Lima, viernes 19 de junio de 2020.- Este miércoles 17 se realizó el webinar “Reactivando verde. Análisis de las medidas de reactivación económica en proyectos de inversión con un enfoque de derechos”, organizado por la Asociación Civil DAR, como primera edición de su ciclo “Diálogos DARinos”.
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Este conversatorio tuvo como objetivo analizar los impactos sociales y ambientales sobre reactivación económica y poder brindar recomendaciones y observaciones a este proceso desde un enfoque de derechos. Durante el conversatorio, Lizardo Cauper, presidente de la organización indígena AIDESEP, mostró su preocupación por la aprobación de normativas de reactivación económica sin ser consultadas con los pueblos indígenas, mientras que los pueblos indígenas continúan enfrentando una situación crítica frente a la pandemia.
En esa misma línea, Alicia Abanto, Adjunta para Adjunta(e) de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señaló que en una reactivación económica con enfoque de derechos debe cautelarse aspectos de control sanitario, de distanciamiento social pero que esto no implica desconocer la necesidad de que las actividades que tengan incidencia en la vida de los pueblos indígenas sean dialogadas, sometidas a procesos de participación ciudadana y de consulta previa.
Asimismo, señaló tres puntos mínimos para el respeto a los pueblos indígenas en el marco de la reactivación económica: Que las empresas cuenten con autorización previa de las autoridades comunales para las actividades; reconocer que las comunidades tienen derecho a establecer sus reglas para el ingreso y salida de externos a sus territorios; y que la Defensoría reporte los casos de actividades sin condiciones sanitarias.
Por su parte, Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, manifestó que sostuvo reunión con Premier Zeballos para pedir que se conforme una comisión multisectorial entre el Ejecutivo y los pueblos indígenas, para que tengan mayor participación en las decisiones que está tomando el Estado en el marco del actual escenario de reactivación económica. La conformación de dicha Comisión fue aprobada mediante Resolución Suprema N° 005-2020-MC y publicada ayer en el Diario El Peruano.
A su turno, Vanessa Cueto, vicepresidenta de DAR, resaltó que en el marco de la reactivación económica en proyectos de inversión se debe cambiar el enfoque hacia una infraestructura para la vida, que incorpore la vida, salud, respeto de derechos y cuidado del ambiente como valores prioritarios, sin flexibilizar la normativa ambiental y social. También subrayó que aún no se cuenta con una normativa específica para consulta previa en escenario de emergencia.
Ana Leyva, especialista de CooperAcción sostuvo que la pandemia ha resaltado la importancia del problema de ordenamiento territorial, la gestión de territorios y políticas territoriales, las cuales generarían respuestas del Estado más rápidas en un contexto de emergencia como el actual. Asimismo, comentó de los riesgos del DL 1500.
En esa línea, Manuel Glave, investigador de GRADE, resaltó que la planificación de inversiones en el Perú debería basarse más allá del ordenamiento territorial como instrumento de gestión, en las plataformas que utilicen las organizaciones sociales locales y en mecanismos de coordinación institucional. Consideró que estamos ante una oportunidad para la construcción de una nueva institucionalidad, siempre y cuando se reconozca el rol estratégico de las comunidades locales y sus organizaciones de base y que se inicie un proceso de superación de barreras en la coordinación intersectorial.
Frente a lo discutido, el Gobierno peruano debe asegurar que la reactivación de las actividades económicas priorice verdaderamente la salud de las personas, se enmarque en el cumplimiento de los derechos humanos y se desarrolle asegurando la protección del ambiente.