- Organizaciones indígenas regional, nacional y subnacionales remiten sus comentarios al BID.
Lima, 7 de agosto de 2020.- El Banco Interamericano de Desarrollo da por cerrado la fase de consultas al segundo borrador de su política socioambiental. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y sus bases nacionales, así como movimientos sociales como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), organizaciones de sociedad civil nacional e internacionales y coaliciones regionales han presentado sus comentarios al banco a la espera que su nueva política socioambiental garantice los derechos humanos y proteja el ambiente.
Esto en medio de lo que será una agresiva promoción de inversiones para reactivar la economía a causa de la COVID-19 en la región, una de las más golpeadas por los actos de corrupción en los últimos años, la más peligrosa para quienes defienden el territorio, como los pueblos indígenas. Una región donde no es casualidad que el incremento de los conflictos socioambientales esté ligado a la superposición de proyectos de inversiones de infraestructura y extractivos sobre áreas naturales protegidas, territorios indígenas y reservas para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.
Por ello, sorprende que dada la coyuntura no se cuente con salvaguardas para afrontar la expansión del COVID-19 y la crisis que se viene generando, sobre todo en disposiciones para proteger y atender a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, como los pueblos indígenas y pueblos en aislamiento y contacto inicial (en Perú ya hay 58 infectados del pueblo Nahua), que no cuentan con planes específicos de atención (sanitaria, educativa, económica) de los Estados de la región, ni con protocolos de relacionamiento, lo que significa también responder a una estrategia pospandemia y catalizar recursos para ello.
LA VOZ DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA REGIÓN
Organizaciones indígenas como COICA, AIDESEP, y sus bases nacionales como el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) enviaron sus recomendaciones al BID enfatizando se respete sus derechos territoriales y formas de vida. Además, requirieron la inclusión expresa de sistemas jurídicos indígenas y la adecuada regulación de sus derechos de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, solicitaron el reconocimiento expreso del derecho de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial a la intangibilidad de sus territorios y a realizar actividades de aprovechamiento de recursos -y otras actividades ancestrales- en diferentes áreas.
La inclusión del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas de manera fidedigna al contenido del Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas, como se señaló líneas atrás es uno de los más prioritarios. Otra preocupación en el borrador de salvaguardas es que se vea mermado el derecho a la identidad indígena, debido al concepto que propone el BID por pueblos indígenas, detalla una serie de requisitos contrarios a los estándares internacionales. Por lo que exigen se respete su derecho a la identidad mediante una regulación acorde al artículo 1 del Convenio 169 de la OIT -respecto a quiénes pueden ser considerados como pueblos indígenas- y exigieron que el BID establezca compromisos y obligaciones claras dentro de su Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS).
LA VOZ DE SOCIEDAD CIVIL Y LA REGIÓN
Las organizaciones Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), como integrantes de la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, los colectivos como IDB Working Group, la CGTP y organizaciones de sociedad civil de la región como Fundar, Centro de Análisis e Investigación han continuado con el seguimiento a dicho proceso, presentado observaciones a cada una de las normas de desempeño, enfatizando aquellas sobre derechos laborales, la consulta y consentimiento de los derechos indígenas, sobre los mecanismos de evaluación ambiental, entre otras. Además de reiterar el contexto por el que pasa la región, y sobre el cual el BID no evidencia una reflexión adaptando sus normas ambientales y sociales a las necesidades, demandas y amenazas que vive Latinoamérica, debido a la intensificación de inversiones con bajos estándares.
DAR, como mencionó en su anterior comunicado, recomienda y enfatiza la incorporación de manera expresa -y con mecanismos efectivos- de los estándares reconocidos en instrumentos internacionales; la exigencia de que el BID elimine su regulación basada en medidas declarativas y establezca obligaciones claras; que los compromisos en torno al cambio climático no solo abarquen a los Estados, sino también al BID; que garantice la seguridad e integridad de los pueblos indígenas mediante el reconocimiento del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado; y la adecuación de su regulación sobre derecho al trabajo y condiciones laborales en base a los estándares internacionales de instrumentos internacionales como los convenios y recomendaciones de la OIT cuyo eje central es el reconocimiento de la dignidad del trabajador.
En el actual contexto, el BID tiene el reto de ser un referente que apuesta por las inversiones sostenibles y el respeto de derechos, lo cual se agudiza con el cambio de presidencia donde se pretende cambiar la tradición de que provenga de América Latina que vele por los intereses de la región.
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