Esrcibe: Alejandra Alegre Benites
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Las medidas de emergencia y las situaciones de crisis suelen ser atractivas para la corrupción. La demanda de bienes y servicios para atender las necesidades frente a los efectos de la crisis sanitaria y económica apresura a los Estados en la toma de decisiones y el aumento del gasto. Esto conlleva a la reducción de controles y la ampliación de la discrecionalidad, abriendo la puerta a prácticas ilegales y el uso inadecuado de los recursos públicos.
En este contexto, es de vital importancia que los planes utilizados por el Gobierno para combatir la crisis, entre ellos, el de la reactivación económica, tengan en cuenta e involucren distintas iniciativas de transparencia, en especial en materia de recursos extractivos. En el caso de Perú, a pesar de la caída de los precios en materias primas, el sector extractivo sigue siendo vital para el crecimiento económico. En ese sentido, el Gobierno peruano ha incluido dentro de sus iniciativas no solo la inversión de US$ 8,250 millones de dólares para los proyectos mineros declarados de interés nacional, sino también decretos legislativos como el DS 024 que dispone, mientras dure el estado de emergencia, suspender las inspecciones in situ que realiza el MINEM a los proyectos.
Por ello, es importante reforzar la transparencia ambiental y fiscal a través de iniciativas como el EITI del cual Perú es parte desde 2005 o la ratificación del Acuerdo de Escazú para promover la gestión abierta y responsable de los recursos extractivos. En la actualidad, dejar de lado compromisos internacionales parece ser la salida más fácil; no obstante, su implementación puede jugar un rol clave en el país, al permitir el acceso a información sobre los montos que recibe el Estado de las empresas extractivas y viceversa, ayudando a prevenir irregularidades y mejorando la rendición de cuentas en la cadena de valor de la gestión de estos recursos.
Mayor transparencia y acceso a la información pueden reducir la corrupción, abordando riesgos, como la propiedad oculta, los procedimientos opacos de concesión de licencias, la recaudación y la gestión de impactos socioambientales. Los efectos de la crisis en las personas y las economías deben motivar a mejorar la gobernanza. Si alguna vez hubo un momento propicio para ratificar el Acuerdo de Escazú para reforzar iniciativas como el EITI, es ahora.