- El dictamen busca revivir la construcción de la polémica carretera Pucallpa – Cruzeiro Do Sul, observada por el Poder Ejecutivo en el 2021 debido a los graves riesgos ambientales y sociales que podría generar en territorios indígenas, al conectar zonas de narcotráfico identificadas por DEVIDA.
La Comisión de Transportes del Congreso de la República ha publicado el último 2 de abril de 2024 el dictamen, aprobado por unanimidad, que declara de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos y obras de infraestructura en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Puno, Tumbes y Ucayali. Esta aprobación se da pese a la alerta de la Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU – sobre afectación de los pueblos indígenas e incumplimiento del respeto de sus derechos colectivos por la eventual construcción de dichas vías en Ucayali, realizada tanto a través de medios de comunicación abiertos como en una comunicación formal enviada a la Comisión de Transportes, con fecha 15 de marzo de 2024. Además, este dictamen fue aprobado el 11 de marzo, sin que ello figure en el acta de la Comisión, donde se observa que en esta fecha se aprobó el predictamen.
La carretera Pucallpa-Cruzeiro Do Sul que podría disparar el narcotráfico en Ucayali
Entre los proyectos acumulados, enciende las alertas la presencia del controversial Proyecto de Ley N° 01794/2021-CR “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la integración sostenible multimodal entre Pucallpa, departamento de Ucayali y los estados de Acre, Cruzeiro Do Sul en Brasil”. Este proyecto recoge como antecedente el Proyecto de Ley 6486/2020-CR, que fue observado por el Ejecutivo en el 2021 y calificado como “altamentamente inviable” tras el pronunciamiento y denuncia de organizaciones indígenas de Ucayali a través alertas generadas a nivel internacional en medios de comunicación y la comunicación formal enviada al expresidente Sagasti por DAR.
El proyecto generó una fuerte preocupación debido a que el trazo proyectado afectaba el ámbito de la Reserva Indígena Isconahua y la propuesta de la Reserva Indígena Tamaya-Abujao, que protegen a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), así como el Área de Conservación Comunal Alto Tamaya-Abujao. Adicionalmente, la vía propuesta potenciaría el riesgo de actividades ilícitas, debido a su superposición con zonas con alta presencia de narcotráfico identificadas por DEVIDA y en la ruta activa del transporte de droga hacia Cruzeiro do Sul desde hace más de 10 años, con más de 840 hectáreas de cultivos ilegales.
Cabe destacar que entidades públicas como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas y Defensoría del Pueblo han emitido su opinión negativa al mencionado proyecto de Ley, advirtiendo los impactos ambientales y sociales así como el exceso en las funciones del Legislativo en relación a la creación y aumento de gastos públicos con la propuesta de integración multimodal, el incumplimiento con las reglas para la estabilidad presupuestaria y el principio de Equilibrio Presupuestario contemplado en la Constitución Política del Perú. Por su parte, el Ministerio de Transportes ha señalado que en 2013 se rechazó el perfil del proyecto, toda vez que, entre otros, el trazo propuesto por el Perú no contaba con la opinión favorable de Brasil, y que actualmente no se encuentra dentro de los proyectos programados por Provías Nacional.
Pese a todos los riesgos advertidos por los pueblos indígenas y a las opiniones negativas sectoriales, el Ministerio de Cultura consideró viable con condiciones dicho proyecto de ley; solicitando la integración de dos disposiciones finales en el dictamen, referido a asegurar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Sin embargo, consideramos que ante el contexto relacionado al narcotráfico en la zona y los impactos potenciales señalados, la adición de dicha disposición es insuficiente para garantizar la seguridad de los pueblos indígenas. Como resultado de una eventual implementación de esta vía y la insuficiente presencia policial y militar que resguarde el territorio y a la población local, el narcotráfico crecerá aceleradamente en el territorio.
Con la aprobación del dictamen, la Comisión de Transportes no ha tomado en cuenta las preocupaciones y rechazo de los pueblos indígenas a esta iniciativa legislativa. Asimismo, ignorando las opiniones negativas del ente rector del sector transportes, así como del MEF y otras entidades, y en base a un débil análisis costo – beneficio, que excluye del mismo a los impactos directos e indirectos, así como los costos ambientales y sociales, la Comisión pretende declarar de necesidad pública e interés nacional este conjunto de propuestas de carreteras.
Otros proyectos de ley con riesgos para la Amazonía
Así también, el dictamen incluye otros proyectos viales de preocupación para sociedad civil y pueblos indígenas, tales como:
- El Proyecto de Ley N° 6960/2023-CR “Ley que declara de interés nacional la pavimentación del corredor vial de la carretera que comprende Pucallpa – Nuevo Italia – Nueva Victoria – Sawawo – Breu, del departamento de Ucayali”. Esta propuesta se superpone con alrededor de 40 comunidades nativas de pueblos indígenas, con la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira y que además incluye la ruta UC-105 de la carretera Bolognesi-Tupac Amaru-Nueva Italia-Puente Sheshea, una carretera ya aperturada en cuyo trazo se ha reportado la presencia de cultivos ilícitos y pistas de aterrizaje identificadas por DEVIDA y un estudio de teledetección elaborado por ORAU-Propurús-DAR, respectivamente.
- El Proyecto de Ley N° 6625/2023-CR “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la carretera San Lorenzo-Saramiriza (Datem del Marañón-Loreto), que se encuentra superpuesta al Abanico del Pastaza, el mayor complejo de humedales en la Amazonía con importancia internacional, y generar el incremento de actividades como la tala y caza ilegal, así como vulnerar los derechos territoriales los pueblos indígenas Kandozi, Achuar y Kichwa.
Desde DAR alertamos sobre los riesgos ambientales y la afectación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas en los departamentos de Loreto y Ucayali, y rechazamos que, pese a los riesgos en sus territorios, no han sido convocados a la elaboración y discusión de estos proyectos de ley, ni se ha respetado el proceso al derecho a la consulta previa legislativa reconocido en la Ley de Consulta Previa y reglamento.
Por lo señalado, instamos a la Comisión de Transportes, reconsidere el dictamen aprobado, excluya y archive los Proyectos de Ley N° 1794/2021-CR, 6960-2023/CR y 6625-2023/C.
Asimismo, los proyectos de ley con potencial impacto sobre los derechos de los pueblos indígenas y el ambiente, deben ser derivados a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, a la luz de los riesgos que implican. Adicionalmente, estas iniciativas legislativas deben ser sometidas al proceso de consulta previa legislativa y contar con la participación efectiva de los pueblos indígenas, en atención a la sentencia del Poder Judicial que exhorta al Congreso de la República a acatar la obligación de modificar su reglamento para realizar la consulta previa de proyectos de ley que puedan impactar en los derechos de los pueblos indígenas.