Ante el 159 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
– En la audiencia ante la CIDH sobre “Afectaciones diferenciadas a mujeres indígenas en contextos extractivos”, dos madres indígenas de la Amazonía peruana relataron sus historias y explicaron ante la Comisión la forma en que se ven afectadas de manera diferenciada por las empresas extractivas que desarrollan actividades en sus territorios;
– El Estado peruano reconoció la urgencia de la situación así como la falta de información desagregada sobre sobre afectaciones a mujeres indígenas en contextos extractivos.
Ciudad de Panamá (04/12/2016).- En la audiencia del pasado viernes 02 de diciembre, ante la CIDH en su 159° periodo de sesiones, dos madres indígenas de la Amazonía peruana dieron sus testimonios en los que explicaron cómo se ven afectadas de manera diferenciada en el contexto de actividades extractivas que se desarrollan en sus territorios.
Gladys Dávila Jaramillo es una mujer Kukama de la región Loreto, especialmente afectada por los derrames de petróleo del Oleoducto Norperuano. Ella declaró ante los comisionados: “estamos sufriendo casi 45 años de contaminación petrolera causando malformaciones en los niños nacidos, además afecta nuestra alimentación, pues nuestros hombres son internados por las empresas, mientras nosotros sufrimos solas el dolor de nuestros hijos enfermos, porque ya no podemos conseguir plantas medicinales que ya no encontramos, están siendo vulnerados nuestros derechos como mujeres indígenas”.
Jacqueline Binari Pangoa, mujer machiguenga y asháninka, originaria de la cuenca del Urubamba, donde se produce el proyecto de extracción de gas más importante del Perú, Camisea, refiriéndose a la afectación al derecho a la alimentación, indicó: ¨ya no hay participación equilibrada en los roles del hombre y la mujer para la atención de la familia, los hombres ya no van a la caza, las mujeres y niños son afectados con la anemia, el 70% de la población del Bajo Urubamba está en etapa de desnutrición”. También hizo referencia a las afectaciones a la salud, señalando que debido a la contaminación por metales pesados, las mujeres de la cuenca del Urubamba “tienen partos prematuros, abortos espontáneos”. Asimismo expresó su preocupación sobre el aumento de la violencia intrafamiliar contra las mujeres en contextos de actividades extractivas que provocan una ruptura del equilibrio social y cambia las costumbres tradicionales: “también afecta al tema cultural social, los hombres que deberían aportar a la calidad de vida de la familia, por ejemplo de 100 soles 90 soles se va a la compra de bebidas alcohólicas, las mujeres sufren violencia, hay trata de personas, y mayor cantidad de lugares de citas y expansión del VIH”.
Iris Olivera (DAR) concluyó: «estos testimonios así como el informe presentado ante la Comisión para la audiencia demuestran que las actividades extractivas que se desarrollan en los territorios de los pueblos indígenas en el Perú afectan de manera diferenciada y particularmente grave a las mujeres indígenas. Se afectan a su derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación sana, a la integridad física, psíquica y moral».
Así se pidió a la Comisión que realice un informe temático regional acerca de esta problemática y que integre la perspectiva de género en el tratamiento de casos sobre vulneración al derecho a un medio ambiente sano por actividades extractivas. También se pidió al Estado peruano que elabore un informe nacional sobre esta temática a fin de generar información adecuada y visibilizar estas afectaciones, así como la integración de la perspectiva de género en los instrumentos de gestión ambiental, y que estos sean consultados a los pueblos indígenas adecuando en dicho proceso la perspectiva de género.
Iván Bazán, procurador público adjunto Supranacional y representante del Estado peruano en esta audiencia reconoció que esta temática no ha sido debidamente abordada y que falta información respecto de esta problemática en particular: “se debe considerar la modificación de ciertas políticas públicas, resulta necesario evaluar el impacto de las industrias extractivas y en particular con relación a los derrames de petróleo para abordar las preocupaciones expresadas”.
Margarette May MacAulay, comisionada de la CIDH, presidenta de la audiencia otorgada, recalcó la importancia de que el Estado garantice que las empresas extractivas adopten medidas para prevenir accidentes ambientales. Subrayó también la necesidad de adoptar medidas sancionadoras firmes ante negligencias de las empresas extractivas que causen daños a las comunidades indígenas. Finalmente, recordó al Estado su obligación de cumplir con el derecho de participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que conciernen sus territorios.
La participación de las líderes indígenas de las Organizaciones de ACODECOSPAT y COMARU fue posible en el desarrollo de la vigilancia indígena que realizan, proponiendo le mejora en la participación no solo en espacios nacionales sino regionales, así como la consulta previa. Iniciativas que cuentan con el apoyo de la Unión Europea y OXFAM IBIS.
Para más información o coordinación de entrevistas comunicarse con Jimena Cucho, cel. 992511946.