Hernando Hidalgo Tapiero-Cohen
Programa Gobernanza y Gestión Ambiental
Isabel López Meza
Programa Amazonía
Introducción
En medio de una crisis sanitaria y política, las elecciones generales del 11 de abril representan la oportunidad que tendremos los peruanos para elegir un Gobierno y Congreso que sí garanticen el respeto de los derechos humanos (individuales y colectivos), la protección del medio ambiente, la atención a los conflictos socioambientales y la reducción de las grandes brechas de desigualdad. Más aún si consideramos que en julio próximo cumpliremos 200 años de vida republicana, sin embargo, aún no logramos ser ese Estado inclusivo de todas las voces, por el contrario, nuestros gobernantes diseñan políticas a espaldas de los más vulnerables, dejando sin atención las situaciones de violencia y muerte para quienes defienden sus territorios y el medio ambiente.
El Perú es un país con amplias reservas de recursos naturales (hidrocarburos, metales, agua dulce, biodiversidad, etc.) y donde casi el 60% del territorio nacional se compone de selva amazónica[i]. Sin embargo, entre los años 2002 y 2019 ha sido el tercer país de la región que mayor pérdida anual de bosque primario ha sufrido[ii]. Sumado a ello, está la alta tasa de conflictividad socioambiental originada en contextos de actividades extractivas inconsultas, así como la desconfianza de la población por los impactos en los ecosistemas. Según la Defensoría del Pueblo, a febrero de este año, estaban latentes 197 conflictos sociales[iii].
Bajo este contexto, podemos advertir que los proyectos extractivos o de infraestructura sin procesos de consulta, así como los delitos ambientales, vienen afectando, en mayor medida, a los pueblos indígenas y los defensores del medio ambiente, quienes se enfrentan a situaciones de amenaza, violencia, criminalización y muerte por defender sus territorios. En el caso de los pueblos indígenas, las actividades mineras (legales e ilegales) llegan a afectar hasta un 20% de los territorios indígenas en la Amazonía[iiii] y se enfrentan a una situación de exclusión producto de la falta del enfoque intercultural en los servicios públicos y escaso nivel de representación en las instituciones del Estado. En el caso de las personas defensoras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado a aquellos que defienden el medio ambiente son los más vulnerables y propensos a agresiones. Prueba de ello es que han concentrado el 41% de muertes de personas defensoras en la región hasta 2017[iv].
Frente a ello, desde la sociedad civil y organismos internacionales se ha instado al Estado a que adopte medidas urgentes para atender esta situación. En respuesta a ello, el Estado peruano ha considerado a ambos sectores como grupos de especial protección en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.[v] En el caso de los pueblos indígenas, los esfuerzos se han centrado en asegurar el ejercicio de sus derechos colectivos como la consulta previa o su identidad cultural, por ejemplo, desde el 2011 se cuenta con la Ley N° 29785, Ley de Consulta Previa[vi]. Sin embargo, organizaciones indígenas continúan teniendo críticas sobre esta.
Para atender la situación de las personas defensoras, en el año 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) aprobó la Resolución Ministerial N° 0129-2019-JUS mediante la cual aprueba el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos[vii]. Además, en el Congreso de la República se viene discutiendo en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología un proyecto de ley que señala busca “promover y proteger a los defensores de derechos humanos”.
Es por ello que en el presente artículo analizaremos las principales propuestas de los planes de gobierno de los partidos políticos frente a la situación de vulnerabilidad y exclusión en la que se encuentran los pueblos indígenas y los defensores ambientales en el marco de la reactivación económica impulsada desde el Gobierno.
- Situación de exclusión a pueblos indígenas
Los pueblos indígenas están constituidos por un total aproximado de 6 millones de personas. Un porcentaje considerable de la población total del país que ha sufrido una histórica situación de exclusión y vulnerabilidad que les ha impedido un ejercicio pleno de sus derechos y acceso a servicios básicos. Según la Base de Datos Oficial de pueblos indígenas, son reconocidos en el Perú 55 pueblos indígenas, 51 de los cuales son amazónicos. Estos se ven expuestos principalmente a la incesante deforestación, minería ilegal, proyectos de infraestructura y extractivos, afectando directamente a estos pueblos y sus modos de vida.
Esta situación se agravó tras la llegada de la pandemia por Covid-19, lo que se evidencia en la profundización de su precaria situación económica por la parálisis de actividades de sustento, y además, en las altas cifras de indígenas fallecidos a causa directa del Covid-19, rondando los 37 000 decesos para finales del 2020[viii]. Luego de una prolongada etapa de aislamiento social iniciada el 11 de marzo de 2020 y sus sucesivas ampliaciones, el Gobierno buscó detener la situación de deterioro y estancamiento económico mediante el proceso de reactivación económica, las medidas de este proceso serían señaladas mediante los Decretos de Urgencia N°070-2020, N°114-2020, publicados entre junio y septiembre de 2020, así como otros posteriores.
Las organizaciones indígenas han denunciado que la reactivación de grandes proyectos mineros y de infraestructura, lejos de favorecerlos, han afectado directamente el ejercicio de sus derechos colectivos[ix]. La flexibilización de los estándares socioambientales y la desnaturalización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas vienen siendo una constante en diversos gobiernos. Un caso resaltante fue la propuesta realizada por del Ministerio de Cultura de realizar procesos de consulta previa “no presenciales” (virtuales) en marzo y mayo de 2020, en las etapas de publicidad e informativa, para la aprobación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas y la actualización de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad. Esto, a pesar de que la CIDH ya había señalado que la implementación de consultas previas a través de plataformas digitales era una vulneración al derecho a la participación de los pueblos indígenas.
Otro problema que afecta directamente a los pueblos indígenas es la persistencia de los delitos ambientales como la tala y degradación de los bosques generada por la minería ilegal en la Amazonía. No obstante, sobre esto último, ha habido avances en la reducción de la deforestación causada por minería ilegal de oro en la Amazonía entre 2019-2020, desde que se lanzó el Operativo Mercurio focalizado en las áreas más críticas de minería ilegal en la Amazonía (78% los 6 lugares priorizados).[x] Sin embargo, resaltamos que no son suficientes, dado que las medidas de confinamiento o el peligro de la COVID-19 no han frenado este tipo de delitos. A pesar de los resultados de las operaciones, la deforestación por minería sigue siendo importante teniendo como resultado que, en el año 2020, el Perú fuera uno de los países de la región donde más delitos de minería ilegal se reportaron.[xi] Entre las consecuencias se encuentra la deforestación de bosques primarios, contaminación de aguas con mercurio principalmente y amenazas a indígenas que se opongan a las actividades.
Es en este escenario con el que llegamos a las Elecciones Generales de 2021, trayendo problemas estructurales sin resolver al Bicentenario de nuestra nación. La temática indígena se plantea en las elecciones no como un tema menor, sino como problemas por los que se ven afectados millones de personas a las que se supone el Estado debería proteger. Por ellos, en el siguiente apartado analizaremos las principales propuestas de los candidatos, así como su viabilidad y urgencia.
Propuestas desde los Planes de Gobierno
De las listas postulantes tanto a Congreso y Presidencia, únicamente seis Planes de Gobierno contemplan objetivos y propuestas concretos enfocados en los pueblos indígenas. Estos planes serían los correspondientes a Juntos por el Perú, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Victoria Nacional, Somos Perú, Renacimiento Unido Nacional y Renovación Popular. Veamos las principales propuestas de sus planes.
Juntos por el Perú propone para el ámbito político-institucional cambiar la Constitución mediante una “Asamblea Popular Constituyente”, garantizando la paridad de género y escaños reservados para pueblos indígenas. Busca lograr el reconocimiento constitucional de los “derechos de la Madre Tierra”, de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos tales como el derecho a la consulta previa, a la autodeterminación, a la tierra y a las territorialidades, así como la “gobernanza intercultural sobre los recursos naturales”.
Además, se propone la reserva de escaños a indígenas en forma proporcional en los ámbitos de representación de los tres niveles de gobierno (local, regional y nacional). En la dimensión ambiental se plantea enfrentar el problema de la deforestación de bosques primarios “regularizando los derechos sobre los territorios en los que se ubican los bosques, especialmente los de los pueblos indígenas”. Plantean, asimismo, la creación de un “Sistema Nacional de Veedurías Forestales con la participación de la población local”. Este estará bajo el control de los pueblos indígenasen los casos en que se establezca en sus territorios.
En el caso del Frente Amplio se propone como parte de la gestión ambiental la implementación de programas nacionales de gestión territorial y manejo forestal comunitario, un Sistema Nacional de Información Indígena generado con el aporte de las propias comunidades de manera descentralizada para una mejor toma de decisiones y la implementación de una Política Nacional para Pueblos en Contacto Inicial que, apoyada en un Régimen Transectorial de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, permita proteger y garantizar el bienestar de estas personas y pueblos. Propone también mecanismos que garanticen la adecuada participación y representación política de los pueblos originarios. Espacios de diálogo institucionalizados al más alto nivel con las organizaciones representativas de los pueblos originarios y afroperuanos. En ese sentido, busca la creación de un ente autónomo del Ejecutivo con carácter multisectorial, de preferencia adscrito a PCM, encargado de velar por el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos originarios.
En el caso de Victoria Nacional, destacan la propuesta de fortalecimiento del turismo rural comunitario articulado a una oferta gastronómica neoandina y neoselvática, para contribuir al desarrollo de las comunidades nativas y campesinas. Además, buscan que al menos el 75% de comunidades indígenas se vean involucradas en el aprovechamiento de recursos forestales. Proponen un “Programa de desarrollo de clusters competitivos sostenibles de valor agregado forestal”, sobre la base de alianzas estratégicas, así como “promover la asociatividad entre comunidades centros de asistencia técnica para el desarrollo de cadenas productivas y clusters competitivos sostenibles”.
Somos Perú plantea la necesidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos colectivos indígenas con acciones tales como participación indígena en procesos de toma de decisiones en los tres niveles del Estado y acceso a servicios públicos con enfoque intercultural en entidades públicas. Otra de sus políticas es el acceso pleno a información de calidad y una participación plena en la agenda ambiental mediante la revisión del procedimiento de consulta previa para garantizar estándares de transparencia, y una alianza estratégica entre los pueblos indígenas y comunidades campesinas para conservar y aprovechar sosteniblemente los ecosistemas y su biodiversidad.
La candidatura de Renacimiento Unido Nacional (RUNA) propone otorgar derecho preferencial de las comunidades campesinas para explotar los recursos de sus territorios en alianza con el sector privado y el Estado. Además, menciona la problemática del uso del agua; por tanto, plantea coordinar y articular con los pueblos originarios, los gobiernos regionales y locales, políticas en materia de agua para el consumo humano y agrícola, con las políticas territoriales en conservación, aprovechamiento, distribución desde las cuencas acuíferas del recurso natural.
Por último, Renovación Popular hace mención del problema de la deficiente protección de la población indígena, el cual en su plan de gobierno señala textualmente que enfrentarán fomentando “las áreas naturales protegidas y los bosques nacionales donde los nativos puedan desarrollar sus actividades tradicionales”, y suscribiendo convenios para garantizar “la seguridad sobre la propiedad de sus tierras y los recursos naturales”. En cuanto al problema de la reducida inversión en la Amazonía señalan que fomentarán la pequeña y mediana inversión nacional en la Amazonía en alianza con las comunidades nativas locales, para lo cual recibirán capacitación y acompañamiento estatal, a fin de que sus emprendimientos permitan disminuir la brecha de pobreza y mejorar la calidad de vida.
2. Problemática a defensores de derechos humanos ambientales
La emergencia sanitaria originada por la pandemia de la COVID-19 no fue razón suficiente para que las actividades extractivas y de infraestructura se detuvieran, sino que el Gobierno decidió priorizarlas como base para que el crecimiento económico nacional no se vea afectado sin un enfoque de derechos. El resultado es la continuidad de los conflictos socioambientales, así como la violencia, hostigamiento, amenazas y criminalización hacia las personas que defienden el medio ambiente. Solo el año pasado se registraron cinco asesinatos de defensores en la Amazonía de Perú y este año se reportaron los asesinatos de los líderes asháninkas Benjamín Ríos (Ucayali) y Gonzalo Pío (Junín), y el cacataibo Santiago Vega Chota (Ucayali). Paradójicamente, desde hacía un tiempo, ellos habían solicitado garantías para sus vidas, debido a las amenazas que venían sufriendo por la protección de sus territorios.
Aunado a ello, vivimos en una crisis política que tuvo su punto más álgido en noviembre de 2020. El propio Congreso de la República tampoco contribuyó a enmendar esta situación; por ejemplo, la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores decidió archivar el dictamen de ratificación del Acuerdo de Escazú debido a la desinformación mediática sobre la supuesta amenaza de este instrumento jurídico internacional a la soberanía del país, entre otras falacias. Sin embargo, este Acuerdo sería una herramienta para coadyuvar a disminuir los conflictos socioambientales que, según la Defensoría del Pueblo, a febrero de 2021 representan el 65% de los conflictos totales del país, es decir, 128 de 197[xii].
Es por ello, que la protección a los defensores del medio ambiente representa un tema fundamental para afrontar su crítica situación y es necesario que el nuevo gobierno coloque a los derechos humanos y protección del medio ambiente en el centro de sus políticas. En el siguiente apartado analizaremos las principales propuestas de los candidatos, así como su viabilidad y urgencia.
Propuestas desde los Planes de Gobierno
En relación a la situación de los defensores de los derechos humanos ambientales, de 18 planes de gobierno presentados, solo 3 mencionan propuestas para la protección a los defensores de derechos humanos y defensores ambientales. Estos son los partidos Juntos por el Perú (defensores de derechos humanos y ambientales), Partido Popular Cristiano (defensores de derechos humanos) y Victoria Nacional (defensores ambientales). Además, sólo dos planes de gobierno hacen mención a la necesidad de ratificar el Acuerdo de Escazú: Juntos por el Perú y Victoria Nacional. El Partido Político Nacional Perú Libre crítica por el contrario a los defensores.
Juntos por el Perú hace mención en su Plan de Gobierno sobre la necesidad de impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú y “generar los arreglos institucionales y las capacidades para la implementación de este Acuerdo”. Parte del diagnóstico que presenta es la falta de una política de protección de los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente, y de líderes sociales, y atención a asesinatos. Por lo que plantea el fomento de “mecanismos para garantizar el ejercicio seguro de la labor pacífica y no violenta, retribuida o gratuita” a nivel nacional a través de un Sistema Nacional de Alerta Temprana y recopilación de información sobre amenazas a personas defensoras de derechos humanos”. Paralelamente, también plantea medidas para garantizar la protección del medio ambiente a través del fortalecimiento de las capacidades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para fiscalizar y sancionar a quienes cometan infracciones y el impulso de una legislación específica para que los proyectos extractivos generen beneficios económicos para el país y respeten el medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas.
El Plan de Gobierno del partido Victoria Nacional hace mención específica al Acuerdo de Escazú y a su implementación, específicamente respecto de los “principios y estándares mínimos de acceso a información de riesgos ambientales, consulta y participación ciudadana, justicia y reparaciones, y protección de personas defensoras del ambiente”. En ese sentido, propone el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, “sustentado en indicadores y estándares mínimos congruentes con los promovidos por el Acuerdo Escazú”.
En el caso del Partido Popular Cristiano, la propuesta que presenta es la verificación de la ejecución de las 150 acciones estratégicas y 281 indicadores del Plan Nacional de Derechos Humanos respecto especto de los 13 grupos de especial protección, entre ellos a los defensores y defensoras de derechos humanos.
Si bien el Frente Amplio no menciona a las personas defensoras, pero identifica la necesidad de acabar con la impunidad de funcionarios y políticos “responsables por la muerte de decenas de opositores a proyectos extractivistas depredadores de la naturaleza”. En ese contexto, propone la “construcción de un nuevo sistema de representación política que permita y facilite la más amplia participación popular vinculante en todos los ámbitos y niveles del debate de ideas, la gobernanza y las acciones políticas en general”.
Somos Perú visibiliza la criminalización de la protesta y la conflictividad socioambiental que, en varias ocasiones, ha terminado con el asesinato de líderes indígenas. Frente a ello, propone “mejorar el sistema de educación policial respecto al abordaje de los conflictos sociales y al uso de la fuerza en contextos de conflictividad social basado en un enfoque de derechos humanos”. También plantea la creación de un sistema integrado de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales que promueva la articulación intersectorial e intergubernamental con el sector privado y la sociedad civil, así como con los gobiernos regionales y locales con el objetivo de promover la gobernanza territorial y gobernabilidad democrática, para que el Estado sea “garante de los derechos fundamentales de la persona humana, además de promotor de las inversiones para el desarrollo sostenible”.
Perú Libre presenta una crítica hacia los defensores de la naturaleza, a quienes identifica como actores que causan división y privatizan el país. Propone un extractivismo sostenible y aclara que también lucha contra el “ecologismo oenegero o el medioambientalismo fundamentalista”. Por lo que plantea que un país como el nuestro, que no tiene empresas ni industrias, solo tiene la oportunidad de salir del subdesarrollo gracias al extractivismo sostenible y responsable como alternativa ante el extractivismo neoliberal irresponsable e insostenible. Sería necesario que el partido aclare qué entiende por “extractivismo sostenible”.
3. Amenazas a los pueblos indígenas y defensores ambientales presentes en los Planes de Gobierno
Como hemos relatado, es preocupante que muy pocos Planes tengan una agenda concreta de protección de los derechos de los pueblos indígenas y atención a los asesinatos de los y las defensoras ambientales, sobre todo en cuanto a la prevención, investigación, reparación o resarcimiento de daños. Por el contrario, nueve Planes de Gobierno presentan más amenazas a estos grupos, hacemos referencia a los planes de Alianza para el Progreso, PPC, UPP, Podemos Perú, Perú Patria Segura, Renovación Popular, RUNA, Fuerza Popular y Partido Morado. En ellos, encontramos una contradicción, pues proponen reactivar la economía a través de las actividades extractivas o de infraestructura sin tomar en consideración la urgencia de garantizar los derechos humanos y el desarrollo sostenible del país.
Alianza para el Progreso plantea incrementar la inversión privada para que represente el 25% del PBI a través de la promoción de inversiones en grandes proyectos mineros y de infraestructura a través de la reestructuración y fusión de ministerios. Por ejemplo, la creación del “Viceministerio de Diálogo Social y Valor Compartido” dentro del Ministerio de Energía y Minas para lograr la “licencia social de los proyectos extractivos con capacidad de coordinación con viceministerios sociales y productivos” y la creación del “Ministerio de Ambiente, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda”, que centrará su trabajo en el ordenamiento territorial, a través del desarrollo sostenible y las inversiones.
El PPC plantea la reactivación económica a través de la priorización de destrabar los proyectos en cartera. Por ello, identifica 611 proyectos y prospectos mineros, que representan una inversión de US $59,426 millones o S/ 205,019 mil millones de soles aproximadamente. El partido identifica que, a la fecha, existe en el país una minería sostenible que representa en la actualidad el 10% del PBI anual, “cifra que equivale al 59% de las exportaciones al año”, sin embargo, no da un sustento de esa minería sostenible. En esa misma línea Unión por el Perú (UPP) indica que para elevar la producción minera a un 14 % del PBI anual, así como la eficiencia y la eficacia de la gestión empresarial en el Perú, se deben “reducir los conflictos sociales y la paralización de las inversiones o exploración, la propiedad del subsuelo debe ser del dueño del suelo”.
De manera similar sucede con Podemos Perú, que propone “destrabar, impulsar y desarrollar los proyectos mineros que tengan EIA (Estudio de Impacto Ambiental) aprobados, y ayudar a conseguir la licencia social en los pueblos directamente involucrados”. Además, indica que, en el corto plazo, impulsará 42 de los 48 proyectos mineros identificados por el MINAM, que “ya tienen el EIA aprobado y que cuentan además con el respaldo social necesario para ser llevados a cabo sin conflicto”. De igual manera, Perú Patria Segura propone reactivar la economía a través de la ejecución de los proyectos mineros en cartera, pero también considera la necesidad de fortalecer la fiscalización ambiental y mejora en la elaboración de estudios socioambientales como medio para reducir los conflictos en la minería.
Por otro lado, el partido Renovación Popular plantea la modernización de la minería con respeto al medio ambiente y compatible con la agricultura, pero no indica cuáles son las medidas concretas para ello o para disminuir la situación de conflictividad socioambiental existente hoy en día. Lo mismo sucede con el plan de RUNA, el cual identifica que la minería actual no es amigable ni responsable con el medio ambiente, por lo propone una “minería amigable con el medio ambiente” pero no define qué es ello.
Fuerza Popular propone “una sana convivencia entre la agricultura y minería” a través del diálogo entre la empresa y la comunidad, con miras a prevenir los conflictos sociales y lograr la ejecución de los proyectos mineros. Para lograrlo, plantea mejorar la respuesta técnica del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y del Ministerio del Ambiente “en calidad y número de profesionales para optimizar los procesos de evaluación técnica, ambiental social y de permisos”. En la misma línea, el partido Partido Morado propone la creación de una Oficina Nacional para el “Diálogo y Resolución de Conflictos Sociales”, adscrita a la PCM, cuyo mandato será la gestión, operación y monitoreo de la conflictividad a nivel nacional; paralelamente, plantea una “menor tramitología en los ministerios para la generación de grandes proyectos de inversión en los diversos sectores (entre otros, en Agricultura, Energía, Agua y Saneamiento, transporte y minería, todo dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible)”.
4. Conclusiones y recomendaciones
Lo primero que notamos es que la problemática de los pueblos indígenas, más aún en el contexto de la reactivación económica, no ha sido considerada tan importante como debería por parte de los partidos políticos postulantes, lo cual se evidencia en que menos de 10 Planes de Gobierno presentan análisis detallados de su situación y aún menos presentan propuestas concretas enfocadas a solucionar la situación de exclusión en las diversas aristas que se presentan (por ejemplo, política, económica y social).
En el ámbito político-institucional, Juntos por el Perú, Frente Amplio y Somos Perú plantean garantizar representatividad en los tres niveles del Estado, complementando con medidas como la constitucionalización de los derechos colectivos de los pueblos (JP) o la creación de una entidad encargada de velar por sus derechos (FA). Sobre lo primero, a pesar de que ciertamente es un paso importante reconocer los derechos colectivos que falten, esto debe ir acompañado de medidas transversales y políticas públicas concretas que vayan más allá de la representatividad, y que sean desarrolladas junto con la población indígena. En cuanto a la propuesta del FA, de crear un espacio de diálogo institucionalizado adscrito a la PCM, hubiera sido adecuado que se especifique mejor su naturaleza y finalidad específicas, así como la manera en que articulará con otras instituciones para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Si no, se corre el riesgo de que se convierta en otro espacio institucional limitado y sin verdadera incidencia o impacto real sobre la problemática indígena, donde la representación de los pueblos indígenas no influya en los procesos de decisión.
En el ámbito económico y social, es muy importante invertir de manera responsable para el desarrollo de los pueblos indígenas y lograr que sean partícipes directos del aprovechamiento y cuidado de los ecosistemas y la biodiversidad. Esto se logra garantizando el ejercicio pleno de los derechos colectivos, y mejorando los mecanismos actuales de participación y transparencia, como por ejemplo la consulta previa, para que sean acordes a los estándares internacionales. El incremento de la transparencia, acceso a la información y participación, así como la adopción de un modelo de desarrollo sostenible que tome en cuenta la realidades y necesidades de los pueblos indígenas, les generarían beneficios en dos sentidos.
En primer lugar, contribuiría al efectivo desarrollo y autonomía de los pueblos indígenas en la Amazonía. En segundo lugar, con la adopción de políticas públicas que articulen entre el sector público y las comunidades para la protección de los ecosistemas, se potenciaría la actual lucha contra los delitos ambientales y la deforestación de la Amazonía. En ese sentido, los Planes de Gobierno de Juntos por el Perú, Frente Amplio, Victoria Nacional, Somos Perú, RUNA y Renovación Popular contemplan respectivamente garantizar el derecho a las territorialidades, programas de gestión territorial y manejo forestal, programa de desarrollo de clusters competitivos sostenibles, alianzas estratégicas con indígenas y campesinos para aprovechar sosteniblemente los ecosistemas, otorgar derecho preferencial de las comunidades para explotar sus recursos y garantizar la seguridad sobre la propiedad de sus tierras y los recursos naturales. En sus Planes de Gobierno se ha mencionado el criterio de sostenibilidad para el uso de los recursos naturales.
Sobre las personas defensoras de derechos humanos, después de revisar todos los Planes de Gobierno, podemos concluir que los partidos Juntos por el Perú, Frente Amplio y Victoria Nacional proponen acciones para garantizar la protección de los defensores del medio ambiente. Gran parte de los planes hacen mención a la prevención de los conflictos, al establecimiento del diálogo o la mejora en los estándares ambientales, pero no incluyen las situaciones de violencia en contextos de actividades extractivas. Y aquí, la pregunta sería si realmente con una oficina de resolución de conflictos o mesas de diálogo se podrá frenar y prevenir la violencia si es que sigue sin garantizarse la protección de los derechos humanos por encima de reactivación económica, que no es otra cosa que el “destrabamiento” de los proyectos mineros.
Asimismo, queremos llamar la atención sobre las amenazas que encontramos para que las personas defensoras de los derechos humanos puedan continuar con su labor de defender prácticas empresariales responsables en contextos de actividades extractivas. Esto es visible en el peso que le dan casi todos los Planes de Gobierno a la reactivación de la economía desde la explotación (responsable o no) de los recursos naturales. En ese sentido, urge tener propuestas reales que consideren una minería sostenible y respetuosa de los derechos humanos y con altos estándares ambientales.
Finalmente, queremos hacer hincapié que, en el contexto de pandemia, reactivación económica y 197 conflictos sociales, urge que los partidos políticos se comprometan con impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú, pues representa una oportunidad para mejorar la protección hacia nuestros defensores de los derechos humanos, así como el acceso a la transparencia y la justicia ambiental, con enfoque de género e interculturalidad.
Referencias bibliográficas
[i] Ministerio del Ambiente. (s/f). Perú. País de bosques.
[ii] Costa, C. (2020). “La gran mentira verde”: cómo la pérdida del Amazonas va mucho más allá de la deforestación. BBC Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51303285
[iii]Defensoría del Pueblo (2021). Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 204. Recuperado de https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/03/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-204-febrero-2021.pdf
[iiii] Sierra, Y. (2020). Nuevo Estudio revela que minería afecta el 20% de los territorios indígenas de la Amazonía. MONGABAY LATAM. https://es.mongabay.com/2020/10/mineria-pueblos-indigenas-amazonia/
[iv] CIDH. (2017). Políticas integrales de protección a personas defensoras. Parr. 41. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/proteccion-personas-defensoras.pdf
[v] Ministerio de Justicia. (2018). Plan Nacional de Derechos Humano 2018-2021. http://spij.minjus.gob.pe/content/banner_secundario/img/muestra/PLAN-ANUAL.pdf
[vi] Grupo de trabajo sobre PPII de la Coordinadora Nacional de DDHH. (2017). Informe EPU 2017. Vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas. DAR Perú. https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2017/04/informeEPU2017.pdf
[vii] Barnaby, B. (2019). Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Perú. https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/proteccion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-en-el-peru/
[viii] MONGABAY LATAM. (2020). El Covid-19 golpeó fuertemente a los pueblos indígenas en 2020. https://es.mongabay.com/2021/01/pueblos-indigenas-pandemia-covid-19/
[ix] Ministerio de Cultura. (2016). Derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. P. 13. https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/derechos-colectivos.pdf?fbclid=IwAR3ux6Z8Z9BI4qy9icd2SBkgqSjSFThiLIVDjDW-1xvfvp-9PQ8loyPrYuA
[x] MAAP. (2020). MAAP #130: Minería Ilegal baja 78% en la Amazonía Peruana, pero aún amenaza áreas clave. https://maaproject.org/2020/mineria_ilegal/
[xi] Paz, A. (2021). 2020: el año del COVID-19 y los delitos ambientales. MONGABAY LATAM. https://es.mongabay.com/2021/01/delitos-ambientales-y-covid19-2020/
[xii] Reporte de Conflictos Sociales N° 204 de la Defensoría del Pueblo (2021)