Por Liliana García y Verónica Portugal
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
En la amazonía profunda la gente está “hecha del río”. Del río viene la pesca diaria, el agua, los recursos para la higiene, el comercio, el transporte, la recreación y la espiritualidad, en especial para los pueblos indígenas que en ella habitan. Y precisamente en grandes ríos como el Amazonas, Ucayali, Huallaga y Marañón, con una extensión conjunta de 2687 km, se realizaría el proyecto Hidrovía Amazónica, con obras de dragado para aumentar el tránsito fluvial.
No obstante, debido a que este proyecto podría afectar la diversidad biológica, la calidad del agua y la seguridad alimentaria, fue altamente cuestionado por los pueblos indígenas, quienes exigen el cumplimiento de los acuerdos de la consulta previa.
Además, el proyecto recibió más de 400 observaciones a su estudio de impacto ambiental[1] debido a graves vacíos técnicos y en diciembre de 2019, al estimar que no se podría cumplir a tiempo con condiciones clave como los estudios ecotoxicológicos, el mismo concesionario abandonó el proceso de evaluación ambiental. Sin embargo, el Ministerio de Transportes viene realizando dichos estudios ya que el proyecto continúa vivo al seguir su contrato vigente, siendo aún un riesgo latente.
Del COVID-19 y otros riesgos
En el ámbito del proyecto Hidrovía Amazónica existen 424 comunidades nativas que dependen hoy más que nunca del río para sobrevivir, dado que el acceso a agua de calidad juega un rol clave en la prevención básica frente al COVID-19, enfermedad que viene agravando el riesgo de estos pueblos ya vulnerables.
Según últimos reportes públicos, los casos confirmados en pueblos indígenas amazónicos en las regiones donde se realizaría el proyecto alcanzaron los 3092 en la región Loreto[2] y los 1433 en la región Ucayali al 16 de julio último[3]. Los casos de contagio a nivel regional se reportan en las 14 etnias que tienen presencia en el ámbito del proyecto, con mayor incidencia en los pueblos Achuar, Shipibo, Kichwa y Kukama Kukamiria.
Frente a esta situación, las organizaciones indígenas representativas en relación al proyecto, AIDESEP, ORPIO, CORPI y ORAU, entre otras, se han declarado en emergencia y movilización permanente[4] dada la gravedad de la situación, por la que vienen solicitando apoyo urgente a un Estado que contradictoriamente demora en atenderlos pero avanza con la reactivación de proyectos de inversión en hidrocarburos, carreteras e hidrovías en sus territorios.
Como muestra de ello, el Estado peruano ha insistido en incluir a la Hidrovía Amazónica en la primera etapa de su plan de reactivación económica, mientras a la par, se viene buscando debilitar importantes mecanismos que protegerían a los ríos y sus defensores.
Por un lado, la ratificación del Acuerdo de Escazú por el Perú viene siendo puesta en el ojo de la tormenta, con una fuerte corriente de desinformación que busca desprestigiar al que se transformaría en el primer acuerdo latinoamericano en pro de la información, participación, justicia ambiental y protección de las personas defensoras del ambiente[5].
Asimismo, el Estado peruano planteó la posibilidad de realizar consultas previas virtuales con los pueblos indígenas[6] como un modo de “destrabar” proyectos de inversión. Ello a pesar de las grandes brechas tecnológicas que enfrentan las comunidades, que no permitirían que esta modalidad funcione, evitando el goce pleno de este derecho indígena amparado en el Convenio 169 de la OIT. Si bien el rotundo rechazo expresado por los pueblos indígenas[7] generó que el Estado diera marcha atrás, esta posibilidad no está descartada en el marco de la reactivación económica.
Lejos de despertar riesgos para los ríos amazónicos y sus defensores, el contexto actual debería impulsarnos a priorizar la vida y salud, con procesos de reactivación económica que no afecten derechos y un enfoque de infraestructura para la vida donde se incorporen las necesidades locales de la población, el componente socioambiental desde la planificación de los proyectos, y se aseguren los mecanismos necesarios para proteger a los defensores de los ríos y del ambiente.
Notas al pie
[1] De acuerdo a Informe N° 00737-2019-SENACE-PE/DEIN
[2] Ver reporte público de DIRESA-Loreto con información de pueblos indígenas, difundido mediante canal oficial en redes sociales, al 16 de julio de 2020.
[3] Ver reporte público de DIRESA-Ucayali con información de pueblos indígenas, difundido mediante canal oficial en redes sociales, al 16 de julio de 2020.
[4] Ver pronunciamiento de AIDESEP y sus bases regionales
[5] Ver beneficios de la ratificación del Acuerdo de Escazú, Certezas sobre el Acuerdo de Escazú, y otros materiales sobre transparencia ambiental desarrollados por DAR.
[6] Declaraciones de la Ministra de Economía y Finanzas María Antonieta Alva, dadas en conferencia de prensa presidencial del 30 de junio de 2020.
[7] Ver como muestra pronunciamiento de AIDESEP