Ante las observaciones del Ejecutivo, la Comisión Agraria del Congreso de la República aprobó un dictamen de insistencia a la autógrafa recaída en los Proyectos de ley n.° 649/2021-CR, 894/2021-CR y 2315-2021 con texto sustitutorio: “Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal”.
Dicho dictamen presenta una disposición complementaria final en la Ley Forestal que modifica las reglas del cambio de uso de la tierra, creando áreas de exclusión para fines agropecuarios, exonerando requisitos de cambio de uso de la tierra así como la exclusión de la evaluación de las tierras por su capacidad de uso mayor.
Lejos de atender un problema social (como se ha expuesto sobre agricultores ocupantes en áreas deforestadas), se agudizarían otros problemas del territorio como la ocupación sin filtros ni criterios. Asimismo, abre la puerta a posesionarios (la norma no indica si actuales y futuros) que se podrían instalar en áreas forestales; permitiría mayor facilidad para entregar certificados de posesión (que la Ley forestal incluía solo a propietarios), contradiciendo la propia ley, la cual prohíbe el otorgamiento de tales títulos o certificados de posesión. En particular, al eliminar los requisitos de cambio de uso e incluso excluir la evaluación de las tierras por su capacidad de uso mayor, se favorecerían las actividades agropecuarias o agroindustriales al no verse obligadas a cumplir tales requisitos. Siendo así una norma (autógrafa) con enfoque anárquico al quitar los criterios técnicos y reglas solo para condonar y dejar impunes a ciertos sectores.
El 23 de noviembre de 2022, la junta de portavoces del Congreso de la República exoneró el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso (en adelante Comisión de Pueblos). Esta exclusión contradice el acuerdo del Pleno del Congreso de agosto del mismo año, cuando se debatió la autógrafa de ley, la cual mediante cuestión previa envió el proyecto a la Comisión de Pueblos para recoger sus aportes y evidenciar su impacto sobre los derechos de los pueblos indígenas así como también sobre los bosques y el medio ambiente.
Desde DAR se compartió el análisis legal del impacto de la autógrafa a cada una de las Comisiones vinculadas en el Congreso (Comisión Agraria y Comisión de Pueblos)[1], además se envió una carta[2] exhortando a que la Junta de Portavoces respete el acuerdo del Pleno del Congreso, considere el dictamen de la Comisión de Pueblos y recoja la posición y análisis de los pueblos indígenas a quienes esta propuesta de autógrafa de ley afectará directamente, sobre todo en lo referido a su derecho al territorio.
Desde las organizaciones indígenas se emitieron varios pronunciamientos: AIDESEP, ORPIO, ORAU, ONAMIAP, en rechazo a la autógrafa, donde exigen que deben pasar por consulta previa libre e informada y también alertan que se pone en riesgo los territorios indígenas, recordando que la Ley Forestal fue consultada ampliamente a los pueblos indígenas como resultado de las mesas de diálogo establecidas tras los lamentables sucesos de Bagua en el año 2009.
Así también, más de cien organizaciones indígenas y de la sociedad civil se pronunciaron exigiendo al Congreso de la República archivar dicha autógrafa. De igual manera, DAR envió una carta a la Presidencia del Congreso de la República trasladando este pronunciamiento[3]. En la misma línea, en diciembre del 2022 DAR realizó un análisis complementario sobre el dictamen de insistencia de la Comisión Agraria del Congreso, que busca la aprobación de esta autógrafa de ley en el pleno del Congreso. Para ello, envió este análisis a la Comisión de Pueblos del Congreso de la República, presidida por la congresista María Elizabeth Taipe Coronado.
Cabe señalar que a la fecha la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente[4] han señalado los riesgos y vacíos de la propuesta considerando que la pérdida de bosques asciende a 2,774,562 hectáreas en el periodo 2001-2021[5]. Es vital que tanto el Ejecutivo y el Legislativo contemplen la magnitud del daño que ocasiona la propuesta de modificatoria.
En un posible debate ante el Pleno del Congreso de dicha autógrafa, debido a la ampliación de la Legislatura del Congreso de la República al 2023, es necesario contar con el dictamen de la Comisión de Pueblos así como las opiniones y análisis desde los pueblos indígenas.
[1] Ver: https://dar.org.pe/normas-que-impactan-bosques-analisis-de-la-reciente-norma-que-debilitaria-la-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre/
[2] Ver: https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2022/11/Carta_PronunciamientoVF_Congreso.pdf
[3] Ver: https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2022/11/Carta_PronunciamientoVF_Congreso.pdf
[4]Ver pronunciamientos de instituciones:
https://twitter.com/defensoria_peru/status/1563692262302818304?s=24&t=xIVa2vPrxI8kx7VOcOZYmw, https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1595909066177785857?s=19 https://twitter.com/midagriperu/status/1563668835630305281?t=n39TavNVxifiHZuAnLpASw&s=08
https://twitter.com/MinCulturaPe/status/1563702301176565761?t=loITGI1REMpW0ST7npjBQQ&s=08 https://twitter.com/MinamPeru/status/1563910414798229506?t=DIpfyKJBUV0Tl0_FiJhpgg&s=08 ,
https://twitter.com/MinamPeru/status/1563642707079155712?t=mz-0ICg2i9Z-ecXN0TTrUg&s=08
[5] Fuente PNCBMCC-MINAM