Lima, 20 de julio de 2023.- Hoy, Dina Boluarte, presidenta de la República, firmó la autógrafa de ley que crea la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura. Esta nueva institución tendrá, entre otras, el reto de cerrar brechas de infraestructura en nuestro país. No obstante, y de acuerdo a lo previamente alertado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), dicha entidad debe asegurar una infraestructura sostenible, que respete la normatividad ambiental y los derechos de la población, lo cual debe quedar plasmado claramente en el reglamento que la rija.
Al respecto, en el marco del evento “Una infraestructura para la vida: Rutas previas para una conexión sostenible en la Amazonía”, realizado el 13 de julio último, se presentaron 7 lineamientos que se deben tomar en cuenta para una infraestructura sostenible, una infraestructura para la vida.
El evento fue implementado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas San Lorenzo (CORPI-SL), Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y One Planet, para fortalecer la gobernanza ambiental en la Amazonía. A partir de los casos sobre proyectos de carreteras en Loreto, Ucayali y el sur del país, se plantearon aspectos técnicos y sociales necesarios para fortalecer la institucionalidad y gestión hacia una infraestructura sostenible.
Recomendaciones desde los sectores, la banca, sociedad civil y expertos para la construcción de vías
Desde DAR, Vanessa Cueto, resaltó una serie de condiciones mínimas para la sostenibilidad de los proyectos viales, desde sus etapas tempranas: (i) enfoque de necesidades locales, ii) la identificación y evaluación de riesgos ambientales, climáticos, económicos, sociales y culturales en los estudios de preinversión y certificación ambiental, (iii) la consulta previa, libre e informada a las comunidades en el área de influencia de la carretera, (iv) mecanismos de supervisión y fiscalización oportunos, (v) la participación efectiva en el diseño e implementación de proyectos viales, (vi) gobernanza transparente, participativa, inclusiva y efectiva, y (vii) la articulación de los marcos legal climático e infraestructura. Estos lineamientos tienen por finalidad reducir los riesgos asociados a la infraestructura, en especial la vial, en la Amazonía.
Asimismo, el Ministerio del Ambiente (MINAM) compartió un modelo de análisis jerárquico espacial para la categorización y priorización de vías con enfoque ambiental que les permitió la exclusión de 359 km de vías en áreas naturales protegidas, y 362.47 km de vías fuera de ANP y comunidades nativas. Destacó que si bien este modelo se enfocó en costa y sierra, podría ser adaptado para la Amazonía, junto a otros elementos acordes al territorio.
En relación al cumplimiento del marco legal climático, Tania García, de la Defensoría del Pueblo, mencionó la importancia de incluir la variable climática en el diseño de todo proyecto de inversión a fin de aumentar la resiliencia al cambio climático, lo cual es una tarea pendiente del MINAM y el Ministerio de Economía y Finanzas.
A su turno, Rafael Capristan, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resaltó que la evaluación de impactos de los proyectos en la Amazonía requiere incluir otros tipos de análisis, impactos indirectos, acumulativos y otros, considerando el enfoque intercultural. Es relevante “asegurar la cuantificación y presupuesto de las medidas de mitigación y la identificación de impactos indirectos y acumulativos”.
César Ipenza, experto legal en temas ambientales, mencionó que “toda infraestructura necesita mecanismos de protección, dado que los niveles de deforestación se incrementan y se necesita mitigar los impactos. Asimismo, mencionó que “la infraestructura es necesaria pero bajo mecanismos de planificación y ordenamiento territorial efectivos”.
Recomendaciones desde academia y pueblos indígenas para la construcción de vías
Durante el evento, se presentó el libro “La ruta a la tierra de Madre de Dios: Una historia de la carretera Interoceánica en Perú”, de los académicos Stephen Perz y Jorge Luis Castillo, resalta que los costos económicos y sociales finales de la infraestructura son mucho más elevados que los previstos inicialmente; por ello es crucial mejorar el planeamiento para la gobernabilidad de los impactos de la obra, así como la inclusión social en los procesos de participación.
Desde las organizaciones indígenas CORPI-SL, ORPIO y ORAU se abordó los impactos en territorios indígenas generados por proyectos de carretera priorizados en sus territorios e hicieron un llamado a los sectores transportes y ambiente para que los proyectos de carreteras cuenten con una evaluación de impacto ambiental confiable y garanticen una intervención integral que beneficie de manera tangible a las comunidades nativas.
En referencia a la propuesta de carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho (Loreto), el vicepresidente de ORPIO, José Murayari señaló: “quisiéramos que el Estado garantice la seguridad territorial, ya que la carretera nos traerá riesgos de vida, deforestación, explotación infantil y la trata de personas”, y resaltó “queremos que el Gobierno establezca un paquete de inversiones que vaya a beneficiar a las poblaciones indígenas”.
Por Ucayali, se presentó el caso de la carretera Bolognesi – Túpac Amaru – Nuevo Italia – Puente Sheshea, que afecta alrededor de 25 comunidades nativas por los cultivos de coca, tráfico de personas y enfermedades vinculadas a la deforestación por la apertura de la vía, de acuerdo a lo señalado por Judith Nunta, representante del Programa Mujer Indígena de ORAU. Al respecto, señaló que: “no estamos en contra de la carretera, pero queremos que también nos beneficie a nosotros”, resaltando que la consulta previa es importante para la protección de derechos de los pueblos indígenas.
Finalmente, en el caso de la carretera Iquitos-Saramiriza (Loreto), George Cuñachi, de CORPI SL, señaló que las propuestas de conexión no se han dado con una adecuada planificación territorial integral: “Lo común es que se apertura una carretera sin seguridad jurídica, lo que ocasiona agricultura migratoria y deforestación por la tala ilegal. En el Datem del Marañón está el sitio Ramsar Abanico del Pastaza, único en el planeta, y nuestro país tiene compromisos de mitigación de cambio climático (…). La propuesta de CORPI SL incluye titulación de comunidades y la implementación de planes de vida, si se va a implementar una carretera, para garantizar la seguridad alimentaria y mantener los recursos naturales”.
Las organizaciones indígenas destacaron la necesidad de impulsar proyectos viales con paquetes integrales que beneficien a las poblaciones (postas de salud, colegios, puestos de control, proyectos productivos sostenibles, seguridad territorial) en el área de influencia de un proyecto vial. Es clave implementar mecanismos de consulta previa, libre e informada y de participación con enfoque intercultural, así como una evaluación integral del impacto socioambiental, con medidas de prevención y mitigación de impactos negativos que incluyan actividades económicas basadas en los planes de vida de las comunidades.