El pasado 6 de abril, se realizó el evento de presentación de una nueva medida NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas, por sus siglas en inglés) asociada al sector Uso de la Tierra y Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS), como propuesta desde sociedad civil, con el fin de contar con una infraestructura vial sostenible para lograr la reducción de gases de efecto invernadero en la Amazonía peruana.
El evento denominado “Propuesta de una nueva medida UTCUTS: Mejora de la gestión de la infraestructura vial para mitigar sus impactos como motor de la deforestación en la Amazonía”, fue iniciado por Isabel Gonzales, coordinadora del programa Cambio Climático y Bosques de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), quien resaltó la propuesta desde sociedad civil.
“Este es un aporte construido desde la sociedad civil, requerimos que la infraestructura vial se planifique para reducir los impactos sobre nuestros bosques, recurso valioso para hacer frente al cambio climático”, expresó.
Asimismo, la presentación fue desarrollada por Luzidnya Cerrón, Eduardo Rojas, Fanny Enciso y Javier Montoya, miembros del equipo responsable de la elaboración de esta propuesta y quienes fueron los encargados de presentarla.
Luzidnya Cerrón, Ingeniera agrícola, comentó que, a nivel nacional, Perú ha perdido por deforestación 2 millones 284 972 hectáreas (2001-2018) a causa de la deforestación. De esta cifra, 1 millón 255 516 corresponde a la pérdida en las regiones de Loreto, San Martín y Ucayali, lo que representa el 54 % del total de pérdida de bosques en el Bioma Amazónico. Debido a estas cifras, se propone que esta nueva medida se implemente, inicialmente, en las regiones de Loreto, Ucayali y San Martín.
“De este millón 255 516, unas 251,737 Ha se asocian a la deforestación causada por la expansión de carreteras. Esto ocurre por la falta de planificación en infraestructura vial, la ausencia de mecanismos de supervisión y fiscalización en la ejecución de estas obras y porque el cambio climático no es contemplado en los instrumentos de planificación, entre otros factores”, añadió Cerrón.
Esto ocasiona una serie de impactos negativos como el desplazamiento de especies endémicas, la fragmentación de bosques y pérdida de ecosistemas, por lo que es necesario que las medidas de mitigación requieran de un enfoque de intervención temprana frente al cambio climático.
Regiones en peligro
La situación alarmante fue expuesta por la ingeniera ambiental Fanny Enciso, quien informó que Loreto, en el periodo 2001 al 2018, perdió 56,813 Ha de bosques por la ejecución de proyectos viales. De seguir por el mismo camino, se podrían perder 33,921 Ha de bosques entre el 2019 y el 2030.
Algo similar ocurre en Ucayali, que perdió 82,808 Ha de bosques debido a proyectos viales, mientras que la región San Martín ha perdido 112,116 Ha de bosques por la misma causa. Ambas regiones podrían perder 30,004 Ha y 32,952 Ha, respectivamente, en el periodo 2019-2030.
A su turno, el economista Javier Montoya explicó que la propuesta también incluye una evaluación económica que permite cuantificar monetariamente los beneficios de la implementación de esta iniciativa. “Es necesario medir cuánto le costaría al Estado, o a la empresa privada implementar un proyecto vial sostenible. Aquí el principal inversionista sería el Estado Peruano, por lo que los beneficios serían percibidos principalmente por sus ciudadanos”, detalló.
Por último, como panelistas se contó con la presencia de Kattia Layche Florián y Robert Hualcas, directores ejecutivos de Gestión Estratégica Ambiental de los Gobiernos Regionales de Loreto y San Martín, respectivamente, quienes saludaron la propuesta desde sociedad civil.
Robert Hualcas resaltó la importancia de una buena planificación para la construcción de la infraestructura vial, pues esta cuenta con un lado negativo y otro positivo. “Si bien la ejecución de proyectos viales genera desarrollo económico, social y cultural. También tienen impactos negativos para el medio ambiente como la expansión de la frontera agrícola, extracción de madera y recursos naturales, la fragmentación de ecosistemas y conflictos ambientales, entre otros“, sostuvo.
“La implementación de infraestructura vial se tiene que planificar de manera sostenible en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local). Es por eso que para nosotros es importante que se pueda dar implementar nueva medida de mitigación”, finalizó.
Finalmente, Kattia Layche Florián, añadió que el impacto de la infraestructura vial “no solo es a la naturaleza, al mismo tiempo afecta a las personas. Definitivamente tenemos que fortalecer la fiscalización, que es uno de los puntos álgidos que es parte de esta problemática”.
¿Qué sigue?
El siguiente paso es involucrar a los sectores competentes y contar con una participación más activa, para hacer un trabajo intersectorial que contemple los aportes de la sociedad civil, las organizaciones indígenas y los gobiernos regionales.
De esta manera, desde Derecho, Ambiente y Recursos Naturales seguiremos en busca de lograr una infraestructura vial sostenible que garantice los servicios de salud, educación y seguridad alimentaria a la población.
Si te perdiste de la transmisión, puedes verlo AQUÍ.
Descarga la presentación AQUÍ.