Por: Denisse Linares y Ciro Salazar
Las recientes revelaciones hechas por la prensa peruana sobre grandes constructoras chinas consorciadas con una inexperta empresa local, nos ofrecen la pincelada que faltaba para conocer el comportamiento de las empresas chinas en el país.
Por un lado tenemos a Cosco Shipping, principal accionista del puerto de Chancay, con una propuesta estratégica y disruptiva. Este puerto, al estar pensado para recibir buques Post Panamax, los más grandes del mundo, no solo reconfiguraría la logística nacional sino que lo haría también a nivel sudamericano. Sin embargo, Cosco apunta más lejos pues ha planteado ante el Gobierno peruano la conformación de una zona económica especial, lo que facilitaría el tránsito a una diversificación productiva, reconocida por el MEF como un objetivo imperioso de nuestra economía[i].
Asimismo, tenemos a China Minmetals Corp., titular de las Bambas y Sinohydro, uno de los accionistas de la Hidrovía Amazónica, que se limita a seguir nuestro marco institucional en lo ambiental y social, una práctica habitual de las empresas chinas en todo el mundo. Como consecuencia de ello, la primera afronta serios conflictos sociales y económicos, mientras que la segunda tuvo que retirar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del trámite de revisión tras serios cuestionamientos hechos incluso por el propio Estado. Y ahora acabamos de conocer a China CAMC Engineering CO. LTD y China Civil Engineering Construction Corp., consorciadas con una desconocida e inexperta empresa peruana, pero aparentemente bien contactada para la construcción de diversos proyectos de infraestructura vial, respecto de los cuales se viene investigando posibles actos de corrupción.
Así, desde el extremo de una actitud proactiva e incluso disruptiva, hasta el perfil bajo y navegando en aguas poco claras, la diversidad de las estrategias de relacionamiento de las gigantes chinas representan un gran reto no solo para el Estado peruano, sino sobre todo para la sociedad civil y particularmente para las comunidades en las zonas de influencia de los proyectos.
Hay, sin embargo, tres aspectos comunes en las empresas chinas mencionadas: 1) son empresas públicas; 2) están entre las más grandes en su rubro a nivel global; y 3) ejecutan importantes proyectos en el mundo en el marco de la iniciativa china de La Franja y La Ruta (LFLR).
Precisamente, en el marco de la LFLR, el Gobierno chino ha emitido diversas guías y recomendaciones(siendo la Guía de Desarrollo Verde en mayo de 2021 el último de ellos), en las que busca que sus empresas se adecuen a las mejores prácticas y estándares ambientales internacionales respecto a sus operaciones en el mundo.
Más importante aún, la reciente Declaración de Kunming, en el marco de la 15 Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, liderada en esta edición por China, tiene como título “Civilización Ecológica”. Se trata de un concepto propuesto al mundo por este país en el 2013, pocos meses después de su propuesta de LFLR, y que es considerado por algunos expertos como la apuesta más ambiciosa para lograr “vivir en armonía con la naturaleza”.
Lo ambiental en general y el desarrollo sostenible en particular, ha sido ampliamente incorporado por China como uno de sus objetivos con LFLR. De hecho, este concepto tiene un lugar prominente en el Memorando de Entendimiento con el que el Perú se adhirió a esta iniciativa en abril del 2019. Pero, por ahora, lo anterior es poesía si tomamos en cuenta el desempeño ambiental de las empresas chinas, al menos en la cuenca amazónica.
De hecho, el informe con denuncias y recomendaciones realizadas por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA en torno a impactos ambientales y sociales en los países de la cuenca amazónica, presentado en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometida China ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 2018, da cuenta de ello.
Pero si en materia ambiental a las empresas chinas les falta implementar el marco conceptual y los lineamientos que su gobierno pregona en este campo, es en el campo social, otro de los pilares de la sostenibilidad, donde creemos que la brecha existe desde lo conceptual.
En particular, si nos atenemos a las dimensiones de la gobernanza, como la transparencia, el acceso a la información, la participación y la consulta (consulta previa en el caso de pueblos indígenas), las cuales deben observarse en todo el ciclo de proyectos, ésta no es plenamente incorporada en las guías y lineamientos emitidos por el gobierno chino.
Los retos de China
Consideramos que el cumplimiento de los compromisos adquiridos por China en el marco del EPU contribuiría a enfrentar la crisis socioambiental de la Amazonía.
Asimismo, sus inversiones deben estar alineadas con cumplir con la Declaración de Glasgow, por la que diversos países han acordado, entre otros puntos, proteger el 80 % de la cuenca amazónica para el 2025. Este pedido fue impulsado por la COICA y la sociedad civil mediante el informe Amazonía Verde: 80×25. Ello representa una oportunidad para dirigir esfuerzos específicos a la cuenca amazónica.
En la misma línea de los compromisos ambientales, China ha reafirmado la Visión para el 2050 de “Vivir en armonía con la naturaleza”, mediante la Declaración de Kunming, donde reconoce que atravesamos una crisis sin precedentes e interrelacionada de pérdida de diversidad biológica, cambio climático, degradación y desertificación de las tierras; así como el rol de los pueblos indígenas para ayudar a revertir esta situación.
Por otro lado, las diferencias culturales juegan un papel en retrasar la adopción de mejores estándares ambientales y sociales por parte de empresas chinas y, en este aspecto también, no toda la responsabilidad es de las inversiones chinas, sino de los gobiernos amazónicos. Ante ello, la apertura por parte de las empresas chinas de espacios de diálogo con sociedad civil y la población organizada al menos a nivel de organizaciones nacionales y regionales, deseable con la presencia de actores del Gobierno, es clave. Aquí también, hay que poner en práctica lo ya consignado en la declaración de Kunming; específicamente en relación a su quinto compromiso, donde se habla del reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas y las comunidades locales “garantizando su participación plena y efectiva”.
Finalmente y vinculado a lo anterior, es clave por parte de los inversores chinos conocer los marcos legales relacionados al reconocimiento de derechos sociales y ambientales, de manera que se implementen soluciones reales y adaptadas a la región.
[i] Según la Política Nacional de Competitividad y Productividad (DS. N° 345-2018-EF).