Miércoles 1 de marzo de 2022.- El Ministerio de Energía y Minas ha anunciado la suscripción de un nuevo contrato para reactivar el Lote 192 (ex Lote 1AB), lote controversial por los impactos ocasionados en territorios indígenas y ecosistemas frágiles por la contaminación registrada por más de 40 años.
Según el Informe Nº 77-2015-OEFA-DS/HID, OEFA reconoce oficialmente 1963 sitios y puntos contaminados; sin embargo, 1199 de ellos no están incluidos en ningún Instrumento de Gestión Ambiental para su remediación. Hasta el momento se ha realizado el trabajo de caracterización y priorización solo en 32 de ellos, lo cual representa un 2.6% del total de atenciones. Por otro lado, entre los años 2000 y 2019 ocurrieron 233 derrames, registrándose como el proyecto con mayor número de incidentes (1).
En este marco, resulta clave alertar sobre los riesgos que representa un inicio de operaciones sin previamente haber remediado las zonas ni reparado los derechos de los afectados. Por ello, es necesario que previamente se implementen protocolos de salud, seguridad o salvaguardas para las personas que han sufrido los impactos por la contaminación de estos territorios.
La transparencia, primero
Cabe precisar que es la primera vez en la historia de este lote que una empresa del Estado asume su operación, ya que desde sus inicios fue operado por empresas privadas. Por ello, será necesario que primero se implementen acciones de prevención, remediación y recuperación del medio ambiente en la zona; la distribución justa de la recaudación de las regalías y de canon; y el monitoreo de los compromisos socioambientales. Todo esto con la debida transparencia de información para vigilar que los beneficios de las actividades extractivas lleguen a las comunidades y que los proyectos implementados sirvan para cubrir sus necesidades.
Actualmente, la región de Loreto es parte de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), mediante la cual el Estado, el Gobierno Regional de Loreto y las empresas se han comprometido a publicar información sobre la distribución y uso del canon y sobrecanon para una mejor atención a las comunidades en las zonas de actividades petroleras (2). Por ello, el Estado debe actuar con responsabilidad y cumplir con sus compromisos, pues el Lote 192 se encuentra en territorios con situaciones históricas de vulneración de derechos, donde la actividad petrolera no ha acortado las brechas económicas ni ha traído soluciones para las comunidades.
Asimismo, es necesario transparentar el cumplimiento de los 99 acuerdos de consulta previa comprometidos con los pueblos indígenas que habitan en el área de influencia del lote, de los cuales la creación de un Fondo Social administrado por las propias comunidades es uno de los más importantes (3). La información de los impactos socioambientales debe ser pública, ya que involucra los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, se debe implementar una estrategia integral de relacionamiento con las comunidades para la prevención de conflictos y la protección ambiental de la zona.
El Lote 192 se encuentra ubicado en las provincias del Datem del Marañón y Loreto, teniendo en su zona de influencia a un total de 25 comunidades nativas identificadas como pueblos Quechua, Achuar y Kichwa en las cuencas del río Corrientes, Pastaza y Tigre.
Con la suscripción de este contrato entre Perupetro y Petroperú.SA se habilitaría la explotación del lote por 30 años, con lo que la empresa estatal pasaría a ser la operadora más importante del país, pues tendría a su cargo un lote que incrementaría la producción nacional en un 25%. Esta responsabilidad asignada a Petroperú SA debe ir de la mano con la generación de mayores capacidades técnicas, presupuestales y de diálogo con los pueblos indígenas.
Notas
(1) Varios estudios muestran esta información como el siguiente: https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Peru%20Rollback%20report%20ES_1.pdf
(2) Ver: https://eitiperu.minem.gob.pe/wp-content/uploads/2021/03/Infografia-EITI-Loreto.pdf
(3) El Ministerio de Energía y Minas, con el apoyo de PERUPETRO, realizó el proceso de consulta previa entre los años 2018 al 2021.