Lima sin gas, el Perú sin energía…

Autor: César Gamboa, Asesor senior, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

Por más de veinte años, los limeños hemos vivido en una burbuja de precios bajos por el contrato de gas de Camisea, por así decirlo, el milagro de tener gas bajo nuestro suelo, pero como sucede a menudo, tampoco hemos sabido cómo utilizarlo. No es que hayamos tomado malas decisiones por una suerte de irracionalidad inexplicable, sino porque se presentan intereses mezquinos y parciales que atentan contra el bien común de todos los peruanos.

El contexto global nos obliga a reflexionar profundamente sobre el futuro de la energía en el Perú desde una mirada integral, desde nuestra historia, desde nuestro rol como proveedor de recursos naturales en el mercado mundial, desde el futuro que queremos asegurar. Ciertamente, aparecerán presiones que condicionarán el uso de nuestros recursos, pero más preocupación debemos tener en cómo estar preparados para afrontar esos desafíos de la geopolítica de la transición energética y las guerras por los recursos naturales (Elliott, 2026).

Es así como la ruptura del ducto del gas de Camisea se vuelve más relevante. La ruptura del ducto en marzo (Campodónico, 2026; El Gato Encerrado, 2026) nos ha vuelto a la fragilidad y a reconocer nuestra falta de planificación y dejarlo todo al interés del mercado. Para nada es una situación nueva o que no se hayan planteado soluciones antes (Dávila & Gamboa, 2010). Fácil es encontrar un chivo expiatorio (Villanueva, 2026), como tantas veces ha sucedido en la historia, para no discutir los temas de fondo, no identificar los responsables de nuestros errores u obtener lecciones aprendidas para no cometer los mismos errores del pasado.

Primera lección: Priorizar la demanda nacional por los próximos 40 años

Una primera lección aprendida del mal manejo de nuestros recursos energéticos es que debemos asegurar la demanda de energía del Perú para los próximos 40 años, es decir, por lo menos, hacia el 2065. Mirando hacia el pasado, un craso error fue el negociado de la exportación del gas de Camisea. No por algo hubo una comisión investigadora y tenemos a un expresidente con detención domiciliaria. El milagro de Camisea fue que el Perú no tuvo que invertir en explorar, ya que Shell y Mobil lo hicieron en los ochenta y noventa, encontrando los campos de Cashiriari, San Martín y Pagoreni. Después, el gobierno peruano no se puso de acuerdo (Gamboa Balbin et al., 2008; Santillana & Salinas, 2018) con estas empresas y pudimos establecer condiciones para priorizar el consumo nacional del gas a través del bendito criterio de horizonte permanente de 20 años (1) y que después el régimen de Toledo derogó con el Decreto Supremo N° 031-2003-EM (2), dejando de priorizar el consumo nacional para permitir que se otorgara discrecionalmente el contrato del lote 56 —los campos de Mipaya y Pagoreni— a Hunt Oil, que fue investigado por la contraloría, que ha llevado a un expresidente a juicio y que ha seguido con investigaciones inconclusas (Salaverry, 2017). Ahí perdimos el control del recurso gasífero (Dávila & Gamboa Balbín, 2010; Gamboa Balbin et al., 2008).

Debemos asegurarnos de que se hagan buenos negocios y que el gas sea para el consumo nacional. Quienes ahora promueven extraer gas natural de las áreas protegidas (PL N° 14288/2025-CR, 2026) no pueden asegurarnos de que sea para todos los peruanos. Pongamos el caso nuevamente de Camisea. No solo se priorizó el proyecto de exportación de gas del lote 56 en los últimos 16 años, sino que desde que se iniciaron sus operaciones (Repsol, 2010), los beneficios económicos son menores que los que se habrían obtenido si se hubiera consumido a nivel nacional (Ruiz Caro Reyes, 2019). En consecuencia, no hay las condiciones para asegurar el consumo nacional ni que los beneficios del gas lleguen a todos los peruanos. Nada nos garantiza que nuevamente, de manera discrecional, se entreguen nuestros recursos naturales y se tomen decisiones políticas sin ningún contenido técnico, y se apueste por la exportación de tan preciado recurso natural. El mayor reto es el riesgo de la corrupción y el interés de unos pocos en beneficiarse de nuestros recursos estratégicos (Campodónico Sánchez, 2018; Editor CNP2, 2009; Salazar, 2021).

Segunda lección: Si vamos a explotar el gas, que sea a favor de todos los peruanos

En el momento crucial que nos señala que debemos abandonar los combustibles fósiles y transicionar al uso de energías renovables no convencionales (Heinberg, 2009; Ortiz, 2025), es muy polémico seguir apostando por el uso del gas natural, así sea menos contaminante que el petróleo o el carbón. Sin embargo, debemos tener una mirada pragmática de las presiones que generarán los intereses geopolíticos en la región y en la Amazonía (Hegseth, 2026). Si tuviéramos que aceptar una transacción, sabiendo que el impacto ambiental y climático se mitigara satisfactoriamente, una condición sine qua non para la explotación del gas es que todos los peruanos nos beneficiemos y no solo unos cuantos.

Pero ¿cómo es posible que después de 22 años de operaciones del proyecto de gas de Camisea, es decir, desde el 2004, aún este gas no llegue a Cusco o a todo el territorio nacional? El gas de Camisea ha llegado seguramente a México, California o España, o Japón (Urgente24, 2025), pero no a ningún ciudadano de los Andes o la Amazonia, ¿por qué? La frágil infraestructura del ducto de Camisea que conecta con Lima no se debe a una oposición inicial ambientalista, sino a una incapacidad inicial de planificar nuestro crecimiento (Subirana, 2026). No son razones ambientales las que han impedido el crecimiento de la infraestructura del gas, sino más bien la falta de interés político e inversión económica que no ha podido expandir dicha infraestructura. Han pasado más de veinte años y la masificación del gas solo ha logrado extender el acceso a este recurso a la costa peruana de manera muy lenta. Asimismo, los casos de corrupción relacionados con el proyecto del Gasoducto del Sur Andino impidieron que se construyera dicha infraestructura entre 2011 y 2015 (Salaverry, 2017). No son los trámites engorrosos que impidieron que se desarrollara la infraestructura, sino la incapacidad del Estado y la poca visión empresarial en aprovechar el negocio.

No existen las condiciones para que todos los peruanos disfruten del gas. Pues no es solo con leyes que se generan estas condiciones, sino con una institucionalidad pública fuerte y que tenga la capacidad para resguardar nuestros intereses soberanos y, en su caso, use eficientemente nuestros recursos y podamos acceder a ellos. La masificación del gas ha sido una promesa incumplida, por lo que, primero, debería probarse cuáles son las condiciones de inversión para que ello pueda cumplirse en los próximos años. Lastimosamente, en los últimos años, se ha debilitado la capacidad regulatoria del Estado (Vergara & Quiñón, 2023) y es probable que generemos más riesgos para que los intereses parciales se aprovechen de este recurso natural.

Tercera lección: Que un gas barato no nos salga caro

El principal uso ineficiente del gas ha sido destinarlo mayoritariamente a quemarlo y a producir electricidad (Ríos Villacorta, 2012), y no a producir industria, como idealmente se pensó en un primer momento con un polo petroquímico (Barandiarán Gómez, 2008), ni el canon ha terminado por beneficiar a las comunidades circundantes (Pinedo, 2026). El gas de Camisea es sui generis porque tanto el Perú como el consorcio que ganó la licitación liderada por Pluspetrol, no invirtieron en la exploración, por lo que las altas regalías como el bajo precio de venta del gas serían muy convenientes para el Perú y esta situación no se repetiría en otros contratos de lotes. Nuestra economía actual está atada a estos bajos precios e incluso la inflación de Lima sufrirá las consecuencias de un desabastecimiento a futuro (Salazar Herrada, 2026) y a los embates de las tensiones actuales de la geopolítica (Adrian et al., 2026). 

Este regalo de Camisea, excepto el lote 56 —un regalo destinado a la exportación (Dávila et al., 2012)— y los lotes 57 y 58, no se han encontrado más reservas de gas. De hecho, el sistema de promoción de inversiones ha sido un fracaso y se ha acusado fácilmente a la tramitología, a la complejidad de la licencia ambiental, a la consulta previa, a los pueblos indígenas de ser los culpables de este fracaso de promocionar las inversiones petroleras en el Perú. En los últimos quince años el sector hidrocarburos en el Perú está en crisis, y esto se debe, primero, a que es un sistema que no ha podido beneficiar a todos los peruanos. Nadie se identifica con la molécula de gas o petróleo que se extrae de la costa o de la Amazonia. Es más, un negocio de privados. Y, por tanto, no tienen por qué defender el modelo. Segundo, porque los impactos históricos de conflictos socioambientales no se han resuelto. Tercero, acaso Camisea no nos enseña que, siendo una oportunidad para beneficiar a todos, no hay ninguna garantía de que realmente nos beneficie y se hagan las cosas bien a futuro. Camisea tuvo un bajo impacto en el Bajo Urubamba, pero eso tampoco significa que las condiciones allá en el terreno no estén cambiando actualmente. Lo único que no cambió es que siempre se quiso aprovechar Camisea, como sea. No dejemos que se vuelva a intentar ello. 

Lo cierto es que no han existido los incentivos externos para explorar, puesto que los precios del petróleo y especialmente del gas no eran altos como para asumir tales inversiones en la Amazonia. Empresas petroleras junior venían atraídas por Road Shows pero solo venían a especular. Comparando incluso con Colombia, que está en declive en cuanto a inversiones en el sector, el Perú ha perforado 5 pozos en el último lustro y Colombia ha perforado la misma cantidad en el último año.

Los incentivos internos han sido variados, pero también han estado presentes. Es cierto que han aparecido costos, pero Camisea ha sido un buen negocio. Tanto el gas natural como sobre todo el GLP han sido un negocio rentable, pero no ha sido la extracción del crudo (Salazar, 2021). De hecho, vale la pena cuestionarse por qué el consorcio Pluspetrol no ha explorado desde el 2013 todo el lote 88 ya que se les aprobó un estudio de impacto ambiental y hasta ahora no ha perforado los pozos requeridos para encontrar otros Cashiriari o San Martín. Los incentivos han estado presentes, pero son los cálculos empresariales los que han gobernado las exploraciones, dejando de lado los intereses nacionales. 

De hecho, los gremios empresariales han impulsado varias veces facilitar las inversiones hidrocarburíferas, proponiendo modificar la extensión de los contratos a más de sesenta años o reducir las regalías para el Estado, incrementando las potenciales ganancias empresariales y reduciendo las potenciales ganancias del Estado. Los posibles descubrimientos de gas natural ya no serían tan baratos como los de Camisea. Si se intenta modificar el marco legal para ampliar los contratos a más de 40 años o si se pretende reducir las regalías, es con la intención de que el gas de los nuevos descubrimientos sea barato, para incentivar que se explore y se perforen, no donde ya sabemos que hay gas natural. Está todo el cinturón del gas surandino donde se puede seguir explorando y arriesgando para encontrar gas.

Finalmente, se está negociando con TGP ahora una nueva adenda para la concesión por 10 años (Ministerio de Energía y Minas, 2025). TGP ha propuesto modificar una serie de cláusulas del contrato original de transporte del gas y GLP, incluso afectando la integridad corporativa y colocando en sospecha cualquier trato bajo la mesa, generando alguna sospecha de corrupción, en un país que ha estado viviendo este tipo de situación en los últimos años (Cárdenas, 2026). Lo que pretenden es reducir sus costos y aumentar las ganancias. 

Cuarta lección: Ser eficientes y sostenibles

Nuestras élites quieren repetir lo que hicieron con Camisea décadas atrás, lo mismo con el Parque Nacional Bahuaja Sonene, Parque Nacional Manu y Reserva Comunal Amarakaeri (PL N° 14288/2025-CR, 2026). Es por ello pertinente la vieja acusación del perro del hortelano (García, 2007), esa que señalaba a los ambientalistas como los que impedían que los peruanos pudieran aprovechar libremente de sus recursos naturales, aunque era más probable que con preservar nuestra biodiversidad y los derechos humanos, no dejáramos que algunos cuantos se aprovecharan de los bienes comunes y de los beneficios que deben tocarnos a todos los peruanos. Ahora quieren extraer gas sin ninguna garantía de que no haya un impacto en los bosques amazónicos del Perú. Fuera de los argumentos científicos y del alto valor de biodiversidad que tienen estas áreas protegidas, donde habitan comunidades nativas y pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, además de los argumentos constitucionales y legales para su protección, existen argumentos de política que vale la pena resaltar en este contexto tan complejo y de la lucha contra el calentamiento global, pues el mantener nuestro patrimonio natural se vuelve esencial para resguardar lo que nos depara en el futuro en una guerra global por los recursos naturales.

El intentar menoscabar nuestras áreas protegidas no es algo novedoso. Hace más de quince años se intentó reducir la extensión del Parque Nacional Bahuaja Sonene para permitir realizar actividades extractivas en el Candamo. Ha habido otros intentos posteriores (Gamboa Balbín, 2013), y los hechos han mostrado que los riesgos de los impactos ambientales y sociales han estado presentes en estos años por reducir la capacidad regulatoria del Estado:

Primero, nunca se ha comprometido el Estado con mejorar sus estándares ambientales y sociales con operaciones como el ducto de alcance extendido para impedir al máximo el impacto en este tipo de áreas protegidas. Queda a discreción del operador utilizar este tipo de prácticas y no sería una exigencia mayor que la de una buena práctica. 

Segundo, en estos años, se han aprobado normas para debilitar la institucionalidad y la regulación ambiental y su fiscalización y monitoreo. Esta flexibilización trae más series de dudas si el Estado está en capacidad de velar por la seguridad de los objetos de conservación si realiza una operación petrolera en un ecosistema frágil.

Finalmente, si ocurriera un daño, como ocurrió con los derrames de 5500 barriles de petróleo en la Amazonía de Loreto en ríos y bosques amazónicos (Editor Gobernanza y Gestión Ambiental, 2022; Honty, 2016; Oxfam, 2023), o medio millón de galones de petróleo, 12.000 barriles vertidos en el mar peruano en Ventanilla (Fundación Medio Ambiente y Derechos Fundamentales, 2026; Instituto del Mar del Perú, 2026), nada nos asegura que la remediación se realice con la eficiencia requerida. De hecho, la remediación histórica de la contaminación petrolera en Loreto recién se ha iniciado después de 50 años de operaciones petroleras en esa región en 2025.

Reflexiones finales

No estamos en contra de aprovechar el gas natural del Perú, pero sí estamos en contra de que nuevamente se intenten beneficiar algunos con este recurso tan preciado. Esta parece ser la historia del Perú, la historia de las malas decisiones, la historia de la corrupción (Quiroz, 2019). Para evitar ello, generemos un debate transparente, amplio y franco, técnico y con propuestas para que el próximo gobierno pueda tomar decisiones (Alza, 2026). No esperemos que se siembre la idea de nacionalizar Camisea (Editor Caretas, 2026), como ya se ha venido diciendo antes, generando inseguridad jurídica en las reglas de nuestra economía.

La salida fácil a la ruptura del ducto es construir un ducto en paralelo para tener mayor capacidad de transporte del gas y GLP (Gestión, 2026; Tamayo, 2026), y seguro habrá presiones para que el próximo gobierno pueda tomar una decisión que favorezca a las actuales empresas, sin haber hecho ningún mérito para ello. Debería licitarse y generarse una libre competencia en el transporte del gas. Pero sobre todo, evitar que sea opaco o falto de transparencia cómo se entregan las concesiones y responder a una planificación de largo plazo. Así, primero, es necesario tener una política real y estratégica que establezca reglas para priorizar el consumo nacional, que el gas beneficie a todos los peruanos, que el gas sea accesible y barato, y que sea sostenible, es decir, que no se afecte a las áreas protegidas, pues aún hay mucho terreno por explorar. Asimismo, estas medidas deben estar engarzadas en una política que busque la diversificación de nuestra matriz energética; las hidroeléctricas y las energías renovables no convencionales deben pasar por estos criterios de ponderación: seguridad, equidad, rentabilidad y sostenibilidad energética (Gamboa, 2011). El Perú tuvo préstamos con el BID hace 15 años de 360 millones de dólares y se produjeron documentos de planificación (R. GARCÍA Consultores S.A. et al., 2012). Quizás no son buenas recetas, pero para algo deben servir las lecciones aprendidas de lo bueno y lo malo que ya hemos hecho. No volvamos a cometer los errores del pasado. Que el pasado nos enseñe a tomar mejores decisiones pensando en el futuro de nuestros hijos.

Notas

1 En un primer momento, la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, Ley N° 27133 (1999), señalaba lo siguiente: “Artículo 4.- Procedimientos adicionales para la explotación de reservas probadas de gas natural. Adicionalmente a los procedimientos contenidos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el otorgamiento de derechos de explotación de reservas probadas de gas natural, se podrá efectuar según los procedimientos previstos en el Texto Único Ordenado y el Decreto Legislativo N° 674. En todos los casos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: a) Garantizar el abastecimiento al mercado nacional de gas natural, por un período mínimo definido en el Contrato; y, b) Fijar un precio máximo para el gas natural en boca del pozo y precisar los procedimientos para la aplicación de precios y/o condiciones en las ventas de gas natural”. 

Asimismo, esto se reforzaba con lo señalado por el Reglamento de la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural (Decreto Supremo Nº 040-99-EM (1999) sobre la garantía de abastecimiento al mercado nacional de gas natural: «Artículo 2. – Del Abastecimiento al Mercado Nacional De acuerdo con lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 4° de la Ley: 2.1 Se considera garantizado el abastecimiento de Gas Natural al mercado nacional, cuando las reservas probadas del Productor alcancen para abastecer la demanda futura, determinada según lo señalado en el Contrato; para un período mínimo definido en el Contrato de otorgamiento de derechos de explotación de las reservas probadas de Gas Natural, el cual no podrá ser menos a un horizonte permanente de 20 años. El Productor podrá incrementar sus reservas adicionando las obtenidas en nuevos yacimientos. 2.2 Si el mercado nacional de Gas Natural es abastecido por varios productores, la demanda futura asociada al Productor será determinada en proporción directa de las reservas probadas del campo que opera con respecto de la suma de las reservas probadas de todos los campos otorgados por PERUPETRO S.A. 2.3 El Contrato establecerá los procedimientos para cumplimiento del presente Artículo”.

2 “Artículo 1°.- DEL OBJETO Sustituir el numeral 2.1 del artículo 2° del Reglamento de la Ley N° 27133, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-99-EM, por el texto siguiente: «2.1 Se considera garantizado el abastecimiento de Gas Natural al mercado nacional, cuando las reservas probadas del Productor alcancen para abastecer la demanda futura, determinada según lo señalado en el literal a) del artículo 4° de la Ley N° 27133, para un periodo mínimo definido en el Contrato de otorgamiento de derechos de explotación de las reservas probadas de Gas Natural, el cual será determinado a partir de la fecha de suscripción del respectivo contrato de venta de gas para exportación. El Productor podrá incrementar sus reservas adicionando las obtenidas en nuevos yacimientos”.

Referencias

 

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