Transición Energética en América Latina: El Doble Desafío del Abandono Fósil y el Nuevo Extractivismo

por | May 27, 2026 | Cambio Climático, DAR Opina, Energy Transition, Noticias, transición energética

Denisse Linares Suárez

Programa Sostenibilidad, DAR

Santa Marta, Colombia, fue sede en abril de la primera Conferencia Para Dejar Atrás los Combustibles Fósiles. Este encuentro es parte del compromiso asumido por Colombia y Países Bajos en la Declaración de Belém en la COP 30 (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2025) pero principalmente es un hito para las organizaciones civiles, indígenas, campesinas, afrodescendientes, quienes proponen una nueva configuración energética para América Latina y el Caribe. El evento sentó las bases para la cooperación continua entre naciones, abordando los desafíos fiscales, de financiamiento, los riesgos del extractivismo, entre otros aspectos sustanciales. Entre las acciones concretas, la Conferencia estableció un Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET), el cual tiene el desafío de sintetizar las perspectivas y propuestas del Sur Global. El primer reporte será presentado en la COP 31 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, s. f.).

La Conferencia, es un primer consenso para eliminar, progresivamente, el carbón, el gas y el petróleo, abordando especialmente la crisis climática, los impactos negativos socioambientales y la dependencia económica. Hoy en día, las industrias de los combustibles fósiles, son los principales causantes de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI); la degradación de ecosistemas y vulneración de derechos; como es el caso de las comunidades mashiguenga de Perú, quienes sufrieron impactos en su salud, tras el rompimiento del ducto de gas de Camisea[1] (Silva, 2026) (Gamboa, 2026). A su vez, los combustibles fósiles mantienen la vulnerabilidad económica de la región, en caso de un aumento del 10% del precio del petróleo, la inflación en América Latina se incrementaría, afectando los precios de combustibles, fertilizantes y otros insumos (Rodriguez, 2026). Países como Perú, Chile, República Dominicana, están condicionados por los precios de Estados Unidos, debido a que es su principal proveedor de petróleo refinado (The Swiss voice, 2023) (Observatorio de Complejidad Económica (OEC), 2026). Es así que, la región tiene una relación de vulnerabilidad ambiental, económica y social, con los combustibles fósiles, por lo que es necesario trazar una ruta hacia las energías alternativas y aptas para los territorios de la región.

Foto: Nicole Gomez/DAR

En ese contexto, Santa Marta renueva las expectativas para generar modelos energéticos democráticos para la región, mediante la autogeneración y distribución de energías alternativas (Bertinat, 2026; Preciado, 2025). Esto permitirá un sistema de toma de decisiones justo (Valencia, 2008) donde los consumidores se vuelvan productores, respetando los límites de la naturaleza y los derechos humanos para limitar el aumento de la temperatura al 1.5 C. Actualmente, existen iniciativas como en Perú, donde algunas comunidades de la región de Loreto, a través de un sistema de gobernanza comunal, han instalado paneles solares para el desarrollo de actividades productivas y básicas (DAR, 2025) fortaleciendo la autogestión de la comunidad. En Colombia, se está desarrollando un marco normativo para promover comunidades energéticas a baja escala, que reduzca el monopolio del mercado eléctrico, disminuya las tarifas y fortalezca el tejido social (Preciado, 2025, p.7). Así, la generación distribuida[2], surge como una estrategia de transición justa gracias a tecnologías que se adaptan a las condiciones territoriales (RLIE, 2026). Frente a la intermitencia de estas fuentes, la región puede prescindir del gas, implementando sistemas de almacenamiento de baterías, explorando alternativas como digitalización de redes inteligentes[3] para garantizar el suministro estable, autónomo y de gestión comunal.

Sin embargo, estos cambios enfrentan una serie desafíos, pues el desarrollo de energías renovables, implica el uso de minerales como el litio. Hoy en día, Chile es el segundo productor de litio[4] a nivel mundial (Bazan, 2025). A pesar de ello, este liderazgo no ha implicado cambios sustanciales para el país del Sur, manteniéndolo en un rol de enclave exportador de commodities y sin generar valor interno para las comunidades (Plataforma Ciudadana “Más que minería”, 2025). Además de ello, la industria de las tierras raras en Chile, se está desarrollando en base a la flexibilización de los estándares ambientales para proyectos que deben ser sometidos a calificación ambiental, generando conflictos socioambientales, debido a las afectaciones al agua y ecosistemas frágiles como los salares (Yurisch et al., 2026). Es decir, el modelo extractivista, en lugar de ser cuestionado, se ha mantenido vigente entre los discursos que pregonan las oportunidades que brindan las renovables para la transición; por lo que el desafío es planificar pensando en la integración regional, protegiendo los bienes comunes, en contraposición al modelo mercantilista de producción.

En la misma línea, otros sectores proponen posicionar al gas como un combustible para la transición, principalmente debido a su rol de proveedor de potencia para las energías renovables (E. A. Rodriguez & Yépez-García, s. f.) (Shell, 2025). Esto ignora los graves impactos ambientales del metano, cuyo potencial de calentamiento global en un horizonte de 20 años es hasta 80 veces superior al dióxido de carbono, consolidándose como el segundo causante del cambio climático (United Nations Environment Programme and Climate and Clean Air Coalition, 2021). La insistencia por el gas incrementa la vulnerabilidad económica y ambiental de la región, al no incentivar competitividad con energías alternativas y atrapándola en activos varados (Marques, 2025). No obstante, el sector empresarial del Perú promueve cambios regulatorios, como el Proyecto de Ley 14288/2025-CR, para explotar yacimientos de gas en zonas como el Parque Nacional Bahuaja Sonene. Sobre este caso, en diciembre de 2025 el Poder Judicial ordenó cancelar la promoción de actividades de hidrocarburos al reconocer la incompatibilidad entre la explotación de gas y las áreas naturales protegidas. Esta decisión sienta un precedente jurídico frente a los argumentos de tendencia extractivista que niega la presencia de los pueblos en aislamiento y contacto inicial; así como las mismas propiedades ecosistémicas de las ANPs. (Lopez & Padovani, 2026). La desconexión entre del sector empresarial contradice los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París, Diversidad Biológica y el Compromiso General sobre el Metano, alejándonos de las oportunidades reales de transición.

Foto: Nicole Gomez/DAR

A partir de estas reflexiones y ante la evidente diversidad de ecosistemas y contextos políticos, resulta clave profundizar en la integración regional energética de América Latina y El Caribe. Las lecciones aprendidas de iniciativas como la Alianza del Pacífico frente al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) demuestran la necesidad de superar la planificación coyuntural para avanzar hacia cambios estructurales (Guerrero, 2020). En la ruta hacia modelos energéticos propios, el abandono de fósiles no puede verse aislado de los impactos de la industria minera. Por ello, la integración debe priorizar la protección de ecosistemas estratégicos como la Amazonía, los salares andinos, los páramos, paralelamente que impulsa la diversificación productiva para reducir la dependencia histórica de los commodities.

Ante ello, la alternativa para la transición energética, no puede ser reemplazar un extractivismo por otro (RLIE, 2026). Sin duda, este camino trae consigo retos económicos, tecnológicos, políticos, ambientales y sociales, pero indispensables si realmente creemos y queremos transitar hacia modelos más sostenibles, innovadores, de justicia social y climática para lograr visiones de desarrollo compartidas como región.

Notas

[1] El rompimiento del ducto de Camisea se produjo en el mes de marzo del año 2026 (Gamboa, 2026)

[2] “La generación distribuida, incrementa la eficiencia, aumenta la confiabilidad del sistema, optimiza el uso de los recursos, disminuye la contaminación ambiental y reduce el tamaño de las plantas. Todo esto, hace posible que se pueda llevar energía eléctrica de bajo costo a los habitantes de regiones remotas que no forman parte del sistema eléctrico interconectado (Democratización de la energía)”. (Valencia, 2008, p. 1).

[3] “Una red eléctrica inteligente utiliza tecnologías digitales y otras tecnologías avanzadas para monitorear y gestionar el transporte de electricidad desde todas las fuentes de generación, con el fin de satisfacer la demanda variable de los usuarios finales. Minimiza costos e impactos ambientales”. (Agencia Internacional de Energía, 2025) (Iberdrola, 2017)

[4] El litio cumple la función de almacenar la energía generada por fuentes renovables durante los períodos de alta producción y liberarla según la demanda si la producción disminuye. (Teague, 2022)

 

 

 

Referencias bibliográficas.