, que es ruta de paso del tramo hasta Breu. Esto obliga a evaluar el riesgo de que esta infraestructura pueda ser usada por las cadenas logísticas de estas actividades.
Por otro lado, el proyecto no cuenta con evaluaciones del riesgo en la salud pública y mucho menos medidas preventivas, las cuales serían especialmente necesarias debido a que estudios internacionales dan cuenta del rol de las carreteras en la incidencia de enfermedades tropicales, tal como ocurre en los casos de la vía Iquitos – Nauta y su incidencia en la prevalencia de malaria; o de la Interoceánica Sur, en malaria y rabia, producto a su vez de procesos de deforestación y cambios de uso de suelo inducidos por estas vías.
Finalmente, la interconexión con Brasil, prometida mediante el PL, carece de sustento en vista del cambio en curso en la matriz de transportes brasileña, esto cuestiona el potencial comercial transfronterizo de la denominada Interoceánica Vial Centro, ya que ni la carretera Interoceánica Sur, cuya ubicación es más cercana a los centros de producción agroindustrial en Brasil, ha logrado este objetivo.
Frente a todo ello, el Congreso de la República debe archivar el proyecto de Ley Nº 6916/2020-CR, considerando las observaciones del Poder Ejecutivo, que coinciden y se suman al llamado que viene realizando la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y el análisis de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.
Notas al pie
- Oficio Nº 430 -2021 -PR, página 10.
- Mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Teledetección.
- DAR, (2020). Informe de Consultoría: Análisis de la pérdida de bosque y afectaciones sobre los derechos adquiridos en una vía carrozable entre Nueva Italia y Puerto Breu empleando sistemas de información geográfica y teledetección. DAR, Pro PURÚS.
- Cabe recordar que las rutas nacionales y subnacionales que el PL propone articular son las siguientes: Para la conformación de la carretera interoceánica vial centro, se articulan las vías existentes siguientes:
Vía Nacional: Lima – La Oroya código: PE 22 – P22C.
Vía Nacional: La Oroya – Tarma código:PE 3N-PE-22B.
Vía Nacional: Tarma – La Merced (Chanchamayo) – Satipo (Puerto Ocopa) código: PE 22B PE 5SB.
Vía Nacional: Satipo – Atalaya PE – 5SA.
Vía Departamental: Atalaya- Bolognesi- Breu UC112-UC105. - Ver también artículo del 3 de marzo de 2021.