Lima, 16 de septiembre de 2020.- Durante este mes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentará sus nuevas salvaguardas. Sociedad civil y organizaciones de pueblos indígenas ha brindado sus recomendaciones y preocupaciones sobre el último borrador presentado por el banco y demandan que su contenido final garantice los derechos indígenas, como a la consulta previa y al consentimiento.
Para conversar y evidenciar el impacto de salvaguardas que hagan efectivos los derechos, en la reciente edición de “#AmazoníaEnVIVO” denominada “Desafíos de las salvaguardas del Grupo BID” en la nueva normalidad. En el conversatorio organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), se trataron los efectos del marco de política socioambiental del BID en los casos del PTRT3 y en Ixquisis, en Perú y Guatemala, respetivamente.
Consulta y género en Ixquisis
En el país Centroamericano, se vienen desarrollando los proyectos hidroeléctricos Pojom II y San Andrés con financiamiento del BID Invest, ala privada del Grupo BID. Estos proyectos se desarrollan en la microrregión de Ixquisis, habitada en gran medida por los pueblos Maya Chuj, Maya Q’anjob’al y Maya Akateka. Rigoberto Juárez, coordinador del coordinador del Gobierno Plurinacional Akateka, Chuj, Q’anjob’al y Popti’ y defensor de derechos de pueblos indígenas resaltó la importancia de que se tome en cuenta visión de los pueblos indígenas al momento de planificar proyectos de inversión. “El banco habla de un desarrollo, pero no se dice para quién, es la falsa idea que se dice a la población”, manifestó Juárez.
Acerca de los beneficios que consideran podría tener los proyectos para las comunidades agregó que cuando “la empresa inicia sus operaciones en el territorio, observan más desigualdades, problemas, amenazas, muertes, persecuciones, criminalización y violaciones a los derechos fundamentales de la población. El proyecto aún está por instalarse y ya hay problemas, hay una depredación de los bienes naturales”.
El defensor indígena guatemalteco sostuvo que en Ixquisis no se realizó consulta previa, sino que se trató de una “imposición de un proyecto que no respeta los estándares internacionales a los que Estado de Guatemala está comprometido, como el Convenio 169 de la OIT”.
En el caso de las naciones originarias ellos realizaron su proceso de consulta comunitaria de buena fe sobre dichos proyectos energéticos, donde “un 99.8% de la población dijo no a este tipo de proyectos. Y esa consulta propia de los pueblos no es considerada ni por la empresa ni por el Estado”, dijo. Por lo que considero urgente que respete la decisión de los pueblos en este tipo de proceso. Además, exigió a todos los involucrados del caso Ixquisis (Estado, empresa y BID), “si existen daños [en el proyecto], lo que tiene que hacer inmediatamente es la reparación de los daños ecológicos, comunales, sociales, económicos y culturales”.
Por su parte, Rosa Peña, abogada del programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Sociedad Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) fundamentó que no existe un planteamiento respecto a la cuota de género en Ixquisis. Solo por citar un ejemplo, han evidenciado la relación cercana de las mujeres con el agua, siendo claves en el proceso de resistencia y liderazgo, pero no se les considera cuando se afectan sus territorios.
Según los testimonios de las mujeres de zona, adicionalmente a los daños generados en los ríos y en el recurso hídrico, a causa de la construcción del proyecto, existe un temor en “recorrer el territorio por los fenómenos de militarización” para la protección de las obras, o debido a las amenazadas por hombres extraños a la región. Manifestó, además, en el caso de los impactos diferenciados se concretan, por ejemplo, cuando se presentan enfermedades en el hogar al asumir las mujeres el cuidado de sus familiares, o cuando sus familiares con criminalizados y deben asumir la defensa judicial.
En ese sentido, subrayó que las salvaguardas del Grupo BID deben garantizar se superen las brechas de género e incluir análisis intersectoriales. “Los bancos de desarrollo deben respetar los derechos de las comunidades. Hay que cambiar la dinámica del desarrollo. Hay que resaltar la importancia de la consulta previa. Creo que con la modificación de las salvaguardas del BID y el cambio de su presidente hay una gran oportunidad para fortalecer su compromiso con la rendición de cuentas y el desarrollo de las comunidades que habitan los territorios donde se ejecutan sus proyectos”, puntualizó.
Monitoreo, presencia en la planificación de proyectos
En el marco del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú – III Etapa (PTRT3), el vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Richard Rubio conversó sobre sus lecciones aprendidas para el fortalecimiento de las salvaguardas del BID.
Por ejemplo, acotó que la necesidad de un monitoreo constante y la fiscalización en todas las etapas del proyecto, así como el desarrollo e implementación de estudios de tráfico de tierras. Del mismo modo, que se involucre a las comunidades en el diseño para que se determinen acciones concretas en las comunidades. Asimismo, que en caso de la titulación se mejore las coordinaciones con los gobiernos regionales para la participación de todos los actores.
Destacó que en el caso del PTRT3, el BID han mantenido reuniones de coordinaciones con AIDESEP para cumplir con la meta, siendo un reto el trabajo campo, el diálogo entre los sectores que deben garantizar el proceso y que se consideren sus demandas. Por ello, solicitó fortalecer la “coordinación articulada, el monitoreo y la fiscalización permanente al proyecto. Se debe dialogar para dar soluciones. No debemos esperar a que haya un problema para recién iniciar el diálogo. El fin no es la titulación, sino ver las posibilidades de mejorar la calidad de vida [de las comunidades]. Tiene que haber proyectos alternos”.
El BID es actualmente el mayor inversionista en América Latina y en el Perú tiene 34 proyectos con créditos aprobados por un valor de US$ 2 198 040. Según información del BID, el financiamiento en el Perú se ha dirigido principalmente en los sectores de Transporte con US$ 560 millones, promover procesos de reforma y modernización del Estado con US$ 436.6 millones y salud con US$ 425 millones.
Cabe recordar que, en 2018, la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE, por sus siglas en inglés) del BID, hizo una evaluación de cómo estaban ejecutando las salvaguardas en el periodo 2011-2017 y los hallazgos demostraron que en más del 70% de los proyectos no se cumplían con estas políticas aun cuando estas eran aprobadas.
“#AmazoníaEnVivo es una nueva apuesta virtual de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) para conversar sobre los principales temas que afectan a la cuenca amazónica. Estén atentos a una próxima edición.
Si te perdiste la segunda edición de #AmazoníaEnVIVO puedes ver aquí.
