Introducción
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), con el apoyo de Rainforest Foundation Noruega (RFN), viene haciendo seguimiento a la implementación de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) entre Perú, Noruega y Alemania para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la deforestación y degradación de bosques (REDD+), generando reportes que puedan ser insumos para los tomadores de decisión a fin de aportar a una implementación de la DCI que garantice el desarrollo sostenible de la Amazonía salvaguardando los derechos de los pueblos indígenas, su participación y la de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso.
En julio del 2016 el Perú cambió de gobierno nacional, por lo que se cambiaron también a los ministros del Ambiente y de Agricultura y Riego. Debido a esto, la implementación de la DCI tuvo un hiato hasta que se designaron a los nuevos funcionarios públicos.
El Acuerdo, suscrito en el 2014 proyectó periodos para el desarrollo de las tres fases del Acuerdo[1], aunque el proceso ha tenido retrasos significativos[2]; finalmente, en octubre pasado, el Minam dio a conocer la propuesta de Plan de Implementación de su Fase II a la sociedad civil, luego de varios meses de reuniones con los diferentes actores involucrados y una etapa de consulta pública. La construcción del Plan refleja un esfuerzo de articulación entre instituciones como MINAM, MINAGRI y SERFOR de manera conjunta, siendo ello un paso importante para la Fase de Transformación. Los retos siguientes son el establecimiento del Mecanismo Financiero y la gobernanza[3].
En lo que respecta al marco normativo; este año tuvimos la promulgación de la Ley Marco sobre Cambio Climático, además de la construcción participativa de su Reglamento, el mismo que se encuentra en fase de pre publicación[4] y será sometido a un proceso de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.
Entre lo más saltante de la Ley, para los fines de la DCI debemos señalar la obligación de identificar y clasificar las Acciones REDD+, la inclusión de Análisis de Riesgo Climático y Vulnerabilidad para todos los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) y el Invierte.pe[5], responsabilidades más específicas a los gobiernos subnacionales y los sectores, MRV del financiamiento climático y la creación de la Comisión de Alto Nivel sobre Cambio Climático.
Otro atributo importante de la Ley es la definición de instrumentos de gestión climática, como la Estrategia Nacional de Cambio Climático, las estrategias regionales de cambio climático y las NDC, que ahora son vinculantes y de obligatorio cumplimiento.
En lo que respecta a financiamiento climático internacional, se han visto avances en lo relativo a preparación del FCPF, el inicio de operaciones del proyecto ONU REDD+ y la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas de los proyectos FIP financiados por el BID[6].
Este 2018 también ha sido un año clave para el Grupo de Trabajo Multisectorial[7] a cargo de la elaboración de las Medidas de Adaptación y Mitigación que darán cumplimiento a las NDC de Perú, ya que finalmente se presentará el reporte final con la oficialización de las Medidas. El mencionado grupo ha propuesta 08 medidas para disminuir las emisiones de GEI en el Sector Uscuss. La efectividad de estas medidas será analizada a profundidad en el estudio que viene desarrollado DAR sobre los impactos de la infraestructura en la deforestación y los compromisos climáticos del Perú. Los hallazgos preliminares se presentarán en el primer artículo de este Boletín.
Con respecto al fortalecimiento de la gobernanza forestal, el Consejo Directivo del Serfor fue instalado el 2017, siendo su primera acción la convocatoria del concurso público para la elección del Director Ejecutivo del Serfor, la misma que fue declarada desierta. En noviembre de este año, se ha lanzado la segunda convocatoria[8].
Este año, DAR se avocó a apoyar el proceso participativo para la Adecuación del RCTCUM a la Ley Forestal[9], la Reglamentación de la Ley Marco sobre Cambio Climático, la reactivación de las Mesas REDD+ de Loreto y Ucayali, apoyo técnico a la actualización de las estrategias regionales de cambio climático de las mismas regiones, con información del Sistema de Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero[10], recientemente actualizado al 2016. Además, DAR fue delegado por el Grupo REDD+, como representante titular de sociedad civil ante el Comité Consultivo del Proyecto DCI-PNUD[11].