Escribe: Denisse Linares.
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
En enero pasado China informó al mundo la expansión de la COVID-19, la que en cuestión de días sometió a la humanidad a la pandemia más letal de la historia. Como un fenómeno único, el virus, no solo ha generado emergencias sanitarias, también ha remecido las economías más fuertes del mundo como la de La República Popular China (RPCH)[1], uno de los principales socios estratégicos de América Latina[2].
Las inversiones chinas en la región se concentran principalmente en materia prima y en la generación de la infraestructura. Por ello, las zonas con mayor presencia de capitales chinos son aquellas con las condiciones para la extracción de recursos, por ejemplo, la Amazonía o los Andes, zonas donde habitan la mayor tasa de pueblos indígenas.
En ese sentido, reflexionaremos sobre el impacto de la presencia del país asiático en territorios indígenas, la cual no ha implicado necesariamente desarrollo y generación de servicios básicos. Zonas donde la precariedad y la desatención a los pueblos indígenas, incluso antes de la pandemia, frente los impactos socioambientales, está cobrando ahora más vidas a pasos agigantados.
Las organizaciones indígenas como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y sus bases vienen realizando esfuerzos para evidenciar la necesidad de contar con protocolos, y medidas específicas y diferenciadas para los pueblos indígenas frente a la pandemia.
China y la pandemia en una región socialmente desigual
China mantiene una larga tradición de relaciones con la región, su presencia se extiende al comercio, financiamiento, cultura, educación, tecnología y desarrollo de proyectos de inversión. Además ha reiterado su interés a través de tratados bilaterales, documentos estratégicos como el Libro Blanco, también ha incluido a Latinoamérica y el Caribe (LAC) en el proyecto La Franja y la Ruta, y en espacios como el Foro China-CELAC.
En cuanto a Argentina, Colombia y Perú, los documentos bilaterales suscritos con China plasman su interés en sectores específicos, como el minero, energético, agrícola y forestal para afianzar el intercambio comercial. Una relación claramente desigual, pues la región provee a China con los principales recursos para el desarrollo de su sociedad, a cambio de importarlos con valor agregado. De igual modo sucede en el ámbito cultural y educativo, donde solo se aprende de China, y no de forma recíproca[3].
Con el impacto económico que causaría el virus en China, los expertos señalan que este priorizará salvar su economía, lo que implicará una reducción de la inversión extranjera directa de la RPC en países de LAC. Aunque poco se menciona sobre la continuación de dichas inversiones, solo en mayo, China concretó la compra de la empresa eléctrica Luz del Sur del Perú. Aún en tiempos de pandemia China reitera su presencia en la región.
Otro tema poco evidenciado a la luz pública sobre las empresas chinas son los riesgos ambientales y sociales que está generando en Latinoamérica[4]. Su creciente presencia en ecosistemas frágiles, donde habitan principalmente pueblos indígenas –como en la Amazonía, la Patagonia argentina, los Andes, entre otros– implica la degradación de los suelos, la deforestación, reducción y contaminación de los recursos hídricos, y amenazas en la seguridad de la vida de las comunidades locales[5]. Impactos que han sido alertados en los proyectos Cóndor del Mirador y Coca Codo Sinclair en Ecuador, en la represa Teles Pires y Sao Manoel en Brasil, el Lote 58 en Perú, entre otros.
A esto se suma la ola de incendios en bosques de la Amazonía, cuyo origen está vinculado a la expansión la frontera agrícola para la exportación de soja, siendo su destino principal China.
Toda esta evolución de China en territorios indígenas, no ha significado la generación de servicios básicos, desarrollo local intercultural y respeto de derechos humanos, sino una evidente ausencia de las instituciones públicas, vacíos y transgresiones normativas[6], donde los estados tampoco han invertido y ni planificado. En “América Latina, la población indígena supera los 45 millones de personas, poco menos del 10% de la población total de la región, por lo cual, es la zona de mayor densidad demográfica indígena del planeta[7]”. Sobre este territorio, las inversiones chinas representaban el 77% del total de inversiones en la región, en 2014.
En medio de estos riesgos y deficiencias en territorios indígenas, llega un virus desconocido para la ciencia y que sin las condiciones de sanidad básicas es capaz de terminar con la vida de las personas en cuestión de días. En países como Brasil, Perú y Ecuador, la COVID-19 está avanzando con mayor rapidez que las respuestas de los estados y sus precarios sistemas de salud. Para la tercera semana de mayo, en Brasil, se contagiaron 114 843 pobladores indígenas; en Perú, 7911; Bolivia, 6549; Colombia 2771 y Ecuador 992; a su vez, las muertes ascendieron a 6094, 641, 220, 65 y 30, respectivamente[8].
Pueblos indígenas frente a inversiones chinas de gran escala
“La historia ha enseñado que los virus externos traen devastación[9].”
La situación de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica ha sido marcada por la desatención de los principales servicios que garanticen y respeten sus derechos humanos. Frente a ello, los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas como la COICA y sus bases (organizaciones nacionales y locales) de los países de la cuenca, han logrado articular propuestas y acciones para mejorar los contextos de cada pueblo.
Por ejemplo, debido a desatención de los estados para enfrentar al COVID-19 en los pueblos indígenas, organizaciones como AIDESEP, lograron que la ONU reconozca su pedido ante la negligencia del gobierno peruano para enfrentar el virus[10] , la COICA ha lanzado su Fondo de Emergencia para la Amazonía con el con el objetivo de recaudar y canalizar recursos a las comunidades. Con ello, se evidencia que las capacidades y voluntades políticas no están garantizado el ejercicio y protección de los derechos indígenas, quedando como los más expuestos frente a deficiencias estructurales.
Es así como, la vulnerabilidad de los pueblos indígenas aumentan en tiempos de pandemia. Por mencionar dos situaciones tenemos los casos en Perú y Brasil. En el primer país, su departamento con mayor población indígena amazónica, Loreto, es una de las más golpeadas por la pandemia. Cuenta con 105 900 habitantes indígenas[11], pero solo el 11.5% tiene acceso a agua potable; mientras que el 22,1% a electricidad, situación de desigualdad en comparación con la población no indígena. Los informes oficiales reportan 4335 contagios[12] y 296 fallecidos, aunque los médicos locales señalan que las cifras reales son más de 800 personas aproximadamente. La principal causa de esta crisis se le puede atribuir a la negligencia política, un ejemplo de ello es que en 2019 el Gobierno Regional de Loreto, invirtió solo el 45% del presupuesto total para obras públicas.
En Brasil, el escenario es más complejo y grave. Jair Bolsonaro con su discurso negacionista sobre el virus, conveniente a los intereses económicos, y un público rechazo a los pueblos indígenas, ha intensificado la letalidad de la COVID-19. Manaos, ubicada en el estado de Amazonas, ahora es la ciudad más afectada. Solo el estado de Amazonas alberga a 16 de los 82 pueblos indígenas no contactados y a 65 pueblos indígenas, siendo la mayor cantidad del país. A esto se suman, los deficientes servicios básicos, como agua potable e infraestructura sanitaria que no terminan por llegar a cada comunidad, esta suma de variables, “ha llevado el caos al corazón de la selva”, relata la BBC.
Es importante mencionar que una de las raíces de estas carencias se encuentra en la corrupción instaurada en los organismos públicos, mal que afecta a toda Latinoamérica y el Caribe. Cómo entender que a pesar del crecimiento económico de los últimos años debido a la crecida de la exportaciones de materias primas y la inversión en proyectos de infraestructura, energía (la mayoría liderados por empresas chinas) no se haya superado las desigualdades sociales y económicas que tienen los pueblos indígenas en relación al resto de la sociedad en Brasil y Perú. Por el contrario, se han flexibilizado las normas y se han debilitado instituciones de fiscalización y control, provocando un débil seguimiento a las relaciones público privadas.
Conclusiones y recomendaciones
Los problemas de los pueblos indígenas, no se limitan a la crisis actual por la COVID-19, pues se tratan de problemas que requieren soluciones estructurales, con planificación. La pandemia, ha mostrado el peor lado de esas deficiencias, pero podrían ser el motivo o la excusa para que las políticas de los estados desarrollen nuevas formas de acortar la desigualdad con los indígenas, donde el sector privado nacional e internacional juega un rol a partir de sus compromisos.
China se ha expandido de acuerdo a sus intereses, pero la región no ha propuesto los suyos. Las organizaciones de sociedad y las organizaciones indígenas vienen articulándose para generar propuestas concretas, y pueden asumir este liderazgo en base a una articulación de incidencia hacia los gobiernos y la banca internacional. En base a ello, algunas de las principales recomendaciones serían las siguientes:
- Concretamente el gobierno Chino en conjunto con las organizaciones indígenas amazónicas deben generar un documento oficial de compromisos para el cumplimiento y respeto de estándares internacionales en materia de derechos humanos y normas ambientales en el marco de la generación de proyectos. Asimismo, que estos sean acompañados con programas de desarrollo local, que prioricen la salud, generando una responsabilidad compartida entre el Estado y el privado.
- Incluir a las organizaciones indígenas en las negociaciones bilaterales, así como sus recomendaciones ya desarrolladas, lo que representa una oportunidad para que los Estados y las empresas chinas inicien la articulación con los pueblos indígenas. Además del reconocimiento y garantía de los derechos humanos como pueblos indígenas.
- Por otro lado, es necesario que el gobierno Chino genere puentes y espacios de diálogo, con las organizaciones indígenas y los Estados para un mejor reconocimiento, resolución e implementación de mejoras de la presencia del país asiático en cada territorio de la Amazonía.
En este contexto de pandemia y ante la potencial amenaza de la flexibilización de estándares socioambientales para superar la crisis financiera que ya vienen afectando al mundo, estas propuestas resultan pertinentes y urgentes. De lo contrario se pueden generar mayores riesgos en la degradación de ecosistemas por el avance de las inversiones a gran escala. Por ello, es necesario identificar responsabilidades y responsables para exigir y desarrollar soluciones.