César Gamboa, Asesor Senior de DAR
Los gobiernos populistas en América Latina tienden a crear y recrear una puesta en escena que los vincule con su “pueblo”. Su idea es transmitir que son la viva representación de la nación; en especial, de la persona de “a pie”, y que mesiánicamente todo cambio comienza con ellos. Es más, el antagonista desprestigiado es el origen de todos los males, sin cuestionamientos. Crean y recrean su historia, al menos, mientras dure su gobierno.
El discurso a la nación (de cinco horas) de la presidenta Dina Boluarte fue algo de eso. Fue el intento de describir todo lo que un gobierno trabaja, y que hace mucho más, para mostrarnos que se ha producido un cambio en este año y medio de su mandato. Existe un intento por pasar de un gobierno de transición a un gobierno transformador. Una magra permuta que en realidad nos mantiene en una disputa constante por el control político. De hecho, el Perú tiene un gobierno de alianza ejecutivo-legislativo que ha eliminado mecanismos de rendición de cuentas del poder, y que, sumado a los retos estructurales de una democracia desgastada, excluyente y desigual, nos trae más incertidumbres sobre el futuro de nuestra convivencia hacia los próximos años.
El discurso de Dina Boluarte no fue claramente una rendición de cuentas desde el punto de vista político, sino una lista detallada de lo que la burocracia estatal viene realizando desde hace años y que se ve plasmada en productos de este año y el próximo. Ninguna mirada estratégica se pudo expresar en tanto detalle, tampoco una concreción en resultados. Se hablaron de actividades, pero no se pudieron medir logros que muestren la mejora de la calidad de vida de la población peruana. Por ejemplo, recientemente The Economist ha difundido un breve estudio de cómo medir la riqueza de los países. Clasificando a los países por el ingreso en dólares por persona; el ingreso ajustado a los precios locales (conocido como paridad de poder adquisitivo); y el ingreso por hora trabajada. Perú se encuentra alrededor de la media de los países, pero muy lejos de Brasil, Argentina, Chile, México, e incluso Colombia, que nos superan. Esto demuestra que cambios estructurales se encuentran aún pendientes —el milagro de la economía peruana solo fue beneficioso para algunos en estas tres últimas décadas—, y dudo que este gobierno tenga claro cómo sacarnos a corto plazo de esta crisis en la que nos encontramos.
Entonces, ¿los anuncios de la presidenta Boluarte indican un camino de reformas o son una salida para la crisis institucional en que se encuentran el gobierno y el Congreso? Al parecer, es el interés de salir de la crisis política en estos dos años, tendiendo lazos a grupos de poder mediante un sistema clientelar, y facilitar las inversiones, reduciendo y eliminando mecanismos de control para que estos operen rápidamente, y así obtener beneficios para repartir. Más burocracia y más obras para un pacto clientelar que sostenga al gobierno y su alianza en los años que vienen; no importa ya que cumplan con el bien común. No podremos detenernos en muchos de estos temas, como son las medidas populistas de incremento de aumentos a varios grupos sociales —contrastando una baja ejecución presupuestal estatal de 33% a la fecha—, pero sí podemos detenernos en lo referido a temas ambientales.
Primero, algo está claro, no estamos frente a un gobierno que se mida por la gobernanza. La sociedad tendrá como temas de reclamo la participación y la transparencia por los recursos naturales. De hecho, esto es un déficit para toda la gestión estatal. Al impulsar tanta inversión pública, el gobierno debió generar confianza que no se casara con la corrupción. Oficinas de integridad no podrán resolverlo todo, pues cuando nos encontremos con los grandes negociados, deberemos ser implacables. Se debió tomar más en cuenta la corrupción pública-privada. No esperemos encontrar más “Lavajato”, ni “Cuellos blancos”, como últimos casos de corrupción. Lastimosamente, el tema de corrupción quedó en una mera declaración política.
Segundo, reformas a escondidas en el sector ambiental. Ya de por sí hubo cambios legales y procedimentales antes de las Fiestas Patrias, e incluso el mismo 28 de julio. La idea de destrabar la inversión reduciendo los procedimientos de evaluación o fiscalización ambiental tiene el riesgo de aumentar impactos ambientales y sociales. Esperemos que no se debilite la institucionalidad ambiental, ahora que se ha esta restructurando la Autoridad Nacional del Agua ANA. Es más, la estrategia va por colocar personas dúctiles en puestos clave, por ello el retraso de nombrar al nuevo jefe del SENACE. Esto realmente es un pretexto para destrabar las inversiones por la falta de legitimidad de los mismos proyectos en el campo. El problema es que no tenemos un pacto social en las localidades donde se van a desarrollar. Se deja que el privado y las comunidades usen sus armas para avanzar o retroceder en los proyectos. Intereses versus derechos. No es “una falsa narrativa enarbolada por reducidos sectores ideologizados que se resisten a admitir que la minería es la actividad que afianza el crecimiento económico de nuestro país” la que detiene estas inversiones. Proyectos mineros como Tía María, Las Bambas, entre otros, quedan pendientes en la agenda justamente por su mal llamado “relacionamiento comunitario” con las comunidades —incluso con las propias autoridades locales—, y por no poder asegurar el acceso al recurso hídrico o a gozar de un ambiente sano.
Por otro lado, la agenda de conservación se hizo presente. Para el 2025 se mencionaron los acuerdos de Transferencias Directamente Condicionadas a comunidades por 26 millones de soles, para conservar bosques por comunidades nativas y campesinas; y un fondo de 5 millones de soles para impulsar planes de negocios con el objetivo de beneficiar a 4 mil familias de comunidades nativas de la Amazonía. Asimismo, la promesa de aprobar la Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050, “la cual permitirá alcanzar al país la carbono neutralidad y beneficios netos por 140 mil millones de dólares al año 2050”, dijo la presidenta. La mención más resaltante fue el compromiso de fortalecer el “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos” y los espacios de coordinación como las “mesas regionales para la protección de las personas defensoras de derechos humanos” ya existentes en varias regiones amazónicas, con la idea de coordinar acciones entre agentes públicos y organizaciones de la sociedad civil —la única vez que mencionó a la “sociedad civil” en todo su discurso—, y pueblos indígenas para proteger a los defensores de derechos humanos frente a las actividades ilegales. Lástima que estos mensajes queden opacados por la impunidad de los asesinatos y actos de hostigamientos que se siguen cometiendo contra los defensores ambientales e indígenas.
Respecto de la infraestructura, la presidenta Boluarte apuesta por una inversión pública que dinamice la economía, aunque ello tomara tiempo, incluso más allá del 2026. En efecto, la lentitud de las obras podría ser mitigada con la implementación de los acuerdos de gobierno a gobierno. La agrupación de programas de obras en un solo ministerio —presentado el proyecto de ley al Congreso este 31 de julio— podría correr el riesgo de burocratizar aún más estas obras. Recordemos que, en estos últimos años, ni la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ni la Autoridad Nacional de Infraestructura han cumplido con sus metas. Mientras tanto, debemos mejorar nuestro planeamiento y priorizar nuestras inversiones. El Perú necesita una infraestructura que se amolde a su realidad, no que la destruya; que respete derechos de las comunidades, no que los vulnere; que saque el máximo provecho de sus recursos naturales, no que los despilfarre o sean aprovechados para y por unos cuantos. Asimismo, se plantea construir carreteras de 213 kilómetros entre los puentes Durán y Saramiriza con un convenio con el Japón y una nueva carretera central con Francia. ¿Acaso se ha pensado en cómo estos dinamizarán las “inversiones” ilegales en la Amazonía peruana o el impacto ambiental a sus bosques? y en el caso de la carretera central, ¿acaso se tiene en cuenta la obligación de realizar la consulta previa a las comunidades que puedan ser impactadas? De hecho, el proyecto de la carretera que conectará Puerto Arica con Flor de Agosto y se enlazará con el Putumayo podría expandir los cultivos ilícitos en la región si no se establece una adecuada presencia estatal. Asimismo, en el caso de que se construya un tren hacia Ucayali, es crucial considerar los impactos ambientales y sociales, ya que podría fomentar la conexión entre Pucallpa y Cruzeiro do Sul. Esta conexión podría tener efectos adversos sobre el Parque Nacional de Sierra del Divisor y la Reserva Territorial Isconahua, que alberga a pueblos indígenas en aislamiento. Además, podría facilitar la actividad de taladores y mineros ilegales, así como el narcotráfico, problemas que se han agravado en Madre de Dios, Cusco y Puno debido a la carretera Interoceánica Sur en los últimos quince años. Inversión sí, pensando en los peruanos, y no en unos pocos; sostenible, sí; la opción con menor impacto, sí; así se piense en que esta opción es cara en el corto plazo, a menos que queramos replicar la contaminación de la minería ilegal en nuestros bosques, como ya viene expandiéndose en varios bosques amazónicos.
¿Pero qué podría ser lo nuevo? La excesiva relevancia del puerto de Chancay —tan solo lo mencionó 18 veces durante su repetitivo discurso— va más allá de las preocupaciones que youtubers y líderes políticos chilenos le han dado a este futuro hub de transporte marítimo en el Pacífico Sur y a otros proyectos portuarios que podrían competir con puertos chilenos. Es cierto que este puerto es estratégico para China y su presencia en la región. Es cierto que, pensado inicialmente para exportar minerales, la breve incertidumbre legal de la naturaleza de este puerto ha generado una inseguridad jurídica que se ha resuelto “rápidamente”, para convertirlo en una futura pieza de la infraestructura china a nivel global. Lo preocupante es que, durante el viaje de Dina a China, consiguió más que algunos acuerdos de gobierno a gobierno; lo preocupante no es el respaldo político y económico de China a Perú, sino las posibles concesiones o facilidades para la inversión china y asociada en el Perú —pensemos en las denuncias de embarcaciones chinas navegando y extrayendo recursos en el Mar de Grau, sin ningún control aparente—. Debemos estar atentos para saber que más se está cocinando tras bambalinas, porque generalmente cuando nuestros recursos son parte de las negociaciones con una “tenue” opacidad por parte de nuestros gobernantes, lo hacen mal. No recordemos los mal negociados contratos Grace del siglo XIX, sino tan solo pensemos en el proyecto de exportación de gas de Camisea, el Acuerdo Energético Perú-Brasil, entre otros de reciente factura.
Desde una perspectiva democrática y de derechos humanos, la tendencia para estos años que le quedan al gobierno y a su alianza con el parlamento conservador es el endurecimiento de un régimen legal que restrinja la participación política, el control de los entes electorales directa e indirectamente (elección de representantes en estos), y la censura pública y velada para facilitar dicho proceso. Un ejemplo de ello es el proyecto “anti-ONG”, el cual no busca fiscalizar objetivamente a estas, sino extender un manto de censura a su labor crítica, ahora mucho más necesaria al no contar la sociedad con la fiscalización de los propios mecanismos públicos de rendición de cuentas, reducidos por el Congreso y el gobierno.
Concluyendo, más allá de la soledad del poder que las imágenes nos proveen cuando la presidenta habla en un hemiciclo congresal semivacío o en unas calles parcas, la imagen de un optimismo por el emprendimiento de iniciativas no ha calado en los limeños. Protestas en varias ciudades de provincia durante estas Fiestas Patrias tumbaron ese aire triunfante donde “todo está bien”. No hay un ánimo para celebrar los 200 años de las Batallas de Junín y Ayacucho, que sellaron nuestra independencia. Hay un velo de conservadurismo que oscurece la democracia peruana, la cual no solo afectará a la sociedad, sino al mercado. Viéndonos frente a los países de la región, debemos defender la democracia peruana, parecernos menos a un régimen como el de Venezuela, y permitir que todos los peruanos podamos participar e influir en el juego político; especialmente, en decidir cómo conservar y aprovechar nuestro patrimonio natural para el bien de todos.