Por Cristina López Wong
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
“Empoderar, incluir y crecer” es el lema que enmarca los eventos APEC 2024 en Perú, resaltando la importancia de la inclusión económica, la sostenibilidad y la innovación en un contexto de triple crisis mundial (climática, pérdida de diversidad biológica y contaminación), donde los países buscan consensos para avanzar sobre cuestiones claves para abordar la aceleración del cambio climático (Bonn-Alemania), como financiamiento climático, el avance de los compromisos climáticos conocidos como Contribuciones Determinadas a nivel nacional (NDC), la transición energética justa, entre otros temas que se discutirán en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), que se celebrará en Azerbaiyán en noviembre de este año.
Los países del APEC reconocen la afectación del cambio climático en las actividades económicas y han planteado la construcción de una agenda temática que incluye movilización de financiamiento público y privado para lograr la sostenibilidad de las inversiones y el combate de los efectos nocivos del cambio climático. La búsqueda de consenso incluye temas sobre transición energética, financiamiento de riesgos de desastres y desarrollo de infraestructura que mejore la calidad de vida de los ciudadanos.
La experiencia de las economías del APEC muestra que a pesar de las expectativas, las emisiones han continuado incrementándose, por lo que la premisa de que el recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero es compatible con el crecimiento económico no ha encontrado sustento; especialmente si los países no han reducido sus inversiones en combustibles fósiles y no se han implementado medidas de sostenibilidad que eviten la pérdida de los bosques, diversidad biológica y servicios ecosistémicos, en reservas clave como la Amazonía, ecosistema que desempeña un rol crucial frente al cambio climático.
A nivel nacional, a 15 años de las 53 muertes ocurridas durante el “Baguazo” (5 de junio de 2009) por la promoción de una política de inversiones para la implementación del TLC con Estados Unidos, que incluyó la aprobación de normas que vulneraban los derechos de los pueblos indígenas; el Gobierno peruano continúa debilitando los estándares ambientales y sociales de las inversiones, y que, bajo la premisa de disminuir la tramitología, no asegura la calidad de los instrumentos regulatorios ni dimensiona su real impacto negativo en nuestros bosques, diversidad biológica, pueblos indígenas y comunidades locales.
Además, la aprobación de inversiones sin una planificación adecuada ha funcionado como un dinamizador de las economías ilegales y de conflictos sociales, especialmente en los territorios amazónicos.
La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y de eventos como el APEC 2024, donde se inaugurará el Megapuerto de Chancay, nos recuerdan que lo que el Perú necesita es una visión de infraestructura sostenible que permita conservar la riqueza natural de nuestros ecosistemas, incluyendo y respetando la visión de desarrollo de las poblaciones locales e indígenas, con énfasis en una conectividad sostenible adaptada a la realidad de nuestra Amazonía, y no propuestas como la de Pucallpa – Cruzeiro do Sul que estaría impactando negativamente a pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), así como al Área de Conservación Comunal Alto Tamaya-Abujao.
Por ello, en el Día Mundial del Medio Ambiente, hacemos un llamado a nuestras autoridades y congresistas a no debilitar nuestro marco legal ambiental, sino a promover medidas urgentes como la implementación de la concordancia entre el SEIA y el INVIERTE.PE, la incorporación de la gestión del riesgo climático en las inversiones, la conservación de la diversidad biológica y ecosistemas de alta retención de carbono, la respuesta de la infraestructura vial a las necesidades locales, la protección de reservas territoriales y/o indígenas, así como a las áreas naturales protegidas.
Además, el sector transportes debe aprobar e implementar compromisos climáticos (NDC) vinculados a la mejora de la gestión de la infraestructura y la reducción de impactos como la deforestación en la Amazonía peruana, privilegiando mecanismos de participación ciudadana y de ejercicio de derechos indígenas como la consulta previa, libre e informada.