Por Patricia Patrón Alvarez
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Foto: El Comercio
Recientemente en un Foro sobre Pueblos Indígenas y el Oleoducto Norperuano – ONP realizado en el Congreso de la República se habló de la necesidad de abordar la situación de emergencia del ONP de manera integral, es decir, dejar de reaccionar a cada derrame como hecho aislado para actuar a nivel macro, encontrando soluciones a largo plazo no solo para el ONP sino para todas las actividades petroleras públicas y privadas que operan en esa zona.
En esa línea, durante el Foro se propuso la aplicación de una Evaluación Ambiental Estratégica-EAE a la reparación y/o modernización del ONP. Este instrumento de gestión ambiental ayuda a la planificación a nivel macro (se aplica a las políticas, planes y programas del Estado que podrían causar impactos al ambiente), por lo que vale reflexionar cómo emplearlo en este caso.
Las facultades legislativas concedidas el último 29 de setiembre al Poder Ejecutivo son una oportunidad para plantear la EAE, ya que se legislará en materia de la reorganización de Petroperú “para asegurar la confiabilidad en el abastecimiento de hidrocarburos”; por lo que el Poder Ejecutivo debería presentar un plan integral de prevención social y ambiental del ONP y actividades petroleras conexas, y por tanto, contar con una EAE.
Dicho plan integral debe contemplar las medidas técnicas para modernizar el ducto y remediar la contaminación ambiental, y la EAE debe ayudar a identificar los riesgos sociales y ambientales asociados a la implementación o no implementación del plan; y generar las medidas para fortalecer y mejorar las políticas públicas de gestión social y ambiental de las actividades de hidrocarburos.
Algunas de estas medidas a considerarse podrían ser la derogación del artículo 19° de la Ley 30230, por consiguiente las normas derivadas, puesto que -como lo vienen diciendo diversos especialistas- el enfoque de medidas correctivas para casos de contaminación ambiental adoptado por el OEFA a partir de esta ley, no está ayudando a la prevención y, por el contrario, deja un precedente de impunidad que puede volverse la regla.
Otra medida concreta sería que se requiera que los estudios de impacto ambiental incluyan una evaluación de impacto a la salud, es decir, que no solo se considere información sobre la salud de la población local en la elaboración del EIA, sino que se prevean los posibles impactos a la salud de la actividad petrolera, se establezcan acciones para evitar daños graves, y se realice el monitoreo a la salud de la población local durante todo el proyecto. Para ello, el equipo de evaluación y fiscalización ambiental debe incluir un especialista en salud.
Una EAE ayudaría a determinar otras directrices clave para lo económico, social y ambiental, y a la vez contribuiría a fortalecer la gobernanza ambiental, permitiendo la coordinación y articulación interinstitucional, así como la participación de los pueblos indígenas para el diseño de las medidas que más se ajustan a sus necesidades.