Por Ciro Salazar Valdivia
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
El 28 de julio último el Ministerio de Economía publicó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), el primero de su tipo en el país, enmarcado en la consecución de tres objetivos según lo propone el documento: Desarrollar el mercado interno, fomentar el acceso al mercado externo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del acceso a servicios básicos.
El PNIC estima una brecha de infraestructura a largo plazo o total (2019-2038) -resultado de comparar al Perú con países de la OCDE, para los sectores Transportes, Comunicaciones, Riego, Electricidad, Agua, Saneamiento, Salud y Educación- que valoriza en S/.363 mil millones (el 44% corresponde al sector transportes). Asimismo, presenta una brecha a corto plazo que valoriza en S/. 117 mil millones.
Cuadro N° 1. PNIC: Brechas estimadas y Proyectos Priorizados
Fuente: Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, MEF, 2019. Elaboración propia.
El PNIC se enfoca en atender la brecha de corto plazo, para lo cual identifica 52 proyectos prioritarios (7 de ellos ubicados en la cuenca amazónica) a partir de la cartera de iniciativas propuestas por los sectores, por un valor total de S/. 99 mil millones. Estos proyectos se encuentran en fase de pre inversión o ejecución contractual.
Dada la importancia del sector Transportes, llama la atención que al día de hoy el país no cuente con una Política de Servicios Logísticos, nivel estratégico de planeamiento en base al cual deberían enmarcarse los proyectos de transporte, y sobre la cual se tiene una propuesta preliminar desde el 2014, elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Volviendo al PNIC, este promueve la implementación de Gerencias de Proyectos, e introduce la figura del Nuevo Contrato de Ingeniería, propuesto por el gobierno británico como parte de su asesoría al plan, herramientas que contribuiría a una gestión más eficiente de proyectos.
Sin embargo, podemos decir que el PNIC difícilmente representa un aporte sustancial en términos de estándares de planeamiento de proyectos: a) no fue consultado con sociedad civil ni organizaciones indígenas, b) carece de criterios de sostenibilidad ambiental y social para la priorización de proyectos, c) se basa en la lista de proyectos formulados por sectores (perpetúa los vicios actuales de planificación), d) no contribuye a potenciar la generación de ventajas competitivas (no se promueve infraestructura pública para investigación, desarrollo e innovación), e) no promueve mecanismos más amigables de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas ante sociedad civil, f) no se realizó una Evaluación Ambiental Estratégica, tal como lo manda la normativa ambiental peruana y a pesar que el BID propone este tipo de herramientas, habiéndola financiado previamente, por ejemplo, en el Plan Nacional Energético del 2014.
Por otro lado, en el marco de la sostenibilidad ambiental, uno de los principales aportes del PNIC debió ser la priorización de proyectos de inversión para recuperar o mantener el Capital Natural, o infraestructura natural como es abordado en el plan, es decir, aquellos bienes y servicios ecosistémicos que benefician a las personas y sus medios de vida, mediante la provisión de agua, regulación del clima, polinización, control de la erosión de los suelos, mantenimiento de la calidad de suelos agrícolas, protección frente a desastres, etc., lo que no se incluye.
Sucede que el PNIC entiende que la sostenibilidad ambiental solo tiene que ver con la gestión de riesgos ante el cambio climático, olvidando que aquella también comprende lo referente a impactos directos e indirectos en el ambiente y personas, de proyectos y actividades económicas, y por supuesto la gestión del capital natural. Es decir la aplicación de un enfoque socioecológico tal como desde DAR lo hemos planteado en otros espacios[1].
Al respecto, el PNIC se limita a anunciar que el Ministerio del Ambiente desarrollará una propuesta metodológica para incorporar la gestión de riesgos frente al cambio climático en la priorización de proyectos lo cual se implementaría en una siguiente versión del plan. Adicionalmente, llama la atención que cuando se menciona a la infraestructura natural, se entiende no como un aspecto vital a considerar sino como un atributo de calidad.
Esta diferencia no es menor. Para el Banco Mundial el capital natural es un “activo esencial” y por ende, su medición debería ser incorporada en el PBI. Así, el PNIC plantea un escenario de business as usual en este aspecto; pero creemos que se debe pensar ya en cómo invertir y contabilizar el capital natural, no solo porque el Perú es un país altamente vulnerable al cambio climático (MINAM 2016), sino porque alberga operaciones del sector extractivo a gran escala, que se desarrollan en zonas altamente sensibles y que proveen diversos servicios ecosistémicos vitales para mantener los medios de vida de la población local y que trascienden sus beneficios a la población en general. Entendemos que no es algo sencillo, pero la realidad nos obliga a hacerlo.
Finalmente, creemos que el PNIC es más una lista de proyectos priorizados que un plan; y que no se adecúa a estándares internacionales, al no incluir una EAE y carecer de indicadores de sostenibilidad ambiental. Además, no ha sido dialogado con organizaciones de sociedad civil.
Desde DAR, haremos llegar nuestras recomendaciones al PNIC publicado, tanto en aspectos que pueden fortalecer la gobernanza de proyectos de infraestructura como en otros de carácter más técnico, para contribuir a priorizar proyectos por su impacto social y ambiental.
[1] https://dar.org.pe/noticias/se-inicia-consulta-previa-del-reglamento-de-la-ley-de-cambio-climatico/