Por Carlos Quispe
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Vivimos en un periodo muy difícil en el que el temor campea, usted lo puede notar en la inseguridad actual de salir por las calles a comprar pan o abordar un micro; situación reforzada por algunas normas aprobadas por este Congreso que han favorecido la ola de criminalidad actual, expuestas en una reciente columna; o por la inacción estatal injustificada, como ejemplo, el propio Ministerio del Interior hoy 21 de mayo cumple cuatro años sin aprobar sus Lineamientos de actuación y articulación con la Policía Nacional en casos donde se requiera su intervención para la protección de personas defensoras de derechos humanos (1).
Esta tendencia sigue empeorando. Siguen vigentes, por ejemplo, normativas tales como la Ley N° 32108, que modificó el marco sobre criminalidad organizada, eliminando el “factor sorpresa” en los allanamientos liderados por la Fiscalía; o la modificatoria de la Ley APCI, que -entre otros- incluye regulaciones que limitan el acceso a la justicia de distintas poblaciones vulnerables que encuentran en la cooperación internacional, canalizada a través organizaciones de sociedad civil, un aliado en procesos judiciales y en espacios técnicos de trabajo con autoridades gubernamentales.
Esta situación de inseguridad extrema también es el día a día de nuestros conciudadanos en la Amazonía, la cual se ve agudizada por el avance de las economías ilícitas, tales como la minería ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico, que acechan a las comunidades locales y sus líderes, incrementando sus ámbitos de acción, creando zonas liberadas o excluidas del control estatal, o en muchos casos involucrando el actuar corrupto por parte de quienes deberían garantizar la seguridad y la lucha contra la criminalidad, como registra el Reporte 2025 de Human Rights Watch.
Esta realidad se vio reafirmada en las últimas semanas con el caso de un miembro de la comunidad nativa Flor de Ucayali, quien sufrió ataques de bala el pasado 26 de abril a manos de personas presuntamente relacionadas con las redes de narcotráfico. Debemos tener en claro que poco o nada cambiará si seguimos sin mirar a los problemas de fondo.
Existe una íntima relación entre las presiones territoriales sobre los pueblos indígenas y las redes de crimen organizado que aprovechan la amplia brecha de saneamiento de comunidades nativas: Al menos 692 comunidades nativas no cuentan con un título de propiedad (DIGESPARC, 2024), o si han iniciado dichos procesos deben lidiar con un marco normativo desfasado y engorroso, situación que es aprovechada por inescrupulosos actores regionales que otorgan en tiempos céleres, títulos a privados que se superponen sobre esos mismos territorios.
Luego todo sigue una lógica perversa. La invasión inicial de una comunidad avanza como un cáncer. Empieza con la extracción forestal, para la cual se necesita abrir caminos y, con ello, mano de obra que va llegando y luego asentándose, en muchos casos a la fuerza. Luego de deforestar, se abren otros caminos para actividades como el cultivo de hoja de coca, que en gran parte termina en laboratorios clandestinos cuyos insumos químico-tóxicos son arrojados a las fuentes de agua (2).
¿Cuál es la respuesta del Estado ante todo esto? Más allá de algunos esfuerzos contenidos en el denominado Mecanismo Intersectorial para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y su descentralización a través de Mesas Regionales, es evidente que los problemas de fondo trascienden sus alcances, y que en sí mismo, los sectores llamados a responder no han asumido sus compromisos de manera seria, convirtiéndose esta impunidad en una afrenta para la memoria de quienes ya no están entre nosotros, pero también una revictimización hacia sus familiares, y comunidades enteras que dejan de denunciar por temor a las represalias.
Al final, los únicos beneficiados son quienes integran las cadenas del crimen organizado, que siguen envalentonados en sus actividades porque, al final, el dinero generado por las economías ilegales puede terminar siendo “lavado” e insertado en la economía incluso a través del financiamiento de candidaturas que fielmente defienden esas agendas, situación que se repite a lo largo de Latinoamérica.
La reciente modificación de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, así lo posibilita, al permitir la confidencialidad de los datos de aportantes de partidos políticos y el aumento del monto de financiamiento hasta un millón de soles por año. Es decir, se han generado las condiciones perfectas para que quienes vienen lucrando a través de actividades ilícitas puedan crear organizaciones fantasma que les permitan “colocar” financiamiento hacia candidaturas que les sean propicias.
Las acciones y omisiones estatales no son producto del azar. Por el contrario, dan cuenta de un actuar bastante organizado que busca mantener un modelo en el que se sostienen actividades económicamente muy rentables (como lo son la minería ilegal o el tráfico ilícito de drogas), bajo un marco normativo que las propicia y garantiza su sostenibilidad en el tiempo (como ocurre con la propuesta de REINFO hereditario), al mismo tiempo que no actúa allí donde es evidente que se requiere una intervención inmediata (espacios transfronterizos donde las economías ilegales campean en desmedro de pueblos indígenas cuya única respuesta que reciben es que no existe presupuesto para ingresar a realizar las diligencias debidas, mucho menos para garantizar su protección). No actuar de manera inmediata no solo es dejadez, sino complicidad.
Notas
(1) Conforme lo establece la Segunda Disposición Complementaria Final del DS N° 004-2021-JUS, modificado el mediante Decreto Supremo N° 002-2022-JUS.
(2) Conoce más sobre esta problemática en el informe “Situación de los defensores indígenas en Ucayali”. Un trabajo colaborativo entre ORAU, DAR y PROPURÚS.
*Foto referencial. Andina/Difusión.