Foto: Ministerio de Defensa
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Plan del Cierre de Brechas para la población del ámbito petrolero de la región Loreto debe ser validado por organizaciones indígenas de Loreto.
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Ejecutivo espera contar con el 69% de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) en fase de ejecución al 2021. Entre los proyectos del PNIC se encuentra la Hidrovía Amazónica.
Lima, 14 de agosto de 2020.- Este martes, el Premier Martos realizó su presentación ante el Congreso, consiguiendo finalmente su voto de confianza. Durante su exposición, entre otros temas, señaló el rumbo de acción de los últimos meses del gobierno de turno para una reactivación económica y social.
Cierre de brechas en Loreto
Tras el último conflicto social en el Lote 95, la presentación abordó entre sus primeros puntos de agenda las medidas previstas para la atención de pueblos indígenas durante la emergencia, anunciando entre ellas la aprobación en los próximos días del Plan del Cierre de Brechas para la población del ámbito petrolero de la región Loreto, el cual prevee la construcción de establecimientos de salud, escuelas, desembarcaderos, proyectos de agua y saneamiento básico y promoción de un ambiente sostenible, entre otros, abarcando 25 distritos loretanos.
Sobre este punto, a pesar de que el cierre de brechas y la incorporación de las necesidades locales es un tema importante, tal como lo confirma el reciente conflicto, es imprescindible que cuente con la validación de organizaciones indígenas regionales y locales, incorporando sus verdaderas necesidades. También, es importante recordar que este Plan nació como demanda de dichas organizaciones en 2019 y que una manera de cerrar brechas en contexto de pandemia es fortaleciendo la supervisión local a partir de los sistemas de vigilancia indígena y adecuar la necesidad de infraestructura a las condiciones locales. Además de voluntad política para aprobar el plan y presupuesto para implementarlo, se necesita legitimidad y participación local.
Panorama en inversiones
El Premier Martos reafirmó el sentido de urgencia con el que se seguirá impulsando medidas de reactivación económica, esperándose invertir cerca de S/ 20 mil millones en lo que resta del año y S/. 35 mil millones para el 2021, de acuerdo a su exposición.
Dichas medidas deben diseñarse asegurando el pleno respeto de los derechos humanos, con procesos participativos y de consulta previa, de tener posibles afectaciones a derechos indígenas, aplicados de manera correcta y oportuna, y previendo medidas para resguardar la vida y salud de los pueblos, sobre todo en el actual contexto.
Recordemos que, en lo que va del 2020, bajo este paquete de reactivación se han dado normas como el Decreto Legislativo 1500, que abría la puerta a mecanismos de participación virtuales a pesar de que no facilitan el diálogo intercultural y no consideran las brechas tecnológicas existentes, y establecía el fraccionamiento y aplazamiento del pago de multas ambientales, entre otros, así como cambios en el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera (DS N° 019-2020-EM).
Es importante recordar que el anterior Premier había adelantado cambios como la reducción de la duración de la consulta previa, la simplificación de los procedimientos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) relacionados con los procesos de autorizaciones mineras y de hidrocarburos, modificaciones en el reglamento de protección ambiental de hidrocarburos y la propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Si bien estos puntos no han sido mencionados en el último discurso, se debe reafirmar que todas las medidas de reactivación y cambios normativos en el sector Extractivo deben realizarse garantizando la vida y la salud, y respetando los derechos de participación ciudadana. Por ello es necesario continuar vigilando los cambios propuestos en el marco de esta estrategia de reactivación.
Infraestructura como norte
Entre sus anuncios, el Premier también señaló que como meta para el 2021 se contaría con el 69% de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad en fase de ejecución. Dicho Plan prioriza 52 proyectos, manteniendo entre ellos a la Hidrovía Amazónica, altamente cuestionado por sus graves vacíos técnicos y potenciales impactos a la seguridad alimentaria y salud de la población local.
Al respecto, Vanessa, especialista de la Asociación Civil DAR, señala: “El Plan Nacional de Infraestructura no contó con una evaluación ambiental estratégica. No incluir el factor ambiental en la planificación del sector Infraestructura puede traer costos a la vida y salud de la población, por lo que se debe integrar en los planes o políticas que se prioricen”.
Ausencias en medio ambiente
Algunos temas ausentes en el discurso de Martos -que apuntarían hacia un verdadero cambio hacia infraestructura sostenible- son el manejo de los impactos acumulativos y sinérgicos de proyectos, la implementación de evaluaciones ambientales estratégicas (EAE); el fortalecimiento de la fiscalización de los impactos sociales por el OEFA, así como el no debilitamiento de su potestad sancionadora y la inclusión de criterios ambientales y sociales, y mejora de la participación en el diseño de proyectos.
Asimismo para la contribuir a la gobernanza de los recursos naturales , es importante la ratificación del Acuerdo de Escazú y la aplicación del nuevo estándar ambiental de la Iniciativa EITI en los informes nacionales de transparencia, que incorpora la transparencia de los gastos y pagos ambientales de las empresas extractivas; la participación activa de actores sociales en políticas y normas de reactivación; y el fortalecimiento del derecho a la participación ciudadana y la consulta previa en el marco de la pandemia.