Foto: DAR
- El proyecto Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho consta de cuatro tramos, de los que el Tramo I ya está construido y el Tramo II se encuentra en elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería, y desde el inicio de su construcción, hace 7 años, sigue sin implementar la consulta previa.
- Líderes indígenas y organizaciones de sociedad civil vienen advirtiendo ante las autoridades los impactos y riesgos potenciales de este proyecto vial, que en su totalidad se superpondría a 19 comunidades nativas y 6 comunidades campesinas[1], áreas naturales protegidas y zonas con presencia de narcotráfico.
Lima, 22 de agosto de 2024.- Representantes de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) llegaron a Lima, desde Loreto, para exigir que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inicie la consulta previa por la construcción del segundo tramo de la carretera Bellavista – Mazán – Salvador – El Estrecho, proyecto vial que recorrería desde Iquitos hasta la frontera con Colombia.
Ello es vital, ya que frente a la construcción del primer tramo se ha registrado una serie de conflictos sociales relacionados a actividades ilícitas y daños ambientales, principalmente, con foco en la comunidad Centro Arenal, del pueblo Huitoto Murui Buee, cuyas autoridades vienen denunciando en medios de comunicación desde el 2015, invasiones a su territorio y daños ambientales[2].
Pedido expreso
El pasado 11 de julio de 2024, ORPIO presentó una petición formal de consulta previa en representación de los pueblos indígenas afectados por la carretera. Sin embargo, y pese a que ya venció el plazo reglamentario, no han recibido respuesta alguna por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
“El MTC debe responder a nuestro pedido y asegurar que todos los pueblos indígenas y sus comunidades que habitan el área de influencia del tramo 2 de la carretera participen en la consulta previa del proyecto. Queremos más oportunidades, pero no más invasiones, deforestación y amenazas”, señala José Murayari, vicepresidente de ORPIO.
Por su parte, la lideresa Zoila Ochoa, lideresa de la comunidad nativa Centro Arenal, manifestó que el MTC viene realizando talleres informativos en su comunidad, a pesar de no determinar ni informar cuándo empezará la consulta previa. “Los señores del MTC deben tener mayor transparencia en las actividades que vienen realizando en el segundo tramo, debe estar claro los plazos, no podemos seguir de taller en taller sin que definan cuándo empezará la consulta y qué medida se consultará”, resalta Ochoa.
Consultar lo importante
Resulta clave también que el MTC defina qué medidas se van a consultar: “El marco legal y los estándares internacionales señalan que la consulta se da desde la planificación de los proyectos, es decir, antes que existan impactos. Hay antecedentes con la Hidrovía, donde se consultó los TDR del Estudio de Impacto Ambiental y cláusulas del contrato de concesión. No se puede retroceder en estándares ya ganados”, sostiene Diego Saavedra, Líder de Proyectos en Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
“Además, recordemos que en cumplimiento de la sentencia N° 29126-2018-Lima, es una obligación del sector consultar a los pueblos indígenas medidas vinculadas a servicios públicos, como son las carreteras”, agrega Saavedra.
¿Buen negocio?
De acuerdo al Estudio de factibilidad del proyecto, el proyecto representa una inversión de más de mil quinientos millones de Soles (S/1 546.4 Millones), con lo que surge el cuestionamiento sobre si el costo del proyecto está justificado, ya que no se cuenta con un análisis que sustente si dicha inversión traerá beneficio a la población local.
Más allá del segundo tramo
Las preocupaciones sobre esta ruta abarcan también lo ambiental, ya que el 60% del trazo proyectado de este proyecto vial de más de 180 km (correspondientes al tramo IV) se superpone a áreas protegidas como el Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa y el ACR Ampiyacu Apayacu[3], incrementando el riesgo de deforestación y degradación de los bosques.
Además, existe preocupación ante el incremento de economías ilícitas, ya que se han identificado zonas cocaleras monitoreadas por DEVIDA en la ribera de los ríos Napo, Amazonas y Putumayo, está última en la zona de frontera con Colombia, en el ámbito del cuarto tramo del proyecto, donde se vienen registrando denuncias en medios de comunicación desde las comunidades indígenas por las amenazas que reciben de grupos armados colombianos al ser parte de la ruta para el tráfico de drogas hacia México y Brasil[4].
Pese a las afectaciones y potenciales riesgos advertidos, el proyecto no considera la pertinencia de una evaluación ambiental integral de carácter preventivo y viene evaluando las afectaciones tramo por tramo, invisibilizando los efectos integrales del proyecto sobre las poblaciones y la biodiversidad.
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[1] Entre ellas, Centro Arenal (Murui Buee), San José (Bora), San Juan de Sinchicuy (Yagua), Centro Arenal (Murui-Buue), Independencia (Kukama Kukamiria), Santo Tomás (Kukama Kukamiria) y San Antonio de Picuro (Murui-Muinani).
[2]https://es.mongabay.com/2021/03/bellavista-el-estrecho-la-carretera-que-ha-traido-invasiones-conflictos-sociales-y-danos-ambientales-en-la-amazonia-de-peru/
[3] La zona de influencia del proyecto se sobrepone también con diversas figuras de protección ambiental y de gestión sostenible del bosque. Atraviesa el Bosque Local Gamitana Cocha (título
habilitante 16-IQU/L-MAD-SD-001-13) y el Bosque de Producción Permanente “Zona 6B”.
[4]https://es.mongabay.com/2022/09/narcotraficantes-y-mineros-ilegales-amenazan-a-comunidades-del-rio-putumayo-en-peru/