- En III Congreso de Áreas Protegidas de América Latina y el Caribe.
Lima, 18 de octubre de 2019.- Con el tema Desarrollo sostenible en América Latina y El Caribe: Aportes del Acuerdo de Escazú para la conservación, distintos sectores coincidieron en resaltar la importancia de ratificar el acuerdo para el acceso a la información y justicia, la participación pública en asuntos ambientales.
En el III Congreso de Áreas Naturales Protegidas de América Latina y El Caribe, Aida Gamboa, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), destacó que el Acuerdo de Escazú es una oportunidad histórica para enfrentar y dar respuesta a las amenazas urgentes que se viven los y las defensoras ambientales y de territorios en la Amazonía.
“Actualmente somos más de 30 organizaciones que venimos promoviendo el acuerdo, estamos implementando la campaña #EscazúAHORA, que se viene efectuando en diferentes países de la región”, señaló.
Reconoció como importante la participación de más actores en el proceso, tal es el caso de Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), quiénes se vienen sumando a la difusión del acuerdo. Asimismo, destacó que la implementación del Programa de Defensores y Defensoras Indígenas de la Cuenca Amazónica de la COICA, es un hito importante para impulsar el artículo referido a defensores ambientales. Asimismo, hizo un llamado al próximo Congreso para que Escazú sea una agenda urgente para que el Perú sea un activo promotor del Acuerdo, como lo fue en el proceso de negociación.
Para explicar los próximos pasos en el Acuerdo de Escazú, Valeria Torres de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mencionó que se necesitan que once Estados ratifiquen este instrumento entre en vigor (lo cual ocurriría luego de los 90 días después del depósito de la décima primera ratificación en Naciones Unidas). Agregó que hace una semana, en Costa Rica, los países que ya han firmado el Acuerdo se reunieron para trabajar en los temas a tratarse en la primera Conferencia de las Partes que se desarrollara tras un año de entrar en vigor el acuerdo.
A su turno, Gabriela Paliza del Ministerio del Ambiente (MINAM) informó que desde su sector han participado activamente desde el inicio del proceso y que conjuntamente con la sociedad civil se vienen haciendo incidencias para visibilizar la importancia del acuerdo en el Perú. Un ejemplo, la publicación en quechua, segundo idioma más hablado en el país, del Acuerdo de Escazú.
Sociedad civil y COICA
Mientras que Sandra Tukuk de COICA exhortó más apoyo a los lideresas y defensores ambientales que son vulnerados, amenazados y criminalizados en la cuenca amazónica, tener los mecanismos de protección adecuados para no contar más asesinatos por la defensa de sus territorios. Anunció que exigirán al Estado ecuatoriano la ratificación del Acuerdo de Escazú, ya que fortalecerá a sus pueblos indígenas, en el respeto de sus derechos.
Sandra Tukup, representante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónioca (COICA).
Precisó que consideran oportuna la aplicación del Acuerdo, pues protege a quienes protegen y conservan el ambiente y el territorio, pudiéndose articular acciones con el programa de defensores de la COICA. Ante los casos de vulneración a los y las defensoras contamos con un programa de defensa que combina apoyo legal, documentación e incidencia. Fátima Contreras de Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señaló que Escazú será muy útil para conocer las áreas de preservación, que son espacios que están en un proceso de redescubrimiento. “Este acuerdo nos acerca a conocer nuestra biodiversidad, desde los conocimientos ancestrales que manejan las poblaciones indígenas”, indicó.
Álvaro Vallejo, director regional de UICN América del Sur, reflexionó sobre la situación de los y las defensoras ambientales, “ellos trabajan por preservar la naturaleza y por defender el derecho a que las personas tengan un mundo mejor y más equilibrado. En ese sentido, el Acuerdo de Escazú es de esencial importancia”, dijo. Este evento fue coorganizado entre UICN, SPDA y DAR, en el marco del III Congreso de Áreas Protegidas de América Latina y el Caribe.
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