En relación con el proceso de evaluación del proyecto Hidrovía Amazónica seguida por el Servicio Nacional de Evaluación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), las organizaciones indígenas y de la sociedad civil abajo firmantes expresamos lo siguiente:
El proyecto Hidrovía Amazónica es un proyecto de infraestructura que representa una inversión de cerca de 74 millones de dólares. Dicho proyecto busca mejorar la navegabilidad de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas. Este proyecto fue parte de la Iniciativa de Infraestructura de Integración Regional de Suramérica (IIRSA) que abarcó más de 500 proyectos priorizados a nivel sudamericano que responden a políticas de integración regional y de posicionamiento económico de parte de las grandes potencias mundiales. Por ende, este no es un proyecto nuevo. Sin embargo, la justificación del proyecto y su estudio económico datan de 2012, es decir, presenta datos desactualizados y expectativas no vinculadas con la realidad de las regiones amazónicas.
Además de la señalada desactualización, este proyecto retomó su promoción en 2014 incumpliendo con mecanismos de participación, como el derecho a la consulta previa para los pueblos indígenas, poblaciones directamente impactadas. De esta forma, en 2015, los pueblos indígenas pudieron ejercer su derecho a la consulta solo después de que un proceso judicial obligara al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) someter a consulta los términos de referencia (TdR) para el desarrollo y elaboración del estudio de impacto ambiental detallado (EIA-d).
El diseño del proyecto y sus procedimientos también tienen serias observaciones. En agosto de 2017, se firmó el contrato de concesión con el Consorcio COHIDRO SA, sin contar con un expediente de ingeniería para conocer las implicancias del proyecto. Asimismo, el Estado solicita a la empresa, primero el EIA-d y luego el estudio detallado de ingeniería. Es decir, primero se identifican los impactos y luego se conoce los detalles de las actividades que generan dicho impacto.
En este escenario de poca claridad, las preocupaciones sobre las implicancias e impactos de este proyecto sobre los ríos, –no solo como vía de transporte, sino como ecosistema y medio de vida para los pueblos indígenas y de la Amazonía en general–, se incrementan. La poca transparencia y seriedad técnica hacen que el contrato contemple solo la intervención de 13 malos pasos, cuando no existe garantía de que sean solo esos. Sin estudios de ingeniería que presenten claridad, por ejemplo en que un “mal paso” no representa un solo punto de dragado necesariamente, sino hasta más de 12 dragados por “mal paso”, la preocupación sobre los reales impactos que este proyecto pueda causar es muy alta.
A pesar de estas observaciones, el Estado a través del SENACE aprobó un Plan de Participación Ciudadana (PPC), como parte de la evaluación del proyecto, y ha recibido un Plan de Trabajo (PdT), como parte del proceso de elaboración del EIA-d, documentos enviados por la consultora ECSA por encargo de COHIDRO. En ambos documentos se han identificado serios problemas de gobernanza, procedimientos y contenido. Ambientalmente, el proyecto no ha alcanzado los estándares socio-ambientales esperados lo cual se ve reflejado en un Plan de Trabajo de elaboración de la línea de base que no desarrolla al detalle aspectos importantes del proyecto, como las áreas naturales protegidas y la morfología dinámica de los ríos, ni la medición de posibles impactos sinérgicos y residuales. Tampoco incluyen a todas las poblaciones que se verán afectadas. A esto se le suma la insuficiente socialización del proyecto, aumentando la incertidumbre y la desconfianza de los diferentes actores involucrados.
En el caso del PPC, antes de su aprobación la consultora emitió cartas a las organizaciones indígenas locales, con fecha de 10 de enero, convocando a talleres informativos señalando que el PPC ya estaba aprobado por el SENACE, cuando el PPC recién se aprobó el 17 de enero. Desde su presentación hasta su aprobación se ha incurrido en una serie de vulneraciones a los derechos básicos de transparencia y veracidad, con apego a las reglas y procedimientos establecidos de los mecanismos formales de participación establecidos por la legislación, lo cual impacta directamente contra los pueblos indígenas que resultan afectados con el proyecto. Con relación al contenido del PPC, tanto organizaciones indígenas como de la sociedad civil presentaron observaciones, señalando que se ha hecho caso omiso a importantes acuerdos de consulta previa que aseguran el cumplimiento del enfoque intercultural, así como la ausencia de una identificación oportuna y veraz de las organizaciones sociales de base impactadas por el proyecto.
Por esta razón, está pendiente la resolución del recurso de impugnación a la resolución que aprueba el PPC, interpuesta por organizaciones indígenas de Loreto. Este hecho se ve reforzado por la falta de enfoque intercultural que se ha evidenciado en los talleres participativos donde los representantes de la empresa y de la consultora mostraron su total desconocimiento de la población asistente. Con estos elementos consideramos que deben detenerse los talleres no solo hasta tener una resolución de la impugnación interpuesta, sino, hasta que se garantice: a) contar con la identificación completa de la población afectada (pueblos indígenas, organizaciones sociales de base) y, b) el detalle de los mecanismos, instrumentos y metodologías de desarrollo del enfoque intercultural que se ejecutará en los Talleres de participación ciudadana.
En conclusión, el escenario y los procedimientos en los que se viene desarrollando el proyecto Hidrovía Amazónica no representan ninguna garantía para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, ciudadano, ni para ser ambientalmente sostenible. La intervención de dragado en los malos pasos ocasionará un impacto muy grande sobre las culturas indígenas que como ya se ha mencionado y tal como se recogió por el Ministerio de Cultura en un estudio específico que desarrollo al inicio de la consulta previa, sobre los malos pasos en la cosmovisión indígena hasta la fecha no se ha dado a conocer si y como este impacto podría ser evaluado en la jerarquía de mitigación y a través de que estrategias podría ser manejado en la estrategia de manejo ambiental.
El desconocimiento sobre la cosmovisión y prácticas culturales de los pueblos indígenas, manifestado en los talleres informativos ya desarrollados, agrava el riesgo de un débil enfoque intercultural. Es necesario recordar que estos “malos pasos” identificados por el MTC, en muchos casos, son lugares sagrados, vinculados a su cosmovisión y espiritualidad, lugares que cumplen un rol vital, que le dan equilibrio al río, y a su relación con este. Este desconocimiento profundiza la preocupación sobre cómo se incorporarán los saberes de los pueblos indígenas en el EIA-d, siendo este un acuerdo de la consulta previa (acuerdos de obligatorio cumplimiento).
Muchos de estos proyectos de infraestructura responden a políticas regionales, internacionales y geopolíticas de conectividad y gestión territorial, que privilegia la generación de renta para los Estados, pero donde, en muchos casos, no queda claro quiénes serían los verdaderos beneficiarios. Para muestra, el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur criticada por las organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y académicas señalándosele como económicamente inviable, socialmente irrelevante y ambientalmente insostenible. Aun así, el proyecto se ejecutó, y años después de puso en evidencia que su construcción estuvo cubierto de una serie de actos de corrupción beneficiando a unas pocas empresas constructoras.
No repitamos los mismos errores, exigimos al Estado claridad, seriedad y responsabilidad técnica que nos permita tener información detallada sobre la implicancias de este gran proyecto de infraestructura. Exigimos responsabilidad para la inclusión y respeto de los acuerdos de la consulta previa. Llamamos a ampliar los espacios de difusión y debate sobre las reales implicancias y motivaciones de este proyecto.
Lima, 15 de marzo de 2018.
Suscripciones institucionales:
- Agencia de Investigación Ambiental – Environmental Investigation Agency (EIA)
- Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
- Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
- Asociación Nacional de Centros (ANC)
- Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO)
- Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
- Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales – Cordillera Azul (CIMA-Cordillera Azul)
- Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
- Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
- CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú
- CooperAcción
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
- Foro Ecológico del Perú
- Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS Perú)
- Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO)
- Paz y Esperanza
- ProDelphinus
- Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
- Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi)
- Sociedad Zoológica de Fráncfort Perú
Suscripciones personales:
- Alberto Chirif, DNI 05342330
- Ernesto F. Ráez Luna, DNI 06597421
- Ricardo Rey Rivera Vásquez
- Roelfien Haak de Sulmont, DNI 07958928
Fuente: ORPIO.