[Texto original: Bank Information Center]
Fuente: Bussiness Wire
El Banco Mundial es una de las más grandes fuentes de financiamiento climático. Esto ocurre en gran medida gracias a una serie de fondos que administra en representación de países donantes; ¿pero qué tan bien lo está haciendo con sus propios fondos?
Pensamos que podría ser ilustrativo el echar una mirada más cercana a un prestamista tan importante para el clima como el Banco Mundial, y especialmente cómo le va con los bosques, ya que es un sector en el que tiene compromisos específicos en su Planes de Acción Forestal y de Cambio Climático, ambos publicados en abril de 2016.
El Banco también suscribió un nuevo modelo de relacionamiento, ahora basado en un Marco Alianza País (Country Partnership Framework – CPF). Por esta razón, buscamos un país con una nueva CPF para el estudio que presentamos a continuación.
Perú encaja en todos estos criterios. Tiene el cuarto bosque tropical más grande del mundo [1], sólo detrás de Brasil, la República Democrática del Congo e Indonesia. Además, es signatario de la Declaración de Nueva York sobre Bosques y se ha planteado una meta de deforestación neta cero para el 2021 [2]. También es número 16 en el ranking de países prestatarios del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), con alrededor de $13.1 mil millones en cartera [3]. Por último, Perú estrenó su nueva CPF en abril de 2017, la misma que cubrirá el periodo 2017 – 2021 y está basada en tres pilares:
- Productividad para el crecimiento.
- Servicios para los ciudadanos a los largo del territorio.
- Recursos naturales y gestión de riesgos frente al cambio climático.
Es así que Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, con apoyo y colaboración del Bank Information Center, realizó el “Análisis de las intervenciones del Banco Mundial en el Perú y sus impactos en los bosques” ¿Qué fue lo que encontramos?
La sorpresa número uno fue… falta de información. Esto sorprende considerando la Política de acceso a la información del Banco, que busca “maximizar el acceso a la información”, excepto por una acotada lista de excepciones. La excusa en este caso es que 19 de las 44 facilities (préstamos u otras formas de asistencia), que se desprenden de la CPF, vienen de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo privado del Banco, que tiene su propia política de acceso a la información. De las 19 facillities, sólo tres tienen categorías de riesgo asignadas, pero no todas ofrecen suficiente información para hacer una adecuada evaluación de los posibles impactos en los bosques. Tampoco encontramos documentos públicos en ocho facillities de asistencia técnica. En total, sólo 17 de 44 (39%) de los facillities tiene documentación con información detallada disponible.
Un segundo hallazgo fue que no mucho se puede categorizar positiva o negativamente. De los facillities que pudimos categorizar, vimos que el 89% del financiamiento no tiene un impacto particular en los bosques. Del resto analizado tenemos que las operaciones que son motores de deforestación ($70 millones), tienen un volumen ligeramente superior a las operaciones que promueven la gestión sostenible de los bosques ($65.5 millones).
Pero quizás lo más significativo fue que el mayor financiamiento del Banco al Perú se dio en la forma de Préstamos para Políticas de Desarrollo (Development Policy Loans – DPL), por un total de $2.5 mil millones. Casi el doble que la cantidad que suman los préstamos que pudimos poner en la categoría con impactos en el bosque. Esto es importante porque los DPL son desembolsados en base al cumplimiento de una serie de medidas institucionales y de política pública llamadas “acciones previas” acordadas entre el país prestatario y el Banco. Muy frecuentemente estas acciones incluyen la promulgación de leyes, y estas leyes pueden tener impactos profundos en la gestión de los recursos naturales.
En el caso de Perú, los dos DPL que se desprenden de la nueva CPF (“Public Expenditure and Fiscal Management” y “Boosting Human Capital and Productivity”), como la mayor parte del portafolio, no deberían tener un impacto particular en los bosques o el clima [4]; sin embargo, mientras que el Banco consideró como improbable que las “acciones previas” para el DPL Boosting Human Capital and Productivity produjeran dichos impactos, estas se incluyeron en la Ley 30230, conocida como Paquetazo Ambiental, que debilitó significativamente regulaciones sociales y ambientales, redujo a la mitad las multas por infracciones ambientales y debilitó los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Si bien el Banco puede afirmar que no ha promovido estos cambios, sí se puede decir al menos, que perdió de una oportunidad para comprometer al gobierno peruano con el fortalecimiento de sus estándares ambientales y los derechos indígenas; dos cosas que con las que está nominalmente comprometido [5].
De manera similar, el Banco perdió la oportunidad de demostrar compromiso con su propio Plan de Acción Forestal (FAP) ya sea a través de manejo forestal sostenible o intervenciones forestalmente inteligentes en otros sectores. Los dos pilares del FAP.
Los tres préstamos categorizados como pro bosques son el Proyecto de Innovación Agrícola Nacional ($40 millones), Sierra Rural ($20 millones) [6] y el Mecanismo Dedicado Específico Saweto ($5.5 millones). Estos representan el 5% de los facillities categorizados y sólo el 1.6% de los incluidos en el estudio. Además, cómo se señaló líneas arriba, los préstamos evaluados como motores de deforestación (aquellos para transporte subnacional y agronegocios) superan ligeramente a los tres mencionados anteriormente, lo que implica un impacto neto negativo en los bosques.
Por supuesto, esta es una fotografía parcial del país, pero la relativa ausencia de información es uno de los grandes motivos para que esto sea así, al negarnos una imagen del todo el bosque del financiamiento que otorga el Banco. Desde nuestro punto de vista, no hay mucho apoyo para los árboles tampoco. Para países con bosques tropicales clave como el Perú, si el Banco quiere ponerse serio con respecto a sus compromisos forestales y climáticos, deberíamos estar viendo más.
Descarga el estudio
[Español]
[English]
[1] En el año 2000, Perú contaba con una cobertura forestal de 78,067,721 (considerando una densidad de dosel superior al 30%). Lo que representa un 60.7% del territorio nacional; reportando una pérdida de 2,369,302 ha. Entre el 2001 y el 2016. Fuente: Global Forest Watch.
[2] Fuente: https://forest500.org/rankings/jurisdictions/peru, consultado el 6/5/18.
[3] https://finances.worldbank.org/Loans-and-Credits/IBRD-Statement-of-Loans-By-Country/akb9-rbcs/data, consultado el 6/4/18.
[4] Estos elementos legislativos no cumplieron los criterios de Acción Previa del Banco, de acuerdo con la Nota Aclaratoria del su Panel de Inspección. Anexo II del Aviso de No registro del 20 de noviembre de 2017 sobre la Queja presentada contra el DPL Boosting Human Capital and Productivity DPF-DDO (Deferred Drawdown Option), P156858; en el cual habían 1) modificaciones al impuesto al valor agregado, 2) modificaciones a la Ley de Procedimientos Administrativos, y 3) una disposición que anula los aranceles aduaneros.
[5] Publicación: Financiamiento de apoyo para políticas de desarrollo del Banco Mundial y cambio climático.
[6] Este préstamo se categorizó de manera mixta. $20 millones se categorizaron como pro bosques y otros $20 millones como financiamiento de motores de deforestación.