En América Latina y el Caribe se ha privilegiado el modelo de desarrollo basado en la promoción de las inversiones con énfasis en proyectos extractivos y de infraestructura, bajo la promesa de empleo, renta y desarrollo. En ese sentido, durante los últimos años, nuestros gobiernos han adoptado una estrategia de desregulación y flexibilización de estándares socio-ambientales.
Estos procesos de debilitamiento de estándares socio-ambientales, indican que el desorden regulatorio, los diversos trámites administrativos, los largos procesos de consulta previa, la fiscalización ambiental y evaluación ambiental en el sector extractivo y de infraestructura limitan las inversiones, y lo urgente es la aceleración del ciclo de proyectos. La realidad es que el desarrollo no ha llegado a las poblaciones que viven en las áreas de influencia de los proyectos, cuando son ellas quienes asumen los costos de los impactos sociales y ambientales.
Asimismo, en la actualidad se viene promoviendo desde la banca multilateral, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el cambio de sus políticas de salvaguardas para reducir estándares ambientales y sociales, en salvaguardas que supuestamente apoyaban: los estudios de impacto ambiental, la consulta previa, la transparencia, entre otros. Además, los bancos chinos y brasileños han iniciado una rápida expansión ofreciendo menos controles institucionales, con un sistema de toma de decisiones más discrecional, es decir, menos requisitos, plazos más cortos y mayor flexibilidad para la aprobación de sus proyectos. Esto ha conllevado conflictos socio-ambientales en los proyectos financiados, debido a las débiles y en algunos casos nulas salvaguardas. Lo que podría terminar en mayor corrupción.
Hoy en día tenemos cientos de defensoras y defensores ambientales asesinados por defender sus territorios y sus vidas, también numerosos casos de desastres ambientales sin reparar y de persecución a líderes, por lo que el debilitamiento de la normativa ambiental y social vienen acentuando dicha situación. De otro lado, los escándalos de corrupción en la región (Odebrecht), evidencian que la excesiva discrecionalidad de los funcionarios y la falta de efectivos controles institucionales-técnicos deben revertirse, por lo que es necesario un mayor control y transparencia de estos procesos.
En ese marco, varios gobiernos vienen abordando el derecho de acceso a la información pública como un mero trámite administrativo, sin tomar en cuenta que es un derecho humano instrumental a otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad de expresión, que coadyuva a la adecuada y oportuna participación ciudadana y consulta previa libre e informada. En esa línea, preocupa que varias iniciativas internacionales sobre transparencia y acceso a la información no puedan seguir avanzando adecuadamente pues existe el riesgo de que se busque disminuir los estándares, como es el caso del Acuerdo Regional del Principio 10.
De este modo, no podemos permitir que bajo el discurso del crecimiento económico se siga mermando la vida, la salud, el ambiente e incluso el presupuesto de nuestros países, así como otros derechos fundamentales de los y las ciudadanas. Por ello, las organizaciones indígenas y de sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe (LAC) exigimos un estándar socio-ambiental y de transparencia que incluya:
- Estudios de prefactibilidad, factibilidad económica y evaluaciones ambientales que calculen con mayor rigurosidad los costos socio-ambientales de los proyectos, así como los planes, políticas y programas de inversión, con el fin de buscar inversiones sostenibles.
- Respeto y no debilitamiento de los sistemas de evaluación ambiental de los países, asegurando que las evaluaciones de estudios de impacto ambiental integren procesos de participación ciudadana con información clara, accesible y oportuna en al menos tres momentos antes de la aprobación del EIA.
- Políticas públicas que garanticen que los recursos derivados de la inversión, sirvan para constituir seguros de remediación en caso de desastres ambientales, así como programas de desarrollo local sostenible. Todo esto sobre la base de procesos participativos con enfoque de género.
- El cumplimiento por parte de los gobiernos del derecho a la consulta previa procurando el consentimiento previo libre e informado, el derecho al territorio y a políticas interculturales para los pueblos indígenas, de acuerdo a lo señalado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) instrumento que ha sustentado las resoluciones y sentencias de la Corte IDH sobre el caso Saracama vs Surname (2008) y Sarayaku (2011) y en el marco del Convenio 169 de la OIT. Se debe tener en cuenta los momentos que permitan influir directamente en las decisiones que puedan afectar derechos como antes de la aprobación de un EIA.
- El cumplimiento por parte de los gobiernos de derechos fundamentales como la participación ciudadana y el acceso a la información en todo el ciclo del proyecto desde la licitación, aprobación y fiscalización, siendo importante que la información llegue a las poblaciones locales de manera efectiva, oportuna y clara.
- Transparencia en las licitaciones de proyectos buscando no repetir los errores que han sido aprovechados por aquellos que se han servido de la corrupción para ganar concesiones que han generado graves impactos al medio ambiente y a la población.
- La no regresión en las negociaciones para un Acuerdo Regional sobre el Principio 10, que afectaría lo avanzado en cada país y en la región. Por ello, exigimos que a través de este acuerdo se garantice el acceso a la información, la participación, y la justicia ambiental con altos estándares en la región.
- Que los informes EITI de los países incluyan información socio-ambiental, como tema indispensable para fortalecer la confianza entre sociedad civil, empresas y gobiernos. El estándar se tiene que ampliar y no tratar de reducir la transparencia fiscal y tributaria ya lograda.
- Que los procesos para la elaboración de los Planes de Trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto de los países sean realmente participativos y con compromisos ambiciosos, medibles y relevantes.
- Fortalecer y no debilitar las salvaguardas en la banca para el desarrollo a fin que respondan a los nuevos problemas que afronta la región y que no financie proyectos que no cumplan con las garantías mínimas (seguridad territorial, derechos humanos, transparencia, participación y gobernanza ambiental).
- Fortalecer mecanismos nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos (salud, ambiente, acceso a la información, entre otros), especialmente de los defensores y defensoras del ambiente frente a proyectos que impacten sus territorios. Así como, hacer las reformas políticas y normativas necesarias para acabar con la criminalización de la protesta y la persecución política hacia ellos.
Estas propuestas parten de la Cuarta Reunión Regional “Derechos humanos, transparencia e inversiones: Consolidando una agenda en común”, realizada el 31 de agosto de 2017, en Lima (Perú), donde organizaciones de la sociedad civil de LAC nos reunimos como una red de intercambio de información, producción de conocimiento e incidencia que aborde tres aspectos fundamentales para la gobernanza socio-ambiental: transparencia, gestión socio-ambiental y los derechos humanos, en el marco de los megaproyectos en extractivas e infraestructura. Hagamos la reforma ahora.
Firman:
- Acción Ciudadana, “Capítulo Guatemalteco de Transparencia Internacional”
- Asociación Ambiente y Sociedad (AAS, Colombia)
- Asociación Servicios a Programas de Desarrollo e Investigación (ASOSEPRODI, Guatemala)
- Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, Ecuador)
- Centro Humboldt (Nicaragua)
- Centro Nacional de Información e Investigación en Desastres y Desarrollo (CENACIDE, Guatemala)
- Coalición Regional por la Transparencia y la Participación
- Comunicación y Educación Ambiental (México)
- CooperAcción (Perú)
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú)
- Espacio Nacional para la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE, República Dominicana)
- Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH, Honduras).
- Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO, Argentina)
- Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina)
- Fundación Grupo Guayacán de Energía y Medio Ambiente (GEMA Ambiental, República Dominicana)
- Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés)
- Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps, Argentina)
- Fundar – Centro de Análisis e Investigación (México)
- Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI)
- International Rivers (IR, Brasil)
- Observatorio de Políticas Públicas de Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD, República Dominicana)
- Plataforma Internacional contra la Impunidad (Guatemala)
- Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER, México)
- Rede de Cooperação Amazônica (RCA, Brasil)