Perú debate cambios que podrían afectar áreas protegidas de la Amazonía y territorios indígenas

Una propuesta del Gobierno peruano para recibir facultades legislativas temporales ha abierto un debate sobre sus posibles implicancias para algunas de las zonas de mayor valor ambiental y cultural del país, entre ellas el Parque Nacional Bahuaja Sonene, en la Amazonía peruana, así como territorios utilizados por Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

El Congreso peruano evalúa actualmente una solicitud del Poder Ejecutivo para legislar durante 120 días sobre un amplio conjunto de materias, que incluyen seguridad ciudadana, desarrollo productivo, simplificación administrativa y otras áreas. La exposición de motivos de la propuesta incluye además medidas relacionadas con áreas naturales protegidas, pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, certificación ambiental y actividades extractivas.

Durante una audiencia pública realizada el 22 de septiembre en el Congreso, especialistas ambientales y representantes indígenas expusieron preocupaciones sobre los posibles efectos ambientales, sociales y jurídicos de algunas de estas medidas. Las organizaciones participantes sostuvieron que, debido a sus potenciales consecuencias de largo plazo, estas materias requieren un análisis técnico amplio y espacios de participación y consulta.

Estas preocupaciones también han sido planteadas en un pronunciamiento respaldado por más de 400 ciudadanos, organizaciones y colectivos. Asimismo, relatores especiales de las Naciones Unidas enviaron una comunicación al Gobierno peruano expresando preocupaciones sobre los potenciales impactos de diferentes aspectos de la propuesta sobre los derechos humanos.

Bahuaja Sonene y el debate sobre las áreas protegidas

Uno de los temas analizados es el Parque Nacional Bahuaja Sonene, un área protegida de más de un millón de hectáreas ubicada en el sureste del Perú y reconocida por su alta biodiversidad.

De acuerdo con el análisis de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), organización peruana especializada en gobernanza ambiental y derechos de los pueblos indígenas, la propuesta contempla modificaciones relacionadas con la posibilidad de reducir físicamente o modificar legalmente determinadas áreas protegidas por razones de “necesidad pública”. DAR advierte que estos cambios podrían tener implicancias para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

Denisse Linares, líder del Programa de Sostenibilidad de DAR, destacó particularmente la situación del sector Candamo de Bahuaja Sonene, una zona que desde hace décadas ha generado interés por su potencial de hidrocarburos.

“El proyecto ignora que un Parque Nacional es de protección estricta e intangible, existiendo incluso ya un fallo judicial en segunda instancia que prohíbe las actividades extractivas en dicha zona”, señaló Linares.

Los especialistas participantes señalaron que el debate tiene implicancias que trascienden Bahuaja Sonene, pues cualquier modificación al marco jurídico aplicable a áreas de protección estricta podría tener efectos sobre el sistema peruano de áreas naturales protegidas.

Bahuaja Sonene alberga especies como jaguares, águilas arpía, guacamayos, tapires y lobos de río, entre otras.

Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial

Las organizaciones indígenas también han expresado preocupación por las posibles modificaciones a la Ley N.º 28736, que protege a los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial, conocidos en Perú por las siglas PIACI.

Rocío Trujillo, en representación de la organización indígena nacional AIDESEP, señaló que la exposición de motivos del pedido de facultades contempla modificaciones a esta norma. Organizaciones indígenas han planteado interrogantes sobre sus posibles efectos en la protección de las Reservas Indígenas y los derechos de los pueblos en aislamiento.

Los PIACI se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad frente al contacto con personas externas y se desplazan por territorios que pueden comprender tanto Reservas Indígenas como Áreas Naturales Protegidas. Las organizaciones participantes señalaron que posibles cambios en las condiciones para desarrollar actividades extractivas en estos espacios deben analizarse considerando los riesgos para su vida e integridad reconocidos en los marcos de protección nacionales e internacionales.

Otro aspecto planteado durante el debate es el derecho a la consulta previa. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Perú, establece obligaciones de consulta respecto de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas.

Seguridad energética: dos horizontes de planificación

La propuesta también ha reabierto una discusión más amplia sobre cómo debe garantizar Perú su seguridad energética en las próximas décadas.

Una de las razones planteadas para ampliar la exploración de hidrocarburos es la necesidad de identificar nuevos recursos que puedan contribuir al abastecimiento futuro de gas natural. En ese contexto, el sector Candamo ha vuelto a formar parte del debate sobre el potencial gasífero del país.

El análisis de DAR plantea una perspectiva complementaria: que la seguridad energética debe abordarse mediante una planificación integral de largo plazo que considere las reservas certificadas existentes, las proyecciones de demanda nacional, el desarrollo de otros lotes de gas y la diversificación de la matriz energética antes de tomar decisiones sobre áreas actualmente protegidas.

“Decisiones de esta magnitud requieren planificación y una visión integral de la matriz energética. Si el interés real es la seguridad energética, el Gobierno debe basarse en sustentos técnicos como las proyecciones de demanda nacional de energía y de gas en los próximos 40 años, así como transparencia en torno a las reservas certificadas con las que contamos”, señaló DAR durante la discusión.

El debate plantea así preguntas más amplias sobre el papel que debería desempeñar el gas natural en la futura matriz energética peruana, las necesidades de abastecimiento de largo plazo y la relación entre estas decisiones y las protecciones ambientales existentes.

Debate sobre el “silencio administrativo positivo”

Otro aspecto analizado es la posible aplicación del denominado “silencio administrativo positivo”, mecanismo mediante el cual una solicitud puede considerarse aprobada si la autoridad competente no emite una decisión dentro del plazo establecido.

DAR ha expresado preocupación sobre la posible aplicación de este mecanismo a instrumentos de gestión ambiental, señalando que podría limitar la revisión técnica de determinados expedientes.

Según un análisis presentado por la organización, el 82 % de las observaciones identificadas en los procesos examinados se relaciona con aspectos como la descripción de los proyectos, las líneas base y la identificación de impactos. A partir de estos datos, DAR plantea que el debate sobre los tiempos de certificación ambiental debería considerar tanto las capacidades de las entidades evaluadoras como la calidad técnica de los expedientes presentados.

Un debate legislativo en curso

La propuesta continúa siendo evaluada en el Congreso peruano. Diferentes comisiones parlamentarias han analizado las materias comprendidas en la solicitud, mientras organizaciones indígenas, ambientales y especialistas han presentado observaciones sobre sus posibles implicancias.

Entre los asuntos planteados en el debate público se encuentran la protección de los derechos de los pueblos indígenas y PIACI; el marco jurídico de las áreas naturales protegidas; las capacidades de evaluación y fiscalización ambiental; la disponibilidad de información sobre reservas y demanda energética; y la diversificación futura de la matriz energética peruana.

Estos temas forman parte de una discusión más amplia sobre cómo conciliar las necesidades de inversión y seguridad energética del Perú con la protección ambiental, los derechos de los pueblos indígenas y la planificación de largo plazo.