Por Vanessa Cueto La Rosa
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
En su Mensaje a la Nación del 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra presentó a la minería como componente esencial para el crecimiento económico, siendo necesario un sector minero competitivo y responsable con el ambiente y los derechos humanos. A partir de esta visión, el Gobierno estaría viabilizando la construcción de Quellaveco y otros 48 proyectos mineros en 17 regiones del país, que representarían una inversión de US$ 57 772 millones.
Para cumplir con este objetivo, el gobierno estaría trabajando en la aprobación de un Reglamento de Procedimientos Mineros con el fin de agilizar los procedimientos que impulsen la inversión privada, así como una Política de Estado para el Desarrollo Sostenible del Sector Minero, que recogerán las recomendaciones del informe de la Comisión de Especialistas para el Desarrollo de la Minería Sostenible, así como las propuestas de la Visión de la Minería en el Perú 2030.
No obstante, esta narrativa de desarrollo sostenible presentada por Vizcarra, no es compatible con la respuesta de otras autoridades del Ejecutivo vinculadas al sector extractivo, así como gremios empresariales y parte del Congreso en contra -por ejemplo- del Acuerdo de Escazú, acuerdo regional por el acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental, imperando de esta manera el clásico doble discurso de querer un desarrollo sostenible y oponerse a oportunidades que pueden fortalecer la gobernanza ambiental de las industrias extractivas.
Por otro lado, el discurso presidencial no tuvo ningún planteamiento para fortalecer los procesos de certificación, evaluación y fiscalización ambiental durante la reactivación económica, ni sobre cómo se cumpliría el derecho a la participación ciudadana ambiental y a la consulta previa en este contexto COVID 19. Ello a pesar de ser clave, dado que la construcción de políticas y normas de reactivación debe incluir a los pobladores, pueblos indígenas y trabajadores de la zona de influencia de los proyectos extractivos, así como a los gobiernos locales y regionales, para incluir sus visiones de futuro.
Es necesario que se priorice la salud como eje transversal en las medidas de reactivación y, por ende, la calidad y conservación de los recursos naturales en el ámbito de proyectos extractivos, mediante el fortalecimiento de normas ambientales y de derechos de los pueblos indígenas. Ello, teniendo en cuenta que “agilizar” no debe significar flexibilizar estándares ambientales ni sociales, para no repetir errores como la Ley 30230, que propuso cambios en el sistema de evaluación ambiental, ordenamiento territorial, fiscalización ambiental, entre otros, para acelerar las inversiones, pero sin una mirada integral sobre cómo desarrollar proyectos sostenibles.
Creemos que la reactivación del sector extractivo debe incluir el manejo de los impactos acumulativos y sinérgicos de estos proyectos, la implementación de evaluaciones ambientales estratégicas (EAE); el control del uso de Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), que provienen de paquetazos ambientales; el fortalecimiento de la fizcalización de los impactos sociales por el OEFA, así como el no debilitamiento de su potestad sancionadora, el respeto por el silencio administrativo negativo para temas ambientales; la adecuación del Perú al nuevo estándar ambiental de la Iniciativa EITI, que incorpora la transparencia de los gastos y pagos ambientales de las empresas extractivas; la participación activa de actores sociales en el proceso de generación de políticas y normas de reactivación; y el fortalecimiento del derecho a la participación ciudadana y la consulta previa en el marco de la pandemia.
Un discurso presidencial sobre reactivación económica con ausencias ambientales
