El 7 de julio, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en su calidad de miembro del Observatorio de Minería Ilegal y actividades vinculadas en Áreas Clave de Biodiversidad[1], remitió una comunicación formal al presidente Francisco Sagast, solicitando que se observen los Proyectos de Ley N° 7506 y 5881.
En el documento, elaborado desde el Observatorio de Minería, se exponen los riesgos de los proyectos mencionados, que proponen la modificación y ampliación de los plazos referente a la inscripción en el Registro de Mineros Informales en Proceso de Formalización (REINFO) y la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM).
Al respecto, cabe señalar que ambos proyectos desde su elaboración, análisis y debate se han llevado a cabo en pleno contexto de la pandemia por la COVID-19, los mismos que han estado sujetos a constantes cuestionamientos de fondo y forma por los entes rectores del sector minero – energético y ambiental del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio del Ambiente (MINAM); así como, la Defensoría del Pueblo, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Ministerio Público y a su vez, de diversas organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, pese a todos los comunicados, observaciones y opiniones, ambos proyectos han sido aprobados el 30 de junio en el Pleno del Congreso, por mayoría y sin someterlo a segunda votación – hecho cuestionado y de desconcierto -, siendo la siguiente etapa la de revisión de la Autógrafa de ambos proyectos de ley por el Ejecutivo previo a su entrada en vigencia, para lo cual está fase es sustancial.
Bajo lo señalado, consideramos que ambos proyectos son muy cuestionados debido a:
· Reabren por cuarta vez la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), misma que debilita el proceso de formalización minera y su finalidad per se, la cual es la realización de la actividad minera de forma integral y sostenible
· No toman en consideración las opiniones del MINEM y el MINAM; así como, hacen caso omiso a las disposiciones en marco del contexto por la COVID-19, el cual el Ejecutivo ya ha adoptado mediante Decreto de Urgencia y distintas disposiciones, siendo redundantes estos proyectos de ley y en cierta forma inexorables de responsabilidad.
· No aseguran un desarrollo sostenible de la pequeña minería y minería artesanal, por el contrario, perjudican a los mineros que ya vienen formalizándose y que, forman parte de este registro (cumpliendo los requisitos y exigencias de la norma que regula este procedimiento).
· No incluyen acciones y/o medidas adicionales (aumento de presupuesto, recursos humanos, transparencia en los procesos administrativos y de soporte a las regiones, así como a las instituciones competentes de llevar a cabo este procedimiento de formalización minera) que fortalezcan el proceso de evaluación integral de la formalización minera.
· Atentan contra la lucha frontal contra la minería ilegal, puesto que, son exentos de responsabilidad penal para todos los mineros inscritos en el REINFO y de traba funcional para los Fiscales Especializados en Materia Ambiental (FEMA).
· Generan un gran deterioro al medio ambiente, ya que incentivan de forma indirecta prácticas inadecuadas, sin planificación y sin contar con los permisos necesarios para realizar la actividad minera.
En ese sentido, bajo las atribuciones que tiene el Ejecutivo y acorde al artículo 79 del Reglamento del Congreso de la República, es necesaria que se realicen observaciones sobre la Autógrafa de los proyectos de ley aprobados y bajo cuestión. Asimismo, que la otra forma de acceder al procedimiento de formalización minera – la cual no necesariamente se remite a la inscripción en el REINFO- es acorde a los plazos y exigencias contemplados en la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal – Ley 27651 de y su Reglamento.
Noticias referidas:
· Proyectos de Ley N° 5706 pondría en riesgo la lucha contra el delito de minería ilegal, aquí
· Proyectos de Ley N° 5881-2020 y 5706-2020 ponen en riesgo la lucha contra la minería ilegal, aquí
[1] El Observatorio de Minería Ilegal y actividades vinculadas en Áreas Clave de Biodiversidad es una red integrada por más de 15 organizaciones civiles cuyas acciones permiten observar, informar y hacer incidencia frente a normas y actividades de la minería ilegal y otras relacionadas, que vienen vulnerando nuestra Amazonía Peruana.