Por: Gabriela Soto
Programa Cambio Climático y Bosques
El pasado 9 de agosto, se presentó la primera parte del Sexto Informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Sus conclusiones sobre la situación actual del planeta han encendido una alerta mundial. El informe de los 234 autores de 66 países, 517 autores contribuyentes y la revisión de 14 000 estudios científicos aproximadamente, nos da una clara advertencia: si no se toman acciones ahora, nuestra supervivencia y la de las nuevas generaciones están en peligro. La última oportunidad para hacer cambios reales que impacten a favor del planeta se remite a esta década.
Entre los hallazgos más resaltantes del informe se encuentran los siguientes:
1. Se responsabiliza de manera directa a la especie humana del calentamiento global (la atmósfera, los océanos, la tierra) y de los cambios en el sistema climático.
2. Se muestran evidencias de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos como las olas de calor, las fuertes precipitaciones, las sequías agrícolas, la reducción de glaciares y hielo del ártico, entre otros, los cuales ya vienen afectando a diversos países.
3. Se prevé que la temperatura mundial podría superar el 1,5 °C en 20 años.
4. Ante el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), los sumideros de carbono oceánicos y terrestres serán menos eficaces para frenar el incremento de carbono (CO2).
5. Muchos cambios ocasionados por el incremento de emisiones de GEI, pasados y futuros, son irreversibles, especialmente los cambios en el océano, las capas de hielo y el nivel global del mar.
6. La única alternativa para estabilizar el clima requiere de una reducción sostenida de las emisiones de GEI que permita alcanzar el cero neto de emisiones en carbono (CO2), pero también de otros gases como el metano (CH4).
7. Si no se reducen las emisiones de GEI de manera inmediata y a gran escala, limitar el calentamiento a 1.5 °C o incluso 2 °C será un objetivo inalcanzable.
Sin embargo, en un mundo en el que resulta imprescindible y vital reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases para frenar el incremento del calentamiento global, parece que la humanidad lleva una tendencia contraria. Desde hace muchos años, diversos informes científicos alertaron sobre la catástrofe que sería para el planeta el incremento de la temperatura superior a los 2°, 3° y 4° C. Y si bien encontramos hitos climáticos a destacar como el Acuerdo de París en 2015, en la práctica, solo se quedaron en compromisos por parte de los países, poco se ha hecho por convertirlos en acciones concretas y priorizar esfuerzos para su implementación.
¿Responsabilidades compartidas por este resultado?
Si hablamos de responsabilidades y acciones urgentes para contribuir al esfuerzo de reducción de emisiones de GEI que requiere el planeta para garantizar nuestra supervivencia, debemos partir del reconocimiento de cuatro aspectos importantes a considerar:
1. A nivel mundial, son solo unos pocos países los que concentran la mayor cantidad de emisiones de GEI; entre ellos, países como China, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, la India, Rusia, Japón, Alemania, Indonesia, entre otros.
2. El cambio climático no afecta a todos por igual. Las características geográficas y socio-económicas determinan que algunos países sean más vulnerables que otros al impacto de eventos climáticos extremos.
3. Asimismo, de acuerdo al Índice de Riesgo Climático Global (IRC) al 2021 de la organización German Watch, los países en desarrollo son los más afectados por el cambio climático porque son más vulnerables a los efectos perjudiciales de un peligro, pero tienen una menor capacidad para hacerle frente.
4. Existe una “deuda climática” que hace referencia a la deuda que los países desarrollados tienen con los países en desarrollo por el daño causado por sus contribuciones desproporcionadamente grandes al cambio climático (emisiones de GEI).
En ese sentido, los resultados de este informe son un llamado a los principales países emisores de GEI para realizar esfuerzos reales que contribuyan a la reducción de sus emisiones. De esta manera, descarbonizar las economías, logrando la neutralidad de las emisiones de carbono en el más corto periodo de tiempo. Un aspecto clave para ello es el cambio en el modelo energético actual, considerando que este sector contribuye con más del 75 % de las emisiones globales de GEI, y que requerirá, con urgencia, una transición energética, optando por nuevas formas de generación de energía provenientes de fuentes renovables.
Pero también deben ser motivo para una férrea exigencia y monitoreo de diversas organizaciones en el cumplimiento de sus compromisos climáticos asumidos ante el Acuerdo de París; especialmente, la obligación de los países desarrollados de proporcionar recursos financieros a los países en desarrollo, a fin de reparar esta “deuda climática” que, si bien fue adoptado en 1994 en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), recién en la COP15, realizada en el 2009 en Copenhague se convirtió en números, comprometiéndose a movilizar al menos 100 mil millones de dólares anuales para el 2020.
Y es que el tema del financiamiento climático es una parte clave para la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) en los países menos desarrollados, transformar sus economías hacia bajas emisiones de carbono y también para apoyar a pagar los daños y perjuicios derivados de los impactos climáticos. Lamentablemente, hasta la fecha, esta obligación de los países desarrollados no viene siendo cumplida a cabalidad.
De acuerdo a un informe reciente de la organización LATINDADD sobre la movilización global de financiamiento climático, el flujo anual promedio para los años 2016-2018 fue de 69.400 millones de dólares, de los cuales para América Latina y el Caribe (ALC) solo llegó un 17 % (12 mil millones de dólares). Otro hallazgo encontrado fue la distribución desigual del financiamiento que llega a ALC, siendo un 72 % orientado a mitigación, un 19 % a adaptación y un 9 % para ambos, motivo por el que urge canalizar más financiamiento para las medidas de adaptación, especialmente en regiones altamente vulnerables como ALC.
Vulnerabilidad del Perú y avances en la gestión del cambio climático
Nuestro país presenta siete de las nueve características reconocidas por la CMNUCC, que lo posiciona como un país con ecosistemas particularmente vulnerables al cambio climático. El impacto para la población peruana se da en diversas aristas: una de ellas es la afectación al principal suministro de un elemento vital para la vida: los glaciares. De acuerdo a Armando Valdés, investigador de la Universidad Cayetano Heredia, el agua que llega a nuestro hogar depende de glaciares y bofedales altoandinos, por lo que la desglaciación que viene ocurriendo, es una amenaza directa para nosotros debido a la importante reducción del flujo de agua en los ríos.
Valdés también menciona que la Amazonía depende de cierta temperatura, vientos y precipitación. Si esas condiciones cambian, se pone en riesgo las características y supervivencia de los ecosistemas que alberga. De acuerdo a las proyecciones del IPCC (2021) para la zona andino amazónica, se incrementaría la intensidad y frecuencia de precipitaciones extremas e inundaciones para un nivel de calentamiento global de 2 °C o más. Asimismo, prevé que incremente la duración y la frecuencia de las sequías.
En la última década, Perú ha desarrollado diversos instrumentos nacionales para hacer frente al impacto del cambio climático, tales como: la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Estrategia de Bosques y Cambio Climático, y la Ley Marco de Cambio Climático y su Reglamento. También adoptó compromisos climáticos (NDC) ante la comunidad internacional, que son considerados como instrumentos para la gestión de cambio climático; obligatorios y vinculantes a los sectores involucrados. Como parte de estos compromisos se establecieron 92 medidas de adaptación y 62 medidas de mitigación en las NDC y a fines del 2020, se determinó que la meta climática del país sería reducir el 40% de emisiones de GEI al 2030 y reducir la vulnerabilidad en siete áreas temáticas priorizadas: agua, agricultura, pesca y acuicultura, bosques, salud, transporte y turismo.
Algunos retos y desafíos para enfrentar el cambio climático
La implementación de los instrumentos previamente mencionados presenta diversos retos a superar, uno de ellos es un mayor involucramiento sectorial para el cumplimiento de las responsabilidades determinadas por ley. Por ejemplo, de acuerdo con César Ipenza, especialista ambiental, todavía no se incorpora la gestión de riesgos ante los efectos del cambio climático, así como criterios de identificación de medidas de mitigación y adaptación en los proyectos sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), una obligación establecida en el 2019 por el Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático.
Por otro lado, las medidas de mitigación identificadas como compromisos climáticos sólo cubren un 23,3 % de lo comprometido, dejando una brecha de 16,7 % por superar, para cumplir con nuestra ambición ante la comunidad internacional. Resulta necesario identificar medidas adicionales, especialmente, para abordar la deforestación que contribuye al sector Uso de la Tierra, Cambio del Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS) como principal emisor de GEI a nivel nacional y que, de acuerdo a los datos del 2020 de la Plataforma GEOBOSQUE, presentó un incremento de casi 37 % de pérdida de bosques respecto al 2019, teniendo un total de 203,272 ha deforestadas.
Para César Ipenza, ello también requiere el establecimiento de acciones en el territorio que no vayan en contra de las metas planteadas como país para reducir emisiones como, por ejemplo, la iniciativa del Poder Legislativo de ampliar los procesos de formalización minera. Estos procesos atentan la lucha frontal contra la minería ilegal, generan un gran deterioro al ambiente, entre ellos la deforestación y destrucción de los bosques amazónicos, promoviendo así una actividad que no contribuye a las metas establecidas como país para hacer frente al cambio climático.
Esta problemática y otras visibilizan lo importante de que tanto las políticas y estrategias nacionales, así como las medidas NDC aborden a los principales drivers de deforestación, entre ellos la expansión de la infraestructura, la tala y minería ilegal, entre otros. Ello debe motivar a recoger propuestas, no solo del Estado sino también de actores no estatales, como la propuesta de medida NDC que busca minimizar los impactos acumulativos y sinérgicos de la infraestructura vial en los bosques amazónicos y que viene siendo impulsada por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), desde 2019.
Un aspecto fundamental en la lucha contra el cambio climático en el país es poder finalizar el proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, cuyo horizonte temporal será al 2050 y que establecerá el camino para lograr la adaptación al cambio climático y convertirnos en un país carbono neutral. En relación a la adaptación, consideramos que Perú dio un paso importante con la aprobación del Plan Nacional de Adaptación, en junio del presente año, que tiene como principales objetivos de reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de adaptación de las personas y sectores más vulnerables de la sociedad al 2030 y 2050.
Finalmente, un punto crítico será la adecuada gestión en la ejecución del financiamiento que llegue al país para enfrentar el cambio climático. Es crucial que la cooperación internacional reevalúe el mejor mecanismo/enfoque para que los fondos climáticos tengan el impacto esperado en el territorio y cumplan con los objetivos trazados, pero que reconozca también la importancia en el equilibrio de la distribución del financiamiento y que prioricen salvaguardar la vida de su población y la preservación de sus ecosistemas. Para ello, es necesario que el financiamiento no solo esté vinculado al enfoque de pago por resultados, sino también se incline por apoyar los esfuerzos del país en generar condiciones habilitantes para la implementación de las medidas de mitigación y adaptación identificadas que permitan continuar con las acciones para enfrentar este grave problema que nos amenaza.