En el taller “Infraestructura sostenible en la Amazonía” realizado el 22 de noviembre en San Lorenzo, provincia de Datem del Marañón, los líderes y lideresas indígenas del pueblo Awajún enfatizaron la necesidad de contar con una infraestructura que responda a las necesidades de la población local.
“Necesitamos promover una adecuada infraestructura vial sostenible en la Amazonía, el Estado no está articulando, no entiende la cosmovisión de los pueblos indígenas, entran con sus proyectos a través del plan vial nacional y deforestan los bosques, y eso empobrece la tierra, dejando de ser productiva para los cultivos. Si queremos promover una infraestructura sostenible sin deforestación, sin contaminación ambiental ni violaciones a los derechos indígenas se debe articular con las poblaciones locales, a través de las consultas previas. Es importante que desde las comunidades se haga el seguimiento de esos proyectos ya que contamos con el conocimiento y experiencia para fiscalizar”, así lo refirió Yulia Nantip, tesorera de la organización CHAPI SHIWAG, base de CORPI-SL en el distrito de Saramiriza.
El taller tuvo como objetivo de promover la implementación de infraestructura sostenible en la Amazonía, líderes y lideresas de las comunidades Awajún fortalecieron sus capacidades en el ciclo de inversión, proceso de evaluación ambiental, consulta previa, mecanismo de protección a personas defensoras del territorio y ambiente y la importancia del Acuerdo de Escazú para fortalecer la transparencia y la defensa del territorio
La actividad fue desarrollada por la Coordinadora de Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI SL) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en el marco del proyecto “Gobernanza inclusiva y transparente para una infraestructura sostenible en la Amazonía peruana”, financiado por la Iniciativa Climática y Forestal Internacional de Noruega (NICFI).
Cambios que se requieren para la implementación de una infraestructura vial sostenible
- Asegurar la protección de la vida y derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales en el territorio. Los asesinatos ocurridos contra los defensores y defensoras indígenas del territorio y ambiente son causados por promotores de las actividades ilegales como el tráfico de tierras, cultivo de hoja de coca, narcotráfico y apertura de carreteras sin la debida consulta previa.
- Garantizar la implementación de la consulta previa. La desposesión de los pueblos indígenas y comunidades locales a través del otorgamiento de derechos y autorizaciones de uso de su territorio sin su consentimiento libre, previo e informado.
- Garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el territorio. El desmantelamiento de políticas ambientales y/o violaciones de los derechos indígenas se equipara a crímenes contra la humanidad o a ecocidio.
- Avanzar en la conservación efectiva de los bosques amazónicos. El incremento de la deforestación, durante la pandemia en el 2020, se perdieron al menos 2.3 millones de hectáreas de bosques primarios en los nueve países de la cuenca amazónica, lo que significa un aumento del 17 % en la deforestación con respecto al 2019.
- Fortalecer la prevención y gestión de riesgos de incendios forestales. Solo en 2019 y 2020 quemaron al menos 3 millones de hectáreas de bosque, causando graves daños a la integridad de los ecosistemas.