- Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos preocupados han presentado una Queja formal ante la Secretaría para la Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental, denunciando la falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental en Perú y el debilitamiento de las protecciones establecidas en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.
- Entre las acciones solicitadas se encuentran la derogación de la Ley N° 31973 y la revisión de las modificaciones propuestas en el Proyecto de Ley N° 7085-2023/PE, que busca reducir la fiscalización sobre especies protegidas.
El documento critica el incumplimiento del artículo 18.3 del Capítulo 18 del TLC, señalando que la reciente Ley N° 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ha debilitado las normas de protección ambiental. Los solicitantes piden la derogación de esta ley y de cualquier norma derivada, acotando que su aplicación genera graves impactos negativos para las personas defensoras ambientales, para el medio ambiente, así como en la protección de la biodiversidad.
La Ley N° 31973, conocida también como “Ley Antiforestal” flexibiliza las regulaciones sobre el uso de tierras forestales para actividades agrícolas. Esta modificación facilitaría la expansión agrícola a expensas de los bosques. De acuerdo a información del Ministerio del Ambiente (MINAM) la deforestación en la Amazonía peruana continúa en niveles alarmantes y esta nueva ley podría intensificar este problema.
Asimismo, esta ley ha sido criticada por sus implicaciones sociales, aumentando la vulnerabilidad de defensores ambientales e indígenas. Entre 2020 y 2022, se registraron 17 asesinatos de defensores ambientales en Perú, un fenómeno que podría agravarse con la nueva legislación.
Además, esta ley ha incumplido el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y favorece la impunidad en casos de deforestación y tráfico de tierras. En este contexto, la Defensoría del Pueblo ha señalado que la ley podría facilitar la legalización de actividades ilícitas al exonerar a quienes cuentan con constancias de posesión irregulares.
La ley también ha sido criticada por desviar la responsabilidad de la zonificación forestal del Ministerio del Ambiente (MINAM) al Ministerio de Agricultura (MIDAGRI), lo que, según críticos, debilita la gestión ambiental y pone en riesgo las áreas naturales protegidas.
En respuesta a estos problemas y adicionales sobre esta ley, se ha solicitado a la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental que intervenga para asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales de Perú en materia de protección ambiental.
La solicitud busca restaurar la protección efectiva del medio ambiente en Perú y asegurar que el país cumpla con sus obligaciones internacionales, evitando así mayores impactos negativos en su biodiversidad y en las comunidades locales.