Lima, 1 de octubre de 2020.- En el webinar “¿Hacia qué tipo de desarrollo vamos con el BID?”, Denisse Linares especialista del programa Amazonía de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), aseguró que cada vez hay una mayor convicción de que necesitamos un cambio del modelo de desarrollo. Y es que, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) viene demostrando que el consumo masivo de servicios es obsoleto.
“Debemos mirar hacia otras alternativas como la economía circular, o la economía indígena, incluyendo formas de desarrollo local con la participación de las comunidades locales. La economía indígena, la economía circular son modelos que nos proporcionar soluciones en el ámbito regional. El propio BID lo promueve desde su narrativa, pero debemos ir más allá de eso”, enfatizó Linares.
La especialista de DAR explicó que el cambio en la mirada de desarrollo se hace más necesario en Latinoamérica por ser una región muy desigual, situación que se ha agudizado en el contexto de pandemia. En ese sentido, señaló que el mismo BID habla de un contrato social fracturado y se cuestiona cómo los Estados desarrollan sus políticas y normas sin un diálogo continuo entre todos los sectores. Todo ello genera conflictos sociales, como los ocurridos en Chile, Ecuador, Colombia y Perú, por la falta de acceso a servicios básicos.
“Se ha observado que la región ha crecido, pero en base a la explotación de materias primas y la dependencia de los recursos naturales, lo cual es un riesgo ya que no contamos con un modelo diversificado de la producción. Somos netamente exportador de materia prima”, señaló Linares.
Acotó que otra gran enfermedad es la corrupción generalizada que va del ámbito nacional hasta el local. En ese sentido, indicó que se ha notado una flexibilización de estándares ambientales donde los espacios de diálogo para diversos sectores y la misma academia no está siendo realmente incluida. Así, “puede haber muchas normas, pero no se ven ejecutadas ni implementadas. Nuestra institucionalidad ambiental está debilitada”.
Nueva presidencia del BID
Sobre la reciente elección del estadounidense Mauricio Claver-Carone al mando del BID, Gonzalo Roza de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina señaló que existe un contexto de incertidumbre sobre cómo se plasmarán, en los próximos años, los proyectos financiados por el BID. Esto debido a que tras 15 años de gestión a cargo del colombiano Luis Alberto Moreno, es la primera vez que el banco tiene como cabeza a un candidato estadounidense.
“La forma de operar del BID es a raíz del poder de voto de cada país y Estados Unidos tiene la mayoría, por lo que tiene un rol importante en la toma de decisiones. Se genera un contexto en el que se cree que el BID responderá a intereses norteamericanos. Vamos a tener, en los próximos años, un sistema de confrontación entre China y Estados Unidos a nivel de presencia”, advirtió.
Con la nueva presidencia ya se anunció una modificación interna, que, a decir de Roza, seguramente cambiará la forma de operar del banco, debido a la necesidad de recuperación económica de los países por la pandemia.
“Ya se anunciaba el mundo pospandemia cuando estaban las postulaciones para la presidencia del BID. Y allí hay un factor de riesgo: que el BID ha venido aprobando proyectos muy rápido, que no requiere revisar tantas regulaciones ambientales, sociales, participación pública. Y uno de los factores de preocupación es esa tendencia”, dijo Roza.
Frente a ello, David Cruz, de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia, expuso sobre el importante rol que cumplen las salvaguardas, conjunto de políticas que buscan garantizar que las actividades que capitalicen las instituciones financieras internacionales no perjudiquen a las personas o al medio ambiente.
Así, las salvaguardas permiten identificar, evitar y minimizar el daño a las personas y el ambiente; exigen que los prestatarios (gobiernos y empresas) aborden los riesgos ambientales y sociales como condición para recibir el apoyo de la banca multilateral; y brinda a las comunidades la posibilidad de exigir el respeto por sus derechos.
Explicó que antes de la aprobación de los préstamos debe realizarse un proceso dedebida diligencia socioambiental, donde el banco debe evaluar los riesgos e impactos probables y clasificar el proyecto según su riesgo (A, B, C o F). Además, se debe evaluar la capacidad y compromiso del cliente de cumplir los requisitos de la Política de Sostenibilidad, el marco regulatorio e institucional del país prestatario; así como realizar un seguimiento constante para evaluar el cumplimiento de las mismas.
“En septiembre de este año, el BID aprobó el Nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS), ahora toca la elaboración del plan de implementación. A su vez, desde diciembre de 2020, el BID Invest [ala privada del Grupo BID] revisará los proyectos de inversión con sus nuevas salvaguardas”, afirmó.
Sobre ello, el representante de AAS manifestó que organizaciones de la sociedad civil de la región han coordinado conjuntamente para proporcionar comentarios y recomendaciones al MPAS. Asimismo, destacó la participación de las organizaciones, comunidades afectadas, pueblos indígenas y afrodescendientes en los espacios de consulta del borrador de política. No obstante, el proceso tuvo limitaciones en la participación y tiempos de revisión. “Instamos al BID a consultar a la sociedad civil sobre el plan de implementación”, finalizó.
Por su parte Rigoberto Juárez, coordinador del Gobierno Plurinacional Akateka, Chuj, Q’anjob’al y Popti’, consideró que de la experiencia de los proyectos hidroeléctricos Pojom II y San Andrés, financiados por el BID Invest, el modelo de desarrollo promovido no empata con el modo de vida de sus pueblos.
Finalmente, Enrique Fernández-Maldonado de Perú Equidad alertó que la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) financiada por el BID podría, en materia de derechos laborales, incurrir en una REGRESIVIDAD. Mencionó que entre los posibles efectos de la PNCP sobre los derechos fundamentales se encuentran: eliminación de la estabilidad laboral del ordenamiento normativo y de la jurisprudencia laboral o el uso extendido de los contratos temporales, entre otros.
El webinario “¿Hacia qué tipo de desarrollo vamos con el BID?” fue organizado por la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura y DAR.
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