Escribe: Rodrigo Orcotorio Figueroa.
Equipo Regional de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, organización miembro de la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación
Conocer la situación real de los proyectos de infraestructura en transporte (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos) y las futuras obras que mejoren la conectividad y competitividad de los territorios amazónicos, además de los avances realizados en el marco de la suscripción del Pacto de Leticia en respuesta a los incendios forestales que amenazan la integridad y modelos de vida de los pueblos indígenas, fueron algunos de los puntos tratados en el “I Congreso Empresarial Amazónico” (CEA 2019) a través de la participación de ministros de Estado, el pasado 4 y 5 de octubre en la ciudad de Pucallpa.
El evento también sirvió para que el presidente Martín Vizcarra pueda enmarcar una futura agenda en favor de las principales regiones amazónicas (Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, entre otras) a través de una propuesta modelo de planes nacionales de infraestructura y promoción de la competencia que siga los lineamientos y directrices de la Política General del Gobierno y el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC).
Sin embargo, a pesar de que en el CEA 2019 se diera a conocer las buenas intenciones por realizar proyectos con enfoque sostenible para la Amazonía, se omiten determinados factores que impactarían en el diseño e implementación de las políticas de inversión pública en infraestructura como los intereses y demandas de los pueblos indígenas y la degradación del medio ambiente generada por el impacto de proyectos de conectividad y operatividad.
Pueblos indígenas y las políticas de promoción en infraestructura
El reconocimiento de los pueblos indígenas como grupos colectivos, especialmente vulnerables, los hace acreedores de ciertas prerrogativas reflejadas, por ejemplo, en el derecho a la libre determinación del desarrollo (Convenio N° 169 de la OIT). Es decir, ostentan la capacidad de organizarse y tomar decisiones sobre todo aquello que pueda afectarles, sin la interferencia del Estado o terceros. Inclusive es responsabilidad de los Gobiernos promocionar espacios comunicativos y de diálogo y hacerles partícipes, si así lo decidieran.
Contrario a ello, muchas de las políticas estatales que promueven proyectos de infraestructura e industrias extractivas, en territorios amazónicos, no han evaluado y/o integrado las demandas y necesidades de los pueblos indígenas desde la etapa de diseño, implementación y seguimiento. Esto genera múltiples afectaciones al contenido esencial de sus derechos, toda vez que los exponen a situaciones de constante peligro para su integridad, vida y salud y atenta contra la adecuada planificación y gestión de las políticas públicas con incidencia sobre derechos humanos.
Por lo tanto, a pesar de la existencia de estudios que identifican la gravedad de los impactos generados por los megaproyectos de infraestructura, se repiten los mismos fenómenos que menoscaban la participación de los pueblos indígenas. Siendo la instrumentalización del derecho a la participación y consulta previa una actividad recurrente para obtener el consentimiento de dichos pueblos como medio para desarrollar actividades extractivas y no como un fin.
Medio ambiente e infraestructura: principales problemas
Por otro lado, el Estado peruano, con el fin de promover lazos de interconexión y comunicación, ha elaborado el PNIC que busca mejorar las oportunidades para el desarrollo estratégico de proyectos de infraestructura de acceso que pueda unir los territorios amazónicos con el litoral peruano.
Asimismo, el PNIC establece lineamientos específicos para la creación de una agenda conjunta que promueva infraestructura sostenible, pero olvida cuestiones esenciales sobre la constante afectación y/o degradación de los territorios y el medio ambiente en general. Tal fenómeno se agrava debido a la poca experiencia del Estado en asegurar una planificación adecuada y sostenible en megaproyectos hidroeléctricos y/o carreteras, tal como sucedió con la Interoceánica Sur.
Los fenómenos surgidos entre la afectación del medio ambiente y los proyectos de infraestructura ha sido estudiada desde diversos enfoques obteniendo conclusiones alarmantes por la disminución de la cobertura boscosa en la Amazonía a partir de proyectos extractivos (minería, gas natural y petróleo) que, naturalmente, utilizan infraestructura de acceso para movilizar las ingentes cantidades de productos.
Tabla: Cobertura boscosa de la Amazonía 2000 y 2001-2016
[table td1=”País” td2=”Pérdida porcentual (2001-16, con relación al 2000)” td3=”Pérdida porcentual promedio anual 2001-2016“] [td1] Bolivia [/td1] [td2] 6.30[/td2] [td3] 0.39 [/td3] [td1] Brasil [/td1] [td2] 8.90 [/td2] [td3] 0.56 [/td3] [td1] Colombia [/td1] [td2] 4.00 [/td2] [td3] 0.25 [/td3] [td1] Ecuador [/td1] [td2] 3.60 [/td2] [td3] 0.23 [/td3] [td1] Perú [/td1] [td2] 3.00 [/td2] [td3] 0.19 [/td3] [td1] Venezuela [/td1] [td2] 2.90 [/td2] [td3] 0.18 [/td3] [td1] Promedio [/td1] [td2] 4.78 [/td2] [td3] 0.30 [/td3] [/table]
Fuente: Global Forest Watch (GFW) 2018
Conclusiones
En definitiva, las pretensiones del Gobierno para la Amazonía basadas en la promoción y fomento de infraestructura deben adaptarse a las demandas que tienen los pueblos indígenas, sobre todo reconocerse su derecho a la libre determinación y participación en la elaboración de las políticas públicas sobre empresas y derechos humanos.
De igual modo, y no menos importante, el Estado debe considerar las afectaciones ocasionadas sobre el medio ambiente relacionadas con la disminución de la cobertura boscosa y la degradación de los suelos a través las consecuencias negativas generadas por las actividades ilícitas (tala y minería ilegal, tráfico ilegal de especies, etc.) surgidas por la promoción de proyectos extractivos y que se ven beneficiadas por las infraestructuras de acceso.
Publicado también en Coalición Regional por la Transparencia y la Participación.